Desde el año 2019 con la extensa reforma jurídica conocida genéricamente como “paridad en todo”, se abrió la puerta para que en México las mujeres siguieran ampliando su legítimo acceso a los espacios donde se toman las más importantes decisiones políticas. Gracias a dicha reforma, hoy las mujeres mexicanas tienen el derecho constitucional y convencional de participar en condiciones de igualdad y paridad en las candidaturas a todos los puestos de elección popular, incluyendo desde el año pasado las gubernaturas, una instancia que había sido reservada casi en exclusiva para los hombres.
Hoy ya podemos decir que en nuestro país existe una auténtica paridad de género en materia electoral, pues era bastante aberrante que desde 1996 los partidos le venían llamando paridad a las simples acciones afirmativas que sólo les garantizaban un porcentaje de los espacios, primero del 30 por ciento y después el 40, y sumamente regateados con anécdotas vergonzosas como el episodio de las “juanitas” y el relegamiento a las suplencias y los distritos por competitivos.
Igualmente, ya podemos afirmar que a partir del reconocimiento constitucional en 2019 de que los artículos 1, 35 y 41 de nuestra carta magna ordenan el goce más pleno y efectivo del derecho de las personas a ser votadas en condiciones de paridad de género, esto implica el deber ineludible de los partidos políticos a postular sus candidaturas apegadas a dicho mandato, sin margen para interpretaciones sesgadas o egoístas que pretendan evadir el avance.
En este tema, es importante reconocer que nuestro país a diferencia de otras naciones, amplía el universo de derechos humanos cada vez que suscribe tratados internacionales. Y a favor de las mujeres el Estado mexicano ha suscrito diversos acuerdos de carácter nacional y vinculante, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Belem do Pará, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Declaración de Beijing de la ONU y diversas recomendaciones de varios organismos internacionales.
En este marco de máximo respeto a los derechos políticos electorales de la mujer ya reconocidos en el bloque constitucional y convencional, por primera vez en el proceso electoral 2021, el Tribunal Electoral federal vinculó directa y obligatoriamente a los partidos políticos para que establecieran mecanismos que permitan postular paritariamente mujeres al frente de las gubernaturas.
De esta manera, primero por acuerdo administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE), recurrido y ratificado después por el Tribunal Electoral federal, en el proceso electoral 2020-21 se mandató postular mínimamente a 7 mujeres en las 15 gubernaturas que estuvieron en juego.
Y posteriormente, ya aplicado el principio de paridad en las reglas internas de los partidos, nuevamente por acuerdo del Consejo General del INE (INE/CG1446/2021), para el proceso electoral local del presente año 2022, se dispuso que los partidos nacionales y locales “debían registrar únicamente a mujeres en por lo menos tres de las seis entidades en las que se elegirán gubernaturas”.
El resultado de esta verdadera paridad, ha feminizado en poco tiempo el orden de gobierno estatal. En dos años, sólidamente se ha avanzado en algo que tenía décadas retrasándose. Hoy ya tenemos siete gobernadoras en funciones y hay dos más electas (en Quintana Roo y Aguascalientes) que tomarán protesta próximamente. Cerraremos este año en total con nueve mujeres como titulares del poder ejecutivo en las entidades federativas.
En esta inercia, es de celebrarse el reciente proyecto de acuerdo de las comisiones unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, que ordena a los partidos nacionales modificar sus documentos básicos para establecer “reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas a partir de las elecciones de gubernaturas en Coahuila y Estado de México a celebrarse en 2023”.
Con esta resolución, es muy probable que lleguemos a la elección presidencial del 2024 con un tercio de las gubernaturas bajo la conducción de mujeres, más lo que se acumule a futuro, lo cual va a transformar radicalmente el ejercicio de la política en nuestro país.
Como dirigente político, siempre me he sentido muy orgulloso de que el Partido Sinaloense (PAS) desde su fundación el 2013, siempre ha aplicado el principio de paridad sin que ninguna autoridad nos lo exigiera. Era y es parte de nuestras convicciones, inscritas desde el origen en nuestra declaración de principios. En política las palabras convencen pero los hechos arrastran. En vísperas del décimo aniversario del PAS, con orgullo decimos que hemos acumulado una gran cantidad de hechos y logros que han trancendido la frontera de Sinaloa.
Excelente inicio de semana.
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