/ lunes 29 de junio de 2020

La justicia tributaria está en marcha

Durante 2019, el Poder Legislativo mexicano sembró un semillero de reformas y nuevas leyes que en 2020 están siendo cosechadas. De las más relevantes destacan, con resultados contantes y sonantes, las reformas que tienen que ver con la separación entre el poder político y el poder económico.

El fin de estas reformas es recuperar la capacidad recaudatoria del Estado para generar un robusto gasto social y cumplir con el máximo objetivo del bienestar de la población, produciendo bienes públicos como comunicaciones, servicios de salud, educación y seguridad, entre otros, y por supuesto, para garantizar e incrementar los apoyos sociales a los sectores más vulnerables del país.

La historia de complicidades y corrupción estimularon la evasión y la elusión fiscal, debilitando la capacidad recaudatoria del Estado mexicano e hicieron que nuestro país se colocara entre los más bajos en el mundo en materia de ingresos tributarios. Como consecuencia se promovió, en los hechos, una caída en la moral fiscal de la población. Es decir, no había confianza en muchos contribuyentes de que sus impuestos serían usados para el desarrollo del país, por la alta corrupción y porque, por otro lado, mientras los contribuyentes de la base de la pirámide poblacional cumplían fiscalmente, se les aumentaba la carga impositiva y los grandes contribuyentes eludían y evadían el cumplimiento de sus obligaciones y hasta defraudaban al fisco, con la complicidad del poder político.

Según el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, en marzo de 2019 la evasión y elusión fiscal de impuestos en conjunto representan en México cerca de un billón de pesos, cifra equivalente al 4.0% del Producto Interno Bruto.

En 36 países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa, penosamente, el último lugar en ingresos tributarios respecto al PIB, representando apenas el 15%, cuando el promedio en los países de la OCDE es del 33.8%. Solo por citar un año: en 2017 se alcanzó el 16.2% y 34.2%, respectivamente.

Para avanzar en la construcción de un sistema fiscal más justo es que se hicieron en 2019 cuatro reformas, a las que nos vamos a referir, y que en este año han entrado en vigencia: 1) supresión de la llamada compensación fiscal universal; 2) elevar a rango constitucional la prohibición de la condonación de impuestos; 3) combatir las operaciones fiscales simuladas o empresas fantasmas y, 4) que las plataformas digitales empiecen a pagar IVA e ISR al Estado mexicano.

En lo que se refiere a la compensación universal, esta fue distorsionada por la proliferación de operaciones simuladas que reducían el pago de impuestos como el ISR, donde siempre había saldos a favor y por tanto, se tenía la devolución de un IVA inexistente, terminando sin pagar ISR durante muchos periodos, gracias a esa infiltración de las empresas fantasmas. Es por ello que a partir de diciembre de 2018 se suprime en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2019.

Gracias a la reforma al artículo 28 constitucional para prohibir la condonación de impuestos a grandes empresas y corporativos, hasta el 17 de junio pasado ya iban cinco compañías que han cubierto pagos que durante años le debían al fisco. Son 30,327.9 millones de pesos que ingresaron a las arcas públicas de empresas como América Móvil, Walmart, Femsa, IBM y Fresnillo Minera. También Toyota ya está en el trámite para saldar sus adeudos. Según las cuentas del SAT, son 15 los grandes contribuyentes que deben más de 50 mil millones de pesos. ¡Aquí también se acabó la fiesta!

En el ya exitoso proceso de destrucción de la perversa relación entre poder político y económico, destaca también el combate a las llamadas empresas fantasma, que producen, compran y venden facturas falsas para evadir el pago de impuestos. De acuerdo con un comunicado del SAT del 25 de junio de 2019, del año 2014 a junio de 2019 fueron identificadas 8,204 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) y que generaron 8,827 facturas por un monto aproximado de 1.6 billones de pesos, lo que representa una evasión fiscal de 354,512 millones de pesos, monto que representó en 2019 aproximadamente el 1.4% del PIB.

Hace unos días, confirmando estas cifras, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, anunció que se presentarían denuncias contra las primeras 43 empresas que defraudaron al fisco con más de 55 mil millones de pesos. En dichas “factureras” hay una red de “accionistas”, “despachos”, “consultorías” y personas físicas (clientes) involucrados que rendirán cuentas para deslindar responsabilidades y resarcir el daño al erario o, en su caso, habrá quienes sean sujetos a proceso penal, conforme a la reforma reciente, que incluye la prisión preventiva oficiosa y de 4 a 16 años de cárcel.

Finalmente, el pasado primero de junio inició la vigencia de las modificaciones fiscales en materia de economía digital. México, al igual que otros países, avanza en la tributación de las plataformas digitales y según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se pretende recaudar 100 millones de pesos por esta vía. A pesar del crecimiento de este sector en el país, mismo que ya alcanza más del 6% del PIB, estas empresas extranjeras estaban exentas del pago de IVA e ISR. La población mexicana ocupa uno de los primeros lugares en el consumo de Netflix y Spotify. Con el confinamiento por la pandemia también plataformas como Amazon, Google, Facebook y otras, reportaron un fuerte crecimiento.

Mientras tanto, se ha congelado el estado de la carga tributaria para los pequeños contribuyentes. No ha habido más impuestos, ni se crean nuevos. Simple y sencillamente, ahora están pagando los que evadían y eludían sus responsabilidades, expandiéndose así las capacidades del Estado para responder a los requerimientos de la mayoría de la población. Se recupera la confianza en el Gobierno, como un administrador eficiente, no cabe duda. Por eso creció la recaudación en un 13.4% en el primer trimestre de 2020. Son firmes los pasos hacia la justicia tributaria en nuestro país. Son buenas noticias, a pesar de las sombras de la pandemia. Habrá más dinero público para enfrentar los duros retos venideros.

Durante 2019, el Poder Legislativo mexicano sembró un semillero de reformas y nuevas leyes que en 2020 están siendo cosechadas. De las más relevantes destacan, con resultados contantes y sonantes, las reformas que tienen que ver con la separación entre el poder político y el poder económico.

El fin de estas reformas es recuperar la capacidad recaudatoria del Estado para generar un robusto gasto social y cumplir con el máximo objetivo del bienestar de la población, produciendo bienes públicos como comunicaciones, servicios de salud, educación y seguridad, entre otros, y por supuesto, para garantizar e incrementar los apoyos sociales a los sectores más vulnerables del país.

La historia de complicidades y corrupción estimularon la evasión y la elusión fiscal, debilitando la capacidad recaudatoria del Estado mexicano e hicieron que nuestro país se colocara entre los más bajos en el mundo en materia de ingresos tributarios. Como consecuencia se promovió, en los hechos, una caída en la moral fiscal de la población. Es decir, no había confianza en muchos contribuyentes de que sus impuestos serían usados para el desarrollo del país, por la alta corrupción y porque, por otro lado, mientras los contribuyentes de la base de la pirámide poblacional cumplían fiscalmente, se les aumentaba la carga impositiva y los grandes contribuyentes eludían y evadían el cumplimiento de sus obligaciones y hasta defraudaban al fisco, con la complicidad del poder político.

Según el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, en marzo de 2019 la evasión y elusión fiscal de impuestos en conjunto representan en México cerca de un billón de pesos, cifra equivalente al 4.0% del Producto Interno Bruto.

En 36 países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa, penosamente, el último lugar en ingresos tributarios respecto al PIB, representando apenas el 15%, cuando el promedio en los países de la OCDE es del 33.8%. Solo por citar un año: en 2017 se alcanzó el 16.2% y 34.2%, respectivamente.

Para avanzar en la construcción de un sistema fiscal más justo es que se hicieron en 2019 cuatro reformas, a las que nos vamos a referir, y que en este año han entrado en vigencia: 1) supresión de la llamada compensación fiscal universal; 2) elevar a rango constitucional la prohibición de la condonación de impuestos; 3) combatir las operaciones fiscales simuladas o empresas fantasmas y, 4) que las plataformas digitales empiecen a pagar IVA e ISR al Estado mexicano.

En lo que se refiere a la compensación universal, esta fue distorsionada por la proliferación de operaciones simuladas que reducían el pago de impuestos como el ISR, donde siempre había saldos a favor y por tanto, se tenía la devolución de un IVA inexistente, terminando sin pagar ISR durante muchos periodos, gracias a esa infiltración de las empresas fantasmas. Es por ello que a partir de diciembre de 2018 se suprime en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2019.

Gracias a la reforma al artículo 28 constitucional para prohibir la condonación de impuestos a grandes empresas y corporativos, hasta el 17 de junio pasado ya iban cinco compañías que han cubierto pagos que durante años le debían al fisco. Son 30,327.9 millones de pesos que ingresaron a las arcas públicas de empresas como América Móvil, Walmart, Femsa, IBM y Fresnillo Minera. También Toyota ya está en el trámite para saldar sus adeudos. Según las cuentas del SAT, son 15 los grandes contribuyentes que deben más de 50 mil millones de pesos. ¡Aquí también se acabó la fiesta!

En el ya exitoso proceso de destrucción de la perversa relación entre poder político y económico, destaca también el combate a las llamadas empresas fantasma, que producen, compran y venden facturas falsas para evadir el pago de impuestos. De acuerdo con un comunicado del SAT del 25 de junio de 2019, del año 2014 a junio de 2019 fueron identificadas 8,204 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) y que generaron 8,827 facturas por un monto aproximado de 1.6 billones de pesos, lo que representa una evasión fiscal de 354,512 millones de pesos, monto que representó en 2019 aproximadamente el 1.4% del PIB.

Hace unos días, confirmando estas cifras, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, anunció que se presentarían denuncias contra las primeras 43 empresas que defraudaron al fisco con más de 55 mil millones de pesos. En dichas “factureras” hay una red de “accionistas”, “despachos”, “consultorías” y personas físicas (clientes) involucrados que rendirán cuentas para deslindar responsabilidades y resarcir el daño al erario o, en su caso, habrá quienes sean sujetos a proceso penal, conforme a la reforma reciente, que incluye la prisión preventiva oficiosa y de 4 a 16 años de cárcel.

Finalmente, el pasado primero de junio inició la vigencia de las modificaciones fiscales en materia de economía digital. México, al igual que otros países, avanza en la tributación de las plataformas digitales y según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se pretende recaudar 100 millones de pesos por esta vía. A pesar del crecimiento de este sector en el país, mismo que ya alcanza más del 6% del PIB, estas empresas extranjeras estaban exentas del pago de IVA e ISR. La población mexicana ocupa uno de los primeros lugares en el consumo de Netflix y Spotify. Con el confinamiento por la pandemia también plataformas como Amazon, Google, Facebook y otras, reportaron un fuerte crecimiento.

Mientras tanto, se ha congelado el estado de la carga tributaria para los pequeños contribuyentes. No ha habido más impuestos, ni se crean nuevos. Simple y sencillamente, ahora están pagando los que evadían y eludían sus responsabilidades, expandiéndose así las capacidades del Estado para responder a los requerimientos de la mayoría de la población. Se recupera la confianza en el Gobierno, como un administrador eficiente, no cabe duda. Por eso creció la recaudación en un 13.4% en el primer trimestre de 2020. Son firmes los pasos hacia la justicia tributaria en nuestro país. Son buenas noticias, a pesar de las sombras de la pandemia. Habrá más dinero público para enfrentar los duros retos venideros.