Hace unos meses el Fondo de Población de Naciones Unidas presentó un informe sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en México, en el que se documenta que el embarazo adolescente cuesta a México (por pérdida de ingresos y empleos) 63 mil millones de pesos, y más de 11 millones de pesos de pérdidas de ingresos fiscales para el Estado, lo que representa el 0.27 por ciento de su PIB, esto si focalizamos exclusivamente los alcances económicos del problema.
Sin embargo, el abordaje integral de este problema debe visibilizarse de manera integral; desde los derechos humanos, las causas sociales y políticas: las madres adolescentes tienen un logro educativo menor, perciben ingresos inferiores y presentan mayores de desempleo, en este último punto abre una brecha más: menor acceso a la seguridad social y al empleo formal.
Para comprender de mejor manera este fenómeno ubiquemos que México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes, entre los países Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.
Por otro lado, en México el 23 por ciento de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15 por ciento de los hombres y 33 por ciento de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que, de acuerdo con estos datos publicados por el Instituto Nacional de las Mujeres, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.
Si revisamos las estadísticas en Sinaloa, de acuerdo a los datos de censo de población y vivienda 2020, en Sinaloa viven 3, 026,943 personas de las cuales 261,581 son adolescentes (129,030 mujeres y 132,551 hombres) de 15 a 19 años.
En el rango de edad de 0 a 14 años, hay 746,904 personas (366,537 niñas y 380,367 niños). Es necesario, garantizar los derechos de esta población tal como lo exige la Ley de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. En los últimos años, el embarazo en la adolescencia se ha convertido en un fenómeno que presenta urgencia por ser atendido.
Dicha urgencia se debe reflejar en la ejecución de acciones coordinadas entre los gobiernos nacionales, estatales y locales con el objetivo de erradicar en primer término la violencia sexual e impunidad sobre los nacimientos en niñas de 10 a 15 años y reducir en un 50 por ciento la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para cumplir con los objetivos 2030.
Con base en las estadísticas de Natalidad del INEGI a 2019, Sinaloa ha venido disminuyendo el porcentaje de nacimientos registrados de madres menores de 20 años de 2017 a 2019, pasando de 17.9 a 16.6, respectivamente. Situándose actualmente por debajo de la media nacional, la cual es de 17.
De acuerdo con las estadísticas de fecundidad elaboradas por el INEGI, con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, en la entidad se registraron 245 nacimientos de madres de 12 a 14 años. Siendo los municipios de Culiacán, Mazatlán, Guasave, Ahome y El Fuerte, los municipios con mayores registros.
En cuanto a nacimientos registrados en madres de 15 a 19 años, se presentaron 14,934, siendo los siguientes municipios los que tuvieron mayor registro: Culiacán con 4,095, Ahome 2,135, Mazatlán 2,026 nacimientos, Guasave 1,512 y Navolato con 1,142 registros.
Este análisis por municipio nos permite visibilizar claramente que el entorno urbano o rural no son un factor diferenciado de este fenómeno, y retrata una cultura social que debe llevarnos a una reflexión seria sobre esta desatención política.
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