En un mitin en Izamal, Yucatán, el 2 de enero de 2018, un político pregonaba la buena nueva: "Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados… Pacificaré al país en tres años… A mitad del sexenio ya no habrá guerra".
Era el precandidato a la presidencia por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, el mismo que dijo que desde el primer día de su mandato se acabaría la corrupción, el que en Cosoleacaque, Veracruz, en 2018, aseguró -sin sustento hasta ahora- que cada año se perdían 500 mil millones de pesos, y se comprometió a “ahorrar todo ese dinero” (que sigue sin aparecer) “y destinarlo a proyectos productivos, crear empleos y para el bienestar del pueblo; el dinero ya no se va a ir por el caño de la corrupción”.
En enero de 2020, en un debate en la mañanera con el periodista Jorge Ramos, López Obrador estableció el 1 de diciembre de ese año como la fecha en la que se verían resultados positivos en el tema de la inseguridad. Bueno, pues buena parte del dinero público se ha ido (derrochado) en los proyectos caprichosos como improductivos del presidente, como son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA. No hay paz en el país, ni siquiera esa pax narca que López Obrador tiene como “estrategia” genial –antes no dicha- deseable. Tampoco ha acabado con ninguna guerra, al contrario, su gobierno consiente la guerra del crimen organizado en contra de la sociedad. Justo lo contrario a lo que aseguró en 2018, en estos tres años y medio de su sexenio, los homicidios dolosos sumaron más que el total de todos los seis años del gobierno de Felipe Calderón. 121 mil 642 homicidios dolosos, contra 120 mil 463 en seis años de Calderón.
Hoy, en México aproximadamente mueren violentamente 100 personas al día. Siete de los ocho meses más violentos de la historia del país, han sido durante el gobierno de López Obrador. Los índices de todos los demás delitos que importan a la gente, como los patrimoniales, la extorsión o el robo de combustible, están a la alza. Las propias cifras oficiales desnudan el desastre. Para el 17 de mayo de este año, se rebasaron las 100 mil personas desaparecidas y no localizadas. Casi 28 mil de las 100 mil personas ausentes en México desaparecieron en un lapso de tres años (2019, 2020 y 2021). Los homicidios cometidos en México en 3 días, equivalen a los homicidios cometidos en España en un año.
El 11 de mayo de 2022, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la persistencia de asesinatos a periodistas en México. La Relatoría Especial de la CIDH que tiene el mandato general de vigilar, proteger y estimular el derecho a la libertad de expresión en América, pidió al Estado mexicano investigar y sancionar a los culpables. La respuesta de López Obrador fue la de patear el bote: afirmó que su gobierno está trabajando para proteger a los ciudadanos, y adjudicó la violencia a la descomposición social, herencia –agregó– de los gobiernos anteriores. De su responsabilidad, nada.
La impunidad es lo que prevalece, junto a la disminución e ineficacia de las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad y de la justicia. Ausencia notable y dramática del Estado de Derecho. En un estudio que se sirve de la teoría económica para comparar las instituciones e incentivos que influyen en la producción pública y privada de justicia, así como su ejecución, en donde la teoría económica explica la conducta humana teniendo en cuenta cómo reaccionan las personas a los incentivos y a las restricciones, Bruce L. Benson*, profesor de Economía de la Universidad de Florida, sugiere que conforme los costos potenciales del crimen disminuyen para el delincuente (es decir, cuando este supone que hay grandes posibilidades que por su acción criminal no sea aprehendido), se hace cada vez más probable que el crimen sea rentable, de ahí que los niveles de criminalidad se reducen cuando las probabilidades de ser castigado son mayores. Y está visto que el crimen es una fuente atractiva de ingresos, de extracción impune de rentas (sabemos que la extorsión es un negocio próspero en México) y por eso vemos crecer todos los demás índices delictivos. Entonces, al parecer, la forma más eficaz de reducir el crimen sería aumentar las oportunidades legítimas a través del crecimiento económico y por tanto de la renta y el empleo, haciendo así relativamente menos atractiva la ganancia derivada del delito. No con el clientelismo electoral de las dádivas que hoy entrega el gobierno, que no sacan a nadie de la pobreza, sino con verdaderas políticas públicas –hoy inexistentes- que estimulen el crecimiento, la inversión, el empleo y la seguridad jurídica. El número de personas en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones de personas en comparación con 2018, periodo en el que inició la administración de López Obrador, de acuerdo con información del Coneval. No hay progreso, hay mucha más pobreza. En lugar de irse revirtiendo… va contando.
Las proyecciones de pobreza para América Latina de la CEPAL para 2022, tienen a México en segundo lugar –solo debajo de Colombia- como uno de los países con peor desempeño económico y proyección a corto plazo, mientras que Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil son los países con menor proyección de pobreza del continente. La inversión pública se ubica en México 50% debajo de su máximo histórico alcanzado en 2015. Ya sabemos que la inversión es determinante del crecimiento económico, lo que implica que si en México no se cambia de política económica, no habrá tampoco crecimiento del PIB en el corto plazo.
Al primer trimestre de 2022, entre las 50 economías más grandes del mundo, México ocupó la posición 46 en recuperación económica. Solo Japón, Tailandia, España y Hong Kong muestran un mayor rezago en el primer trimestre del 2022, respecto al PIB pre pandemia. España ha tenido sin embargo mejor desempeño que México, ya que en 2019 creció 2.1%, mientras que México en ese mismo año se contrajo 0.1%.
La impunidad es principalmente, el resultado de la desastrosa política de seguridad –si se le puede llamar así- ordenada por López Obrador, junto a la deliberada falta de fortalecimiento de las capacidades institucionales para combatir la delincuencia, incentivos relevantes para que el crimen sea rentable en nuestro país. El crecimiento económico, como factor de prevención, tampoco figura entre las preocupaciones y acciones del presidente, para quien convenientemente el crecimiento económico no es el único indicador para medir el bienestar de la población, y quien piensa que en vez de crecimiento se debe hablar de “desarrollo” y en vez de hablar del PIB, hablar de “bienestar”. “En vez de en lo material pensar en lo espiritual”. Se entiende lo que pretende.
Mientras el presidente se deleita con esa espiritualidad, el IMCO informó sobre las 5 entidades con peor desempeño en el Índice de Competitividad Estatal ICE2022, que ejemplifica claramente la relación perversa entre la impunidad, la falta de Estado de Derecho y la pobreza. Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados con más problemas de inseguridad, y una mala calidad de vida caracterizada por pobreza e informalidad laboral, y ocupan las últimas posiciones en casi todos los índices económicos (muy baja inversión pública y privada, por ejemplo), de salud y de alta delincuencia. Tienen desempeño por debajo del promedio en indicadores como patentes, las exportaciones y el número de camas de hospital disponibles para los habitantes.
No hay realidad alterna, no hay otros datos. De esta realidad debemos hacernos cargo los ciudadanos, porque al gobierno solo le interesan sus corcholatas y las elecciones.
*Bruce L. Benson, Justicia sin Estado, Unión Editorial, Madrid, 2000.
