/ viernes 30 de octubre de 2020

Los desplazados y olvidados de Sinaloa

De nada ha servido hasta el momento que el Congreso del Estado haya aprobado desde hace casi un año 40 millones de pesos para atender la grave problemática de los desplazados, ya que hasta hoy ni un solo peso de ese dinero ha sido ejercido para darle una vivienda digna a esas miles de familias sinaloenses que han abandonado sus comunidades por la violencia narca.

La Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión de Vivienda de Sinaloa se han rasgado las vestiduras y han presumido una y otra vez que el presupuesto se está ejerciendo para atender a los desplazados, pero resulta que no es así.

El Sol de Sinaloa obtuvo mediante solicitud de acceso a la información, respuesta de la propia Sedeso, a cargo de Ricardo Madrid Pérez, en donde da cuenta que no han ejercido ni un solo peso de esos recursos.

“La Secretaría no ha ejercido el recurso etiquetado para el programa de desplazados por la violencia, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas no ha radicado el recurso”, señala la respuesta dada en el oficio SEDESO/DNR/096/2020.

Esta situación resulta inadmisible y el Congreso del Estado debería saber que la inoperancia de los presupuestos autorizados contraviene la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que entró en vigor desde el pasado 22 de agosto (Periódico Oficial del Estado), en la cual se establece que las víctimas de desplazamiento contarán con ayudas sociales por parte de Gobierno y los Municipios.

Los diputados y diputadas deberían saber que en Sinaloa no basta con lograr en el papel los presupuestos para atender a los sectores de la sociedad más vulnerables, si estos no se aplican.

Deben saber que Ley que no se aplica en beneficio de la sociedad es una Ley que no sirve para nada.

Si las autoridades estatales y municipales hasta ahora han fingido la aplicación de esos recursos, si han incumplido la promesa de atender a esas familias desplazadas, qué esperan los diputados y diputadas de Sinaloa para exigir cuentas reales y no maquilladas.

OPTAN POR NO REVELAR PATRIMONIO

Al primer semestre del año, el informe de las declaraciones patrimoniales del Ayuntamiento de Mazatlán, señalaba que de 103 servidores públicos y funcionarios de primer nivel que presentaron su declaración ante el Órgano Interno de Control, sólo 10 aceptaron que se publicara, pero en “versión pública”, el resto no quiso de ninguna manera.

En el informe de actualización de estos 93 servidores públicos aparece la nota: “El funcionario no autorizó hacer pública su declaración de situación patrimonial de modificación anual y de intereses”.

A estos funcionarios los ampara la ley de Responsabilidades Administrativas, a la que se acogen para no revelar su patrimonio. Ni siquiera el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien presume de transparencia y honestidad, quiso hacer pública su declaración patrimonial el año pasado, así como tampoco el contralor Rafael Padilla, responsable de impulsar la transparencia en el gobierno municipal. Si esto es así con los que encabezan el Ayuntamiento, qué se puede esperar de los demás funcionarios.

Lo mismo está pasando con las paramunicipales, en el informe del primer semestre los gerentes de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) tampoco aceptaron publicarla.

La declaración patrimonial de servidores públicos, permite que los ciudadanos vigilen el enriquecimiento en su gestión como gobernantes o servidores públicos, principalmente de aquellos que operan en el primer nivel, y el no publicar esas declaraciones limita que la gente siga el crecimiento o enriquecimiento de los funcionarios.

Ya que el alcalde de Mazatlán presume de manera verbal un gobierno transparente y honesto, debería poner el ejemplo a sus subalternos en materia de rendición de cuentas, empezando con la declaración patrimonial todos los años, sin embargo, aquí se cumple el refrán popular: Del dicho al hecho hay un largo trecho.

EL PUEBLO DECIDE

Integrantes del sector turístico de Mazatlán, están preocupados por la intención del gobierno de Mazatlán de que se realice el Carnaval Internacional 2021, pese a la pandemia de Covid-19.

Los hoteleros consideraron que se deben crear estrictos protocolos sanitarios, pues mezclar alcohol con eventos masivos puede ser muy arriesgado.

Comentaron que hasta el momento el gobierno municipal no ha dado mayor información respecto de cómo se harían los eventos, pero sería muy peligroso por el número de personas que podrían reunirse y los contagios que se generarán.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció la semana pasada, que se están creando protocolos para la fiesta de Carnaval en 2021, pero sin la apertura de Olas Altas, donde se da la mayor concentración de personas. Fueron muchos que criticaron esta noticia

Por los que ahora dice, que se realizará una consulta popular, al mero estilo de la 4T donde los porteños decidirán si se llevan a cabo las fiestas del Carnaval o no el próximo año. Esperemos que la ciudadanía de un no rotundo y que se cancele este absurdo, aunque lo correcto sería que el gobierno municipal no “le moviera la cuna al niño” y deje de hacer alboroto.

De nada ha servido hasta el momento que el Congreso del Estado haya aprobado desde hace casi un año 40 millones de pesos para atender la grave problemática de los desplazados, ya que hasta hoy ni un solo peso de ese dinero ha sido ejercido para darle una vivienda digna a esas miles de familias sinaloenses que han abandonado sus comunidades por la violencia narca.

La Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión de Vivienda de Sinaloa se han rasgado las vestiduras y han presumido una y otra vez que el presupuesto se está ejerciendo para atender a los desplazados, pero resulta que no es así.

El Sol de Sinaloa obtuvo mediante solicitud de acceso a la información, respuesta de la propia Sedeso, a cargo de Ricardo Madrid Pérez, en donde da cuenta que no han ejercido ni un solo peso de esos recursos.

“La Secretaría no ha ejercido el recurso etiquetado para el programa de desplazados por la violencia, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas no ha radicado el recurso”, señala la respuesta dada en el oficio SEDESO/DNR/096/2020.

Esta situación resulta inadmisible y el Congreso del Estado debería saber que la inoperancia de los presupuestos autorizados contraviene la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que entró en vigor desde el pasado 22 de agosto (Periódico Oficial del Estado), en la cual se establece que las víctimas de desplazamiento contarán con ayudas sociales por parte de Gobierno y los Municipios.

Los diputados y diputadas deberían saber que en Sinaloa no basta con lograr en el papel los presupuestos para atender a los sectores de la sociedad más vulnerables, si estos no se aplican.

Deben saber que Ley que no se aplica en beneficio de la sociedad es una Ley que no sirve para nada.

Si las autoridades estatales y municipales hasta ahora han fingido la aplicación de esos recursos, si han incumplido la promesa de atender a esas familias desplazadas, qué esperan los diputados y diputadas de Sinaloa para exigir cuentas reales y no maquilladas.

OPTAN POR NO REVELAR PATRIMONIO

Al primer semestre del año, el informe de las declaraciones patrimoniales del Ayuntamiento de Mazatlán, señalaba que de 103 servidores públicos y funcionarios de primer nivel que presentaron su declaración ante el Órgano Interno de Control, sólo 10 aceptaron que se publicara, pero en “versión pública”, el resto no quiso de ninguna manera.

En el informe de actualización de estos 93 servidores públicos aparece la nota: “El funcionario no autorizó hacer pública su declaración de situación patrimonial de modificación anual y de intereses”.

A estos funcionarios los ampara la ley de Responsabilidades Administrativas, a la que se acogen para no revelar su patrimonio. Ni siquiera el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien presume de transparencia y honestidad, quiso hacer pública su declaración patrimonial el año pasado, así como tampoco el contralor Rafael Padilla, responsable de impulsar la transparencia en el gobierno municipal. Si esto es así con los que encabezan el Ayuntamiento, qué se puede esperar de los demás funcionarios.

Lo mismo está pasando con las paramunicipales, en el informe del primer semestre los gerentes de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) tampoco aceptaron publicarla.

La declaración patrimonial de servidores públicos, permite que los ciudadanos vigilen el enriquecimiento en su gestión como gobernantes o servidores públicos, principalmente de aquellos que operan en el primer nivel, y el no publicar esas declaraciones limita que la gente siga el crecimiento o enriquecimiento de los funcionarios.

Ya que el alcalde de Mazatlán presume de manera verbal un gobierno transparente y honesto, debería poner el ejemplo a sus subalternos en materia de rendición de cuentas, empezando con la declaración patrimonial todos los años, sin embargo, aquí se cumple el refrán popular: Del dicho al hecho hay un largo trecho.

EL PUEBLO DECIDE

Integrantes del sector turístico de Mazatlán, están preocupados por la intención del gobierno de Mazatlán de que se realice el Carnaval Internacional 2021, pese a la pandemia de Covid-19.

Los hoteleros consideraron que se deben crear estrictos protocolos sanitarios, pues mezclar alcohol con eventos masivos puede ser muy arriesgado.

Comentaron que hasta el momento el gobierno municipal no ha dado mayor información respecto de cómo se harían los eventos, pero sería muy peligroso por el número de personas que podrían reunirse y los contagios que se generarán.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció la semana pasada, que se están creando protocolos para la fiesta de Carnaval en 2021, pero sin la apertura de Olas Altas, donde se da la mayor concentración de personas. Fueron muchos que criticaron esta noticia

Por los que ahora dice, que se realizará una consulta popular, al mero estilo de la 4T donde los porteños decidirán si se llevan a cabo las fiestas del Carnaval o no el próximo año. Esperemos que la ciudadanía de un no rotundo y que se cancele este absurdo, aunque lo correcto sería que el gobierno municipal no “le moviera la cuna al niño” y deje de hacer alboroto.