La bronca comenzó con un tiro entre López Obrador y Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los dimes y diretes fueron escalando, hasta que el presidente ordenó a sus diputados que votaran a favor de suprimir los fideicomisos del Poder Judicial. Ahora vienen las quejas y las marchas por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, hasta hoy, no ha habido una voz autorizada que nos aclare cuáles serán los efectos de dichos recortes. Norma Piña y su ego nos deben una explicación.
En Así las Cosas, noticiero radiofónico de W-Radio, su conductora, Gabriela Warkentin, entrevistó la semana anterior a Jesús González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Vaya chasco. Y no por que la Warkentin haya hecho una mala entrevista, sino por las respuestas del entrevistado. De pena ajena. Además de hacerse bolas y enfurecer quién sabe por qué motivo, Pimentel no pudo responder algo tan elemental como de qué forma afectarán los recortes de los fideicomisos, a los miles de trabajadores que conforman el Poder Judicial.
Por más que la Warkentin le ponía las preguntas a modo para que el secretario se luciera, el otro no daba pie con bola. Por el tono de su voz se diría que hasta le daba flojera responder. La cosa es que al final de tan desafortunada entrevista, los ciudadanos acabamos más confundidos que cuando comenzó. Lo único que quedó claro es que el líder sindical no tiene la más pálida idea de por qué protestan sus agremiados. ¿Y la presidenta, Norma Piña? Hace mucho que debió salir a dar la cara. Y tuvo la oportunidad; Morena la invitó al Senado para hablar del entuerto. Pero lejos de aceptar de inmediato, la presidenta, mañosamente, alargó su silencio lo más que pudo, hasta que los morenistas terminaron por mandarla al demonio por órdenes del patrón. Total, ya se habían salido con la suya. ¿Y los ciudadanos de a pie, no merecemos que nos den una explicación clara y convincente de por qué deberíamos simpatizar con las protestas del Poder Judicial? ¿Acaso a alguien le ha importado que tengamos opinión?
Venganza presidencial
Claro que todo este sainete no se hubiera dado, si la presidenta de la Corte no se hubiera opuesto abiertamente a las imposiciones y ocurrencias cotidianas de López Obrador. Tan es así, que mientras Arturo Zaldívar fue el presidente de la Corte y se sometió a los decretos de Palacio, nadie cuestionó los mentados fideicomisos, origen de la disputa. Todo quedaba entre cuates. Ah, pero la fraternidad y la cosa bonita cambiaron de tono cuando Norma Piña llegó al poder.
Las desavenencias comenzaron aquel estruendoso 5 de febrero de 2023 en Querétaro, cuando durante el evento conmemorativo de la promulgación de la Constitución de 1917, Norma Piña se negó a ponerse de pie para saludar al presidente. Ahí firmó su sentencia. Se atrevió a permanecer sentada mientras todos los presentes reverenciaban al tlatoani. Un duro golpe al ego presidencial. Fue tal la afrenta, que hasta Jesús Ramírez, el fiel vocero de Palacio, se quejó en las redes. Y de ahí pal real; las cosas fueron de mal en peor, hasta el punto en que López Obrador decidió mocharles el presupuesto, no sólo a la élite de la Corte, sino a todo el Poder Judicial. Se las aplicó.
De los 13 fideicomisos que se pretenden extinguir, cinco de éstos tienen que ver con la Judicatura Federal; seis con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos esos fondos suman un poco más de quince mil millones de pesos, de los cuales un piquito, sólo por mencionar un ejemplo, se destinaría para pagar el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces. Nada menos. ¿Y por qué diablos tendríamos que pagar los ciudadanos el mantenimiento de las casas de los magistrados y los jueces? O sea que además del dineral que se embolsan, no sólo en sueldos, sino por sobornos y demás mordidas, hay que subsidiarles el pago del jardinero y de la señora que ayuda con la limpieza del cantón.
Billete mata justicia
Claro que si los mexicanos contáramos con un sistema de justicia como el de Dinamarca o Noruega, las frivolidades podrían encontrar justificación. ¡Pero estamos en México! Y aquí la justicia sólo existe para aquel que puede pagarla; poco importa si es culpable o no de un delito. Cualquiera que se haya visto alguna vez en medio de un lío judicial o en la sala de un juzgado, sabe que en México billete mata justicia. Uno de los reproches favoritos de López Obrador, y con el que se ha traído de encargo a la Corte, es que en febrero de este año, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa concedió un amparo que permitió descongelar las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna, unos días después de que el flamante exsecretario de Seguridad, durante el sexenio de Felipe Calderón, fuera hallado culpable de cinco cargos de narcotráfico en la Corte de Brooklyn, Nueva York.
Más allá del revanchismo del presidente, algo que resulta innegable es que la soberbia y la prepotencia de quienes tienen la delicada responsabilidad de impartir justicia en México, se debe en gran medida a la serie de privilegios de los que han gozado siempre. Por ello esta sacudida al Poder Judicial debería de verse desde varios ángulos, no sólo como una afrenta a las instituciones, sino también como una oportunidad para hacer un ejercicio de autocrítica y humildad, comenzando por Norma Piña y su tremenda Corte. Hoy en México, por cada 100 causas penales, sólo se genera una sentencia. Asimismo, cuatro de cada 10 personas que están presas en alguna cárcel mexicana, no han recibido una sentencia. Eso de que todos los mexicanos merecemos una justicia pronta y expedita, no es más que una buena frase publicitaria, la cual dista mucho de ser realidad. Un mexicano sabe bien que nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia que no llega.
