/ miércoles 8 de septiembre de 2021

LGV: El daño a una víctima, es irreparable

Conforme, a la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, se le dará un valor para viáticos, traslados, becas, servicios funerarios, entre otros…

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, se define víctima directa, como aquella persona física que haya sufrido algún daño o menos cabo económico, físico, mental o emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. También, define como víctima indirecta a familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella; víctimas potenciales, las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la victima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

Sin embargo, esta misma legislación determina un candado para las víctimas puesto que deberán acreditar su calidad de acuerdo con el daño o menoscabo de los derechos en términos de ley, con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Esta legislación de víctimas determina la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a nivel federal y estatal, es decir, cada uno de las Entidades Federativas deberá tener un Fondo Estatal que se integrará por el 50% de asignaciones del gobierno federal y lo demás por aportaciones del gobierno estatal.

Conforme al artículo 67 de la Ley General de Víctimas el monto por compensación subsidiaria, es de aproximadamente $44,810.00 mensuales, esto cuando la Federación o el Estado, transgreden los derechos humanos de las personas, ¿Esto vale la vida de nuestros seres queridos que les fueron pisoteados sus derechos y dañaron la vida de quienes permanecen en la tierra?

En promedio las familias mexicanas se integran por al menos 2.4 personas como familiares nucleares, es decir, que viven en la casa y tienen una relación directa con la jefa o jefe de familia de acuerdo al INEGI; en los Estados colindantes a Sinaloa y próximos a iniciar nuevos periodos de gobierno, se han registrado víctimas de femicidios, desaparecidos y covid-19, supuestos que a todas luces que han vulnerado los derechos humanos de las personas y que dejan a familiares directos con un profundo dolor por su ausencia.

En los próximos días comenzaremos a ver las notas donde en algunas entidades federativas iniciarán los nuevos gobiernos al frente de los poderes ejecutivos estatales. Dentro de los colindantes al estado de Sinaloa, la primera en tomar el cargo será María Eugenia Campos Galván en Chihuahua (próximo 8 de septiembre), seguido de Víctor Castro Cosío en Baja California Sur (próximo 10 de septiembre), en el Estado de Sonora, Alfonso Durazo (próximo 13 de septiembre), en el Estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero y hasta el 01 de noviembre el gobernador electo en el Estado de Sinaloa el Dr. Rubén Rocha Moya.

En estos Estados que colindan con Sinaloa: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit y Sonora, la cifra de víctimas bajo estos supuestos de feminicidios, desaparecidos y covid-19, alcanza 46,824; siendo nuestro Estado el que registra la cifra más alta entre las 6 entidades federativas mencionadas, pues el .44% de la población ha sufrido alguna vulneración a sus bienes jurídicos tutelados por estos acontecimientos; seguido de Sonora con .38% de la población y Baja California Sur con un .36%. Sí multiplicamos el número de personas desaparecidas en estas 6 Entidades Federativas, por el 2.4 personas con las cuáles al menos vivía la persona al momento de su desaparición, nos da como resultado que, en estos 6 Estados, tenemos al menos 36,120 víctimas directas conforme a la Ley General de Víctimas.

Las personas como los derechos, no son una estadística, ni un número que se representa en un artículo de ley, el dolor, la angustia, la ausencia y la carencia de diligencia autoritaria para atender este tema que azota el país, se ve representada en cada manifestación que hacen las madres de las personas desaparecidas, en las mujeres que marchan por otras mujeres a las que les arrebataron la vida y las víctimas del covid que aún no salen a reclamar sus derechos, pues probablemente se encuentran cimbrados por la partida anticipada de sus familiares.

31,855, son las víctimas directas que el nuevo gobierno del Dr. Ruben Rocha va a recibir el próximo 01 de noviembre, la responsabilidad de integrar un Fondo Estatal para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y del cuál el precedente que encontrará es la escritura de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, donde aún está pendiente la integración de este FIDEICOMISO PÚBLICO y una oficina en Ahome, registrada por el gobierno federal para realizar este trámite.

  • Los puntos resolutivos de este análisis son:
  • La vulneración de los derechos humanos, NO TIENE NI TENDRÁN UN VALOR NÚMERICO, NI ECONÓMICO que el Estado pueda compensar.
  • El reconocimiento por parte del Estado de la transgresión de los derechos humanos, no solamente debe quedar en cifras o compensaciones “a modo”, la ausencia de personas desaparecidas y la memoria de los que han partido, debe ser precedente para QUE NO VUELVA A SUCEDER NUNCA MÁS UN HECHO SIMILAR EN EL PAÍS.
  • Más diligencia y menos “burocracia” para quienes logren ejercer este derecho.


CORREO: puntosresolutivos09@gmail.com

REDES SOCIALES: Facebook: @NathalieHenderson-Puntos Resolutivos

https://twitter.com/abg_henderson

Conforme, a la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, se le dará un valor para viáticos, traslados, becas, servicios funerarios, entre otros…

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, se define víctima directa, como aquella persona física que haya sufrido algún daño o menos cabo económico, físico, mental o emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. También, define como víctima indirecta a familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella; víctimas potenciales, las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la victima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

Sin embargo, esta misma legislación determina un candado para las víctimas puesto que deberán acreditar su calidad de acuerdo con el daño o menoscabo de los derechos en términos de ley, con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Esta legislación de víctimas determina la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a nivel federal y estatal, es decir, cada uno de las Entidades Federativas deberá tener un Fondo Estatal que se integrará por el 50% de asignaciones del gobierno federal y lo demás por aportaciones del gobierno estatal.

Conforme al artículo 67 de la Ley General de Víctimas el monto por compensación subsidiaria, es de aproximadamente $44,810.00 mensuales, esto cuando la Federación o el Estado, transgreden los derechos humanos de las personas, ¿Esto vale la vida de nuestros seres queridos que les fueron pisoteados sus derechos y dañaron la vida de quienes permanecen en la tierra?

En promedio las familias mexicanas se integran por al menos 2.4 personas como familiares nucleares, es decir, que viven en la casa y tienen una relación directa con la jefa o jefe de familia de acuerdo al INEGI; en los Estados colindantes a Sinaloa y próximos a iniciar nuevos periodos de gobierno, se han registrado víctimas de femicidios, desaparecidos y covid-19, supuestos que a todas luces que han vulnerado los derechos humanos de las personas y que dejan a familiares directos con un profundo dolor por su ausencia.

En los próximos días comenzaremos a ver las notas donde en algunas entidades federativas iniciarán los nuevos gobiernos al frente de los poderes ejecutivos estatales. Dentro de los colindantes al estado de Sinaloa, la primera en tomar el cargo será María Eugenia Campos Galván en Chihuahua (próximo 8 de septiembre), seguido de Víctor Castro Cosío en Baja California Sur (próximo 10 de septiembre), en el Estado de Sonora, Alfonso Durazo (próximo 13 de septiembre), en el Estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero y hasta el 01 de noviembre el gobernador electo en el Estado de Sinaloa el Dr. Rubén Rocha Moya.

En estos Estados que colindan con Sinaloa: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit y Sonora, la cifra de víctimas bajo estos supuestos de feminicidios, desaparecidos y covid-19, alcanza 46,824; siendo nuestro Estado el que registra la cifra más alta entre las 6 entidades federativas mencionadas, pues el .44% de la población ha sufrido alguna vulneración a sus bienes jurídicos tutelados por estos acontecimientos; seguido de Sonora con .38% de la población y Baja California Sur con un .36%. Sí multiplicamos el número de personas desaparecidas en estas 6 Entidades Federativas, por el 2.4 personas con las cuáles al menos vivía la persona al momento de su desaparición, nos da como resultado que, en estos 6 Estados, tenemos al menos 36,120 víctimas directas conforme a la Ley General de Víctimas.

Las personas como los derechos, no son una estadística, ni un número que se representa en un artículo de ley, el dolor, la angustia, la ausencia y la carencia de diligencia autoritaria para atender este tema que azota el país, se ve representada en cada manifestación que hacen las madres de las personas desaparecidas, en las mujeres que marchan por otras mujeres a las que les arrebataron la vida y las víctimas del covid que aún no salen a reclamar sus derechos, pues probablemente se encuentran cimbrados por la partida anticipada de sus familiares.

31,855, son las víctimas directas que el nuevo gobierno del Dr. Ruben Rocha va a recibir el próximo 01 de noviembre, la responsabilidad de integrar un Fondo Estatal para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y del cuál el precedente que encontrará es la escritura de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, donde aún está pendiente la integración de este FIDEICOMISO PÚBLICO y una oficina en Ahome, registrada por el gobierno federal para realizar este trámite.

  • Los puntos resolutivos de este análisis son:
  • La vulneración de los derechos humanos, NO TIENE NI TENDRÁN UN VALOR NÚMERICO, NI ECONÓMICO que el Estado pueda compensar.
  • El reconocimiento por parte del Estado de la transgresión de los derechos humanos, no solamente debe quedar en cifras o compensaciones “a modo”, la ausencia de personas desaparecidas y la memoria de los que han partido, debe ser precedente para QUE NO VUELVA A SUCEDER NUNCA MÁS UN HECHO SIMILAR EN EL PAÍS.
  • Más diligencia y menos “burocracia” para quienes logren ejercer este derecho.


CORREO: puntosresolutivos09@gmail.com

REDES SOCIALES: Facebook: @NathalieHenderson-Puntos Resolutivos

https://twitter.com/abg_henderson