El viernes 18 de junio es la fecha que los desplazados por la violencia del sur de Sinaloa dan como plazo máximo para que el gobierno municipal inicie la introducción de los servicios públicos básicos como agua, drenaje y alumbrado público en el nuevo fraccionamiento CVIVE, donde están en construcción las 50 viviendas para las familias que salieron forzosamente de su lugar de origen a causa del crimen organizado.
Si para ese día los trabajos no han iniciado prometen movilizarse y manifestarse una vez más el próximo domingo Día del Padre. Se organiza ya, por si acaso, una concentración a la altura del Valentinos o una posible marcha hacia los hoteles propiedad del gobernador Quirino Ordaz Coppel.
Su enojo y molestia no es para menos, desde el 2019 les llegó un recurso de 10 millones de pesos para la construcción de las viviendas con una inversión de 200 mil pesos cada una. Pero no fue hasta finales del 2020 cuando iniciaron los trabajos; en los acuerdos, el gobierno estatal se encargaría de la edificación y el municipal de introducir los servicios.
En un principio les prometieron que en tres meses estarían listas, pero han pasado ya seis, y aunque llevan gran avance, aún no son habitables, pues todavía les falta equipamiento del baño, instalaciones eléctricas, protecciones, puertas, ventanas y lo más importante los servicios públicos. Además los beneficiarios han encontrado una serie de irregularidades en su construcción con las que no están de acuerdo.
Las viviendas constan de una superficie de 50 metros cuadrados con un patio delantero, en la entrada principal a mano izquierda se localiza el baño, cosa que a los beneficiarios no les agradó mucho por la ubicación, ya que contiguo al baño está el espacio para cocina- comedor y en la parte de atrás hay una sola habitación.
La propuesta inicial era construir dos recámaras, pero por el poco espacio iban a quedar muy reducidas y se decidió que sería solo una, ya las familias se preguntan dónde quedará el material o recurso que se iba a utilizar en la construcción de ese muro que iba a dividir las dos habitaciones.
Las casas serán entregadas con pintura pero sin enjarre; otra cosa con la que no están de acuerdo, señalan que las viviendas no se ven "macizas" ni tampoco se ve que se les haya invertido los 200 mil pesos a cada una, entonces intentarán llegar aun acuerdo: cambiar la pintura por el enjarre.
A pesar de los detalles, los desplazados lo que quieren es que se agilicen los trabajos de lo que falta y les entreguen ya las viviendas. La mayoría de ellos viven de hasta cuatro familias en una sola casa, señalan que no les alcanza para pagar renta, agua y luz; otros están de "arrimados" con algún familiar, conocido o en alguna casa prestada, también en invasiones, de dónde ya han sido desalojados en alguna ocasión.
No están dispuestos a seguir esperando más tiempo, menos después de saber de las grandes inversiones que se han hecho para remodelar las "avenidas de siempre", como ellos les dicen. Entre la Gabriel Leyva y Gaviota (donde se dio banderazo de arranqué recientemente) se va a invertir hasta 15 veces más de lo que se destinó para la edificación de las viviendas.
La construcción de las casas es solo el inicio, el próximo gobernador del estado tendrá un gran reto; falta el empleo, el acceso a los servicios de educación y salubridad, pero sobre todo la atención a la salud mental; muchos de ellos por no decir todos, vieron, escucharon o vivieron experiencias traumáticas, que hasta la fecha les siguen quitando el sueño a más de uno.
Desechan a Contreras
De 6 funcionarios que se rumora les notificaron ya su despido, tras el regreso del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, a su puesto, sólo uno, Jorge Contreras Núñez, quien ostentó en el último año el cargo de director de la Operadora y Administradora de Playa y anteriormente fue director de Comunicación Social, manifestó que emprenderá su defensa ante los órganos correspondientes, como son la Sindicatura en Procuración y el Órgano Interno de Control.
El resto no ha acudido a ninguna instancia para presentar su inconformidad, entre ellos la ex directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo; el director de Asuntos Jurídicos, Rafael Vinicio Parra Alanís; el subdirector de Servicios Públicos municipales, Aldo Noé Higuera Juárez; el jefe de Mercados, Vladimir Ledezma Orozco, y Eunice Arredondo, de comunicación social de la OAP.
Por su parte, Lourdes Sanjuan ha manifestado que ella no presentará ninguna queja ni denuncia, ya que hizo bien su trabajo y que la gente sabe que lo hizo bien, así que dejará las cosas como están para que sea la historia la que juzgue su caso.
Por su parte, Jorge Contreras dijo que no se iba a dejar, pues ha hecho mucho por el Ayuntamiento de Mazatlán como para que lo despidan sin previo aviso y, lo peor, que hablen mal de él a sus espaldas.
El ex funcionario ya hizo contacto con la síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, para interponer la denuncia ante el Órgano Interno de Control.
Los demás, salvo la ex directora de Ecología, no han manifestado si procederá o no ante la notificación del despido, como tampoco han confirmado su destitución.
