El pacto de impunidad de Andrés Manuel López Obrador con la delincuencia organizada, a quienes llamó la semana pasada a “actuar con responsabilidad”, hace imposible que el Ejército toque con el pétalo de una rosa a los grupos armados cuando hay de por medio un acuerdo político que en este caótico fin de sexenio, resulta imposible ocultar.
Porque de qué otra manera se puede interpretar las declaraciones del lunes 16 de septiembre del general de división Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera región militar que comprende los estados de Sinaloa y Durango.
La jerarquía y conocimientos militares del general quedaron eclipsados por la tormenta que generaron sus declaraciones en los medios de comunicación cuando reconoció que el fin de la violencia en Culiacán no dependerá del Ejército, ni de las fuerzas de seguridad, sino del momento en que los grupos de la delincuencia organizada “dejen de confrontarse”.
El general sabe de lo que habla, primero porque a las fuerzas armadas en este sexenio se les dio la orden de no intervenir en confrontaciones criminales a menos de que sean agredidos. La orden del comandante supremo de las fuerzas armadas de evitar “molestar” a los criminales, orden que bautizó con el eslogan de “abrazos no balazos”, vino a desmoralizar a las tropas durante todo este gobierno, lastimó a sus familias por las humillaciones públicas que fueron objeto en estados del país como Michoacán o Guerrero, ofendió a los militares más comprometidos con la seguridad del país y fueron relevados antes de tiempo de los puestos de mando y de labores operativas. Y lo más grave: disminuyó las capacidades operativas de los soldados para desviar el presupuesto en seguridad para obras faraónicas.
Este lunes en la sala de cabildo del ayuntamiento de la capital sinaloense, al terminar el desfile por el 214 aniversario de la Independencia de México, junto al gobernador Rubén Rocha Moya, el general Leana y otros funcionarios, el general de brigada Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la novena zona militar en Culiacán, presentó un recuento de los sucedido en la última semana. Llamó la atención que de los 29 enfrentamientos contabilizados en este lapso entre las facciones criminales que entraron en disputa al interior del Cártel de Sinaloa, en 13 casos los ataques han sido contra personal militar y de la Guardia Nacional. Con la balacera registrada el lunes 16 en la Campiña, donde un soldado murió, en una semana tres militares han muerto en los choques registrados.
Pocas veces podemos presenciar una comparecencia de altos mandos militares en Sinaloa como la ocurrida el lunes, sin duda fue una orden superior para mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ante el clima de zozobra y temor que prevalece sobre todo en las comunidades rurales aledañas a la capital sinaloense y en general en toda la ciudad.
Los militares no van a resolver un problema que viene de raíz del ámbito político de tiempo atrás, y que tiene continuidad transexenal. La crisis de seguridad interior y seguridad pública que se agudizó en el sexenio de López Obrador, y que arrastró al gobernador Rocha Moya hasta colocarlo en “al borde del precipicio” de su renuncia, es la peor herencia que pudo dejar para los sinaloenses. El mensaje del general Leana para que los grupos delincuenciales dejen de confrontarse y que la ciudadanía esté en paz, puede pasar como un llamado a la mesura y negociación. Algo que sería bien visto por la gente de a pie que ocupa ir a su trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, y es algo que urgen los comerciantes y al sector productivo en general. A estas alturas a nadie le conviene que Sinaloa entre a una espiral de violencia que recuerda por sus similitudes a la del 2008, sobre todo porque el país entra a una etapa en que el poder político del presidente saliente se reduce, y de aquí a que su sucesora tome las riendas del país, todo puede pasar. Como lo que estamos viviendo en Culiacán y alrededores.