El pasado domingo concluyó la reunión anual del Grupo de los 7 (G-7) en Cornualles, Inglaterra, integrado por los mandatarios de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, donde también se les unieron el sábado sus homólogos del grupo de países invitados: Australia, Corea del Sur, la India y Sudáfrica. La Unión Europea también estuvo representada. Estos países son potencias industrializadas, con poderío militar, con influyentes y pujantes economías a nivel global y un significativo peso político internacional. Desde 1975 en que fue creado este foro, sus participantes han discutido los problemas económicos mundiales y han establecido respuestas compartidas centradas en mecanismos de cooperación internacional, intercambio y compaginación de políticas públicas nacionales, a las que en los últimos años se han adherido multitud de países en acuerdos internacionales de obligado cumplimiento, dada la globalización y la interdependencia imperante entre los países. La crisis mundial por la pandemia, su letalidad en primer lugar y el terrible impacto económico y político que esta ha tenido a escala global, hace de la llamada “Declaración de Carbis Bay” del G-7 un importante documento para todas las naciones del mundo.
Es interesante el contraste entre los pronunciamientos expresados en la “Declaración de Carbis Bay” por el G-7 y la política exterior aislacionista, contraria a la captación de inversiones extranjeras, apoyadora de regímenes autoritarios y cercanos a los rivales precisamente del G-7 como son Rusia y China, desarrollada por el gobierno mexicano, así como también con las políticas públicas que el gobierno pone aquí en práctica, sobre todo con aquellas que tienen que ver con la política energética basada en el combustóleo, el desastroso manejo de la pandemia, tanto en términos de política de salud (no ha habido suficientes pruebas y van más de 600 mil muertes evitables por Covid19) como en términos de políticas tendientes a atemperar el impacto económico de la pandemia y la reactivación económica.
Los principales pronunciamientos de la “Declaración de Carbis Bay” son, por ejemplo, para lograr una recuperación económica: Impulsar, junto con el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un mínimo impuesto global sobre sociedades del 15 %; mantener los estímulos para respaldar la economía durante "el tiempo que sea necesario" a fin de promover el crecimiento económico tras la pandemia, la creación de empleo y la inversión en infraestructuras; mayor gasto público, un sistema fiscal más equitativo con un impuesto efectivo mínimo, y la equidad de género, así como la eliminación progresiva de los automóviles de gasolina y diésel.
En la lucha contra la pandemia, los mandatarios del G-7 lanzan un plan para acelerar la respuesta a futuras pandemias y reducir a menos de cien días los plazos para desarrollar tratamientos, test diagnósticos y vacunas cuando se detecta una nueva enfermedad; donar mil millones de dosis de vacunas a países con dificultades para acceder a la inmunización durante el próximo año, ya sea a través de la entrega de excedentes de producción o bien con financiación del programa internacional COVAX; impulsar un sistema global de alerta temprana contra futuras pandemias y amenazas sanitarias, así como mejorar la capacidad de los países del grupo para secuenciar el genoma del virus SARS-CoV-2, con el ánimo de llegar a analizar el 10 % de los casos positivos en busca de variantes peligrosas. Una expansión de la capacidad de vacunación.
Como política ambiental global, los líderes de las siete grandes economías mundiales han comprometido inversiones, incluidas ayudas a países en desarrollo, en energías renovables. También han acordado un fondo para erradicar la pesca poco sostenible y así proteger los océanos, protegiendo el 30% de la tierra y los océanos para el final de esta década. Vetar desde el próximo año nuevas partidas de financiación pública directa a proyectos para generar energía a partir del carbón, la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero; "acelerar los esfuerzos" para recortar la contaminación con el ánimo de que continúe, siendo posible, mantener un límite máximo del calentamiento global de 1,5 grados centígrados.
El “Pacto por la naturaleza” está destinado a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, también les compromete a reducir casi a la mitad sus emisiones de carbono para 2030, lo que los obliga a utilizar lo antes posible el llamado carbón limpio para la producción de energía, que significa el fin de las ayudas gubernamentales a los combustibles fósiles en el extranjero y la eliminación progresiva de automóviles de gasolina y diésel. Las grandes armadoras también están en transición para funcionar con energías limpias, el período va de 2018 hasta 2040.
México está intrínsecamente relacionado e interconectado con el mundo, como el mundo es interdependiente con nuestro país. La política aldeana que nos propone el gobierno, de vernos el ombligo, sin ambiciones, como si nuestra nación fuese una ínsula (la barataria, de la que le hablaba Don Quijote a Sancho Panza), no tiene futuro porque tiende a arruinar el presente.
