/ jueves 4 de noviembre de 2021

Ni falso ni verdadero

“No es falso, pero no es verdadero”, nos dice la mujer que presenta la ópera bufa del gobierno, llamada “Quien es quien de las mentiras”, a propósito del estudio del World Justice Project en el que en el rubro de “ausencia de corrupción”, del Índice de Estado de Derecho 2021, México aparece en el lugar 135 de 139 países estudiados, con el pretexto que ahora hay nuevos países que se han incorporado al índice, sin darse cuenta que eso empeora aún más la clasificación del país como corrupto, toda vez que el año pasado había 26 países peor clasificados que México. Y ahora solo hay 4 (República Democrática del Congo (139, último lugar), Camboya (138), Camerún (137) y Uganda -136). Human Rights Watch tacha de "desquiciamiento total" las recientes declaraciones del presidente López Obrador, quien aseguró que la protección a derechos humanos, el feminismo y el ecologismo "son excusas para robar", y que los llamados nuevos derechos “muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar estas causas para que no reparáramos en que estaban saqueando al mundo. Más todavía, se inventaron para que la desigualdad en lo económico y social quedara fuera del centro del debate. Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”. En una editorial de la semana pasada del Financial Times, se expone que México y Brasil han retrocedido en sus políticas climáticas y energéticas en un momento crucial para el mundo. En México, López Obrador ha gastado miles de millones de dólares en la construcción de una gigantesca refinería de petróleo y en el impulso de la producción petrolera. Ahora quiere cambiar la constitución para favorecer el monopolio de la generación de electricidad estatal alimentada por combustibles fósiles sucios y ahogar el auge de las energías renovables impulsadas por el sector privado. Esto se confirma con la inversión adicional que el gobierno tiene presupuestada para Pemex en 2022, que es de 76 mil 903 millones de pesos, mientras que para salud y educación –sectores prioritarios y sensibles- el aumento no llega ni siquiera a los mil millones. Se queda apenas en 995. La pérdida de PEMEX en el tercer trimestre de este año es de aproximadamente 460,000 veces el PIB per cápita de México, y reporta pérdidas de 100 mil 238 millones de pesos (4 mil 936 millones de dólares) solo en lo que va de 2021.

El Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Energía de los Estados Unidos calcula que las emisiones de México se incrementarán en 65% de aprobarse la contrarreforma eléctrica. México tiene responsabilidades globales, ya que se encuentra dentro de los 15 países que generan emisiones (que lideran China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil, Japón, Irán, Alemania, Canadá) adelante de Corea del Sur, República Democrática del Congo, Australia y Arabia Saudita.

Este es el marco en el que el gobierno mexicano se inserta en las cumbres y conferencias mundiales más importantes en la actualidad.

Los jefes de Estado o de Gobierno del grupo del G-20 (no asistió el presidente de México por tener mejores cosas que hacer), que representan el 80% del producto interior bruto del planeta y un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, han alcanzado este domingo en Roma un acuerdo por el que manifestaron su disposición a hacer esfuerzos para contener el calentamiento global a 1,5 grados por encima del nivel preindustrial y las mayores economías del mundo pactan dejar de financiar la construcción de plantas de carbón en otros países. China ya anunció su intención de dejar de financiar estos proyectos a finales de septiembre. El documento también contiene una promesa de acelerar los esfuerzos para eliminar y racionalizar subsidios a combustibles fósiles. El gobierno de López Obrador, que disolvió su fideicomiso público para combatir el cambio climático, en el colmo, pide al G-20 que libere fondos para combatir el cambio climático.

En Glasgow, Escocia, la 26ª. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021(COP26), conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más de 100 líderes (entre los que tampoco se encontraba el presidente de México) se han comprometido a detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030, compromiso que extrañamente México se adhirió casi 24 horas después de haberse formulado, ante las críticas en redes sociales. Fue Relaciones Exteriores quien emitió un comunicado: “México entregó hoy su unión formal al llamado lanzado hoy para la declaratoria de bosques y uso de la tierra”, dijo escuetamente, sin mayores aclaraciones, sin embargo, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), una organización técnica global que establece vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano, que realizó el informe preliminar “Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019”, donde reporta 72,830 hectáreas de pérdida de bosques en 2019 en los municipios donde se implementó el programa Sembrando Vida, en el que los campesinos talan o queman los bosques para sembrar árboles nuevos y así poder cobrar el subsidio. La ciencia, representada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), nos advierte que las emisiones de gases que provocan el cambio climático tienen que reducirse en 46 por ciento del nivel que tenían en 2010, a más tardar en el 2030. De lo contrario, los daños al clima global serán permanentes e irreversibles.

Mientras la política energética del gobierno de López Obrador apuesta por combustóleo, carbón, petróleo y combustibles fósiles, el mundo hace esfuerzos concretos hacia las energías limpias. La India y el Reino Unido lanzarán un proyecto conocido como “Iniciativa de redes verdes”, que tiene como objetivo crear una red solar que conecte a países en diferentes partes del mundo. La Alianza Solar Internacional esperaba llegar a un acuerdo con un nuevo grupo llamado Global Energy Alliance, que incluye organizaciones filantrópicas y multilaterales como el Banco Mundial, para crear un fondo de 10 mil millones de dólares para el proyecto y ayudar a mitigar los riesgos. La adhesión de México a estos acuerdos internacionales, como le gusta decir al gobierno, no es falsa, pero tampoco verdadera.

“No es falso, pero no es verdadero”, nos dice la mujer que presenta la ópera bufa del gobierno, llamada “Quien es quien de las mentiras”, a propósito del estudio del World Justice Project en el que en el rubro de “ausencia de corrupción”, del Índice de Estado de Derecho 2021, México aparece en el lugar 135 de 139 países estudiados, con el pretexto que ahora hay nuevos países que se han incorporado al índice, sin darse cuenta que eso empeora aún más la clasificación del país como corrupto, toda vez que el año pasado había 26 países peor clasificados que México. Y ahora solo hay 4 (República Democrática del Congo (139, último lugar), Camboya (138), Camerún (137) y Uganda -136). Human Rights Watch tacha de "desquiciamiento total" las recientes declaraciones del presidente López Obrador, quien aseguró que la protección a derechos humanos, el feminismo y el ecologismo "son excusas para robar", y que los llamados nuevos derechos “muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar estas causas para que no reparáramos en que estaban saqueando al mundo. Más todavía, se inventaron para que la desigualdad en lo económico y social quedara fuera del centro del debate. Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”. En una editorial de la semana pasada del Financial Times, se expone que México y Brasil han retrocedido en sus políticas climáticas y energéticas en un momento crucial para el mundo. En México, López Obrador ha gastado miles de millones de dólares en la construcción de una gigantesca refinería de petróleo y en el impulso de la producción petrolera. Ahora quiere cambiar la constitución para favorecer el monopolio de la generación de electricidad estatal alimentada por combustibles fósiles sucios y ahogar el auge de las energías renovables impulsadas por el sector privado. Esto se confirma con la inversión adicional que el gobierno tiene presupuestada para Pemex en 2022, que es de 76 mil 903 millones de pesos, mientras que para salud y educación –sectores prioritarios y sensibles- el aumento no llega ni siquiera a los mil millones. Se queda apenas en 995. La pérdida de PEMEX en el tercer trimestre de este año es de aproximadamente 460,000 veces el PIB per cápita de México, y reporta pérdidas de 100 mil 238 millones de pesos (4 mil 936 millones de dólares) solo en lo que va de 2021.

El Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Energía de los Estados Unidos calcula que las emisiones de México se incrementarán en 65% de aprobarse la contrarreforma eléctrica. México tiene responsabilidades globales, ya que se encuentra dentro de los 15 países que generan emisiones (que lideran China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil, Japón, Irán, Alemania, Canadá) adelante de Corea del Sur, República Democrática del Congo, Australia y Arabia Saudita.

Este es el marco en el que el gobierno mexicano se inserta en las cumbres y conferencias mundiales más importantes en la actualidad.

Los jefes de Estado o de Gobierno del grupo del G-20 (no asistió el presidente de México por tener mejores cosas que hacer), que representan el 80% del producto interior bruto del planeta y un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, han alcanzado este domingo en Roma un acuerdo por el que manifestaron su disposición a hacer esfuerzos para contener el calentamiento global a 1,5 grados por encima del nivel preindustrial y las mayores economías del mundo pactan dejar de financiar la construcción de plantas de carbón en otros países. China ya anunció su intención de dejar de financiar estos proyectos a finales de septiembre. El documento también contiene una promesa de acelerar los esfuerzos para eliminar y racionalizar subsidios a combustibles fósiles. El gobierno de López Obrador, que disolvió su fideicomiso público para combatir el cambio climático, en el colmo, pide al G-20 que libere fondos para combatir el cambio climático.

En Glasgow, Escocia, la 26ª. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021(COP26), conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más de 100 líderes (entre los que tampoco se encontraba el presidente de México) se han comprometido a detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030, compromiso que extrañamente México se adhirió casi 24 horas después de haberse formulado, ante las críticas en redes sociales. Fue Relaciones Exteriores quien emitió un comunicado: “México entregó hoy su unión formal al llamado lanzado hoy para la declaratoria de bosques y uso de la tierra”, dijo escuetamente, sin mayores aclaraciones, sin embargo, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), una organización técnica global que establece vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano, que realizó el informe preliminar “Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019”, donde reporta 72,830 hectáreas de pérdida de bosques en 2019 en los municipios donde se implementó el programa Sembrando Vida, en el que los campesinos talan o queman los bosques para sembrar árboles nuevos y así poder cobrar el subsidio. La ciencia, representada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), nos advierte que las emisiones de gases que provocan el cambio climático tienen que reducirse en 46 por ciento del nivel que tenían en 2010, a más tardar en el 2030. De lo contrario, los daños al clima global serán permanentes e irreversibles.

Mientras la política energética del gobierno de López Obrador apuesta por combustóleo, carbón, petróleo y combustibles fósiles, el mundo hace esfuerzos concretos hacia las energías limpias. La India y el Reino Unido lanzarán un proyecto conocido como “Iniciativa de redes verdes”, que tiene como objetivo crear una red solar que conecte a países en diferentes partes del mundo. La Alianza Solar Internacional esperaba llegar a un acuerdo con un nuevo grupo llamado Global Energy Alliance, que incluye organizaciones filantrópicas y multilaterales como el Banco Mundial, para crear un fondo de 10 mil millones de dólares para el proyecto y ayudar a mitigar los riesgos. La adhesión de México a estos acuerdos internacionales, como le gusta decir al gobierno, no es falsa, pero tampoco verdadera.