/ jueves 24 de junio de 2021

La Justicia de Fuenteovejuna

En el siglo XVII, Lope de Vega escribe en Madrid la obra de teatro Fuenteovejuna, historia en donde el pueblo de la localidad, harto de las crueldades, perversidades y abusos del Comendador, toma justicia por propia mano y asesina al funcionario, siendo absuelto todo el pueblo por los Reyes Católicos, al no poder identificarse a los culpables directos del crimen, quienes, a la pregunta del juez de quién mató al Comendador, respondieron todos a una: “Fuenteovejuna, señor”. Algo así propone el gobierno con la consulta popular que hará este 1 de agosto, preguntando al pueblo si es su deseo que las instituciones del Estado mexicano observen y apliquen las funciones y obligaciones establecidas para ellas por la Constitución y las leyes. Una justicia a contentillo.

El gobierno dice que las mañaneras representan un ejercicio de información pública y rendición de cuentas. Allá quien le crea. Este martes, el presidente López Obrador declaró, traduciendo según él el “verdadero” sentido de la consulta popular a celebrarse este 1 de agosto, en un evidente acto deliberado de desinformación (es decir, falso), la siguiente joya: “¿Quieres que se investigue y se juzgue a los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto? ¿Sí o no? Es otro texto –se refiere el presidente a la pregunta reformulada por la Corte en octubre del año pasado- pero en esencia es eso”. En efecto, la pregunta a formularse en la consulta tiene otro texto. Es rotundamente falso que la “esencia” de la misma sea la que manifiesta López Obrador. En la consulta no se pregunta si debe enjuiciarse a los ex presidentes, por lo que habrá que ponerle una raya más al tigre: al 31 de mayo de este año y según SPIN- Taller de Comunicación Política, van 53 mil 773 afirmaciones no verdaderas dichas en las conferencias matutinas.

Reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación –vía la diligencia redactora del Ministro presidente Arturo Zaldívar-, la pregunta que estará en la boleta diseñada por el INE se formuló así: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Asusta la brumosa vaguedad de la pregunta, su falta de claridad, la indeterminación de su objeto (“esclarecimiento de las decisiones políticas”) y de los sujetos a los que se pretende referir (todos los actores políticos en “los años pasados”), pero aún más, el hecho que esta implica de dar paso a la arbitrariedad al conferir –contrario a los principios del Estado constitucional y democrático de Derecho y del Derecho Público de competencias expresas y límites normativos- a un ilusorio Fuenteovejuna realizar “las acciones pertinentes” que en realidad son intereses políticos individuales del presidente y su grupo en el poder.

Poco importan en la formulación de la consulta, las formas de responsabilidad relevantes bajo el perfil constitucional, que son fundamentalmente dos: la política y la jurídica. En cuanto a la responsabilidad política, es la que el titular de un determinado cargo político tiene ante una generalidad de personas que no tienen hacia él un específico y directo poder “sancionatorio”, pero, más simplemente, una capacidad indirecta de influenciar sus comportamientos y aquellos de los órganos que son competentes para removerlo del cargo, obligar a su renuncia o para castigar políticamente sus acciones. La segunda se da, al contrario, cuando el ejercicio del poder se valora según parámetros normativos jurídicamente relevantes y se somete a las sanciones propias del ordenamiento jurídico, o sea, a aquellas de tipo penal, civil o administrativa (se habla, por ello, de responsabilidad penal, de responsabilidad civil y de responsabilidad administrativa). Es decir, para fincar responsabilidades, se necesitan pruebas y el seguimiento de un debido proceso que respete los derechos humanos.

En el sistema presidencial de gobierno, por ejemplo, el juicio de procedencia respecto de la responsabilidad política, no se refiere a actos predominantemente políticos de gobierno, o referentes a la política en sí misma, sino a violaciones jurídicas expresas a la Constitución, que causen perjuicio a los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho.

Esta consulta popular no nos propone a los ciudadanos una justicia como se entiende en un Estado constitucional y democrático de Derecho, sino algo muy parecido a lo que refiere Mario Stoppino ("Diccionario de política", Siglo Veintiuno Editores, México, 2000), al reseñar los diversos significados de la palabra "manipulación": "Desde el punto de vista axiológico, la manipulación es un fenómeno unívoca y decididamente negativo. De todas las formas del poder es la que merece una condenación moral más fuerte. Se ha dicho, por ejemplo, que constituye ‘el rostro más torpe del poder’, o ‘la forma más inhumana de violencia’, o que el sujeto que la sufre ‘es defraudado en el alma’. Por ello, ‘se pueden guiar ocultamente las creencias y las acciones de un individuo o de un grupo, controlando y modelando las comunicaciones que recibe acerca del ambiente relevante. Esta forma de manipulación se puede llamar distorsión o supresión de la información’."

528 millones de pesos costará organizar la consulta popular. Un despilfarro grosero en estos tiempos, del dinero público. Para que el resultado de esta sea vinculante, se necesita de la participación de 40% de la lista nominal de electores, es decir, de 37.4 millones de personas. Como otros, no me sumaré el 1 de agosto a validar la demagogia.

En el siglo XVII, Lope de Vega escribe en Madrid la obra de teatro Fuenteovejuna, historia en donde el pueblo de la localidad, harto de las crueldades, perversidades y abusos del Comendador, toma justicia por propia mano y asesina al funcionario, siendo absuelto todo el pueblo por los Reyes Católicos, al no poder identificarse a los culpables directos del crimen, quienes, a la pregunta del juez de quién mató al Comendador, respondieron todos a una: “Fuenteovejuna, señor”. Algo así propone el gobierno con la consulta popular que hará este 1 de agosto, preguntando al pueblo si es su deseo que las instituciones del Estado mexicano observen y apliquen las funciones y obligaciones establecidas para ellas por la Constitución y las leyes. Una justicia a contentillo.

El gobierno dice que las mañaneras representan un ejercicio de información pública y rendición de cuentas. Allá quien le crea. Este martes, el presidente López Obrador declaró, traduciendo según él el “verdadero” sentido de la consulta popular a celebrarse este 1 de agosto, en un evidente acto deliberado de desinformación (es decir, falso), la siguiente joya: “¿Quieres que se investigue y se juzgue a los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto? ¿Sí o no? Es otro texto –se refiere el presidente a la pregunta reformulada por la Corte en octubre del año pasado- pero en esencia es eso”. En efecto, la pregunta a formularse en la consulta tiene otro texto. Es rotundamente falso que la “esencia” de la misma sea la que manifiesta López Obrador. En la consulta no se pregunta si debe enjuiciarse a los ex presidentes, por lo que habrá que ponerle una raya más al tigre: al 31 de mayo de este año y según SPIN- Taller de Comunicación Política, van 53 mil 773 afirmaciones no verdaderas dichas en las conferencias matutinas.

Reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación –vía la diligencia redactora del Ministro presidente Arturo Zaldívar-, la pregunta que estará en la boleta diseñada por el INE se formuló así: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Asusta la brumosa vaguedad de la pregunta, su falta de claridad, la indeterminación de su objeto (“esclarecimiento de las decisiones políticas”) y de los sujetos a los que se pretende referir (todos los actores políticos en “los años pasados”), pero aún más, el hecho que esta implica de dar paso a la arbitrariedad al conferir –contrario a los principios del Estado constitucional y democrático de Derecho y del Derecho Público de competencias expresas y límites normativos- a un ilusorio Fuenteovejuna realizar “las acciones pertinentes” que en realidad son intereses políticos individuales del presidente y su grupo en el poder.

Poco importan en la formulación de la consulta, las formas de responsabilidad relevantes bajo el perfil constitucional, que son fundamentalmente dos: la política y la jurídica. En cuanto a la responsabilidad política, es la que el titular de un determinado cargo político tiene ante una generalidad de personas que no tienen hacia él un específico y directo poder “sancionatorio”, pero, más simplemente, una capacidad indirecta de influenciar sus comportamientos y aquellos de los órganos que son competentes para removerlo del cargo, obligar a su renuncia o para castigar políticamente sus acciones. La segunda se da, al contrario, cuando el ejercicio del poder se valora según parámetros normativos jurídicamente relevantes y se somete a las sanciones propias del ordenamiento jurídico, o sea, a aquellas de tipo penal, civil o administrativa (se habla, por ello, de responsabilidad penal, de responsabilidad civil y de responsabilidad administrativa). Es decir, para fincar responsabilidades, se necesitan pruebas y el seguimiento de un debido proceso que respete los derechos humanos.

En el sistema presidencial de gobierno, por ejemplo, el juicio de procedencia respecto de la responsabilidad política, no se refiere a actos predominantemente políticos de gobierno, o referentes a la política en sí misma, sino a violaciones jurídicas expresas a la Constitución, que causen perjuicio a los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho.

Esta consulta popular no nos propone a los ciudadanos una justicia como se entiende en un Estado constitucional y democrático de Derecho, sino algo muy parecido a lo que refiere Mario Stoppino ("Diccionario de política", Siglo Veintiuno Editores, México, 2000), al reseñar los diversos significados de la palabra "manipulación": "Desde el punto de vista axiológico, la manipulación es un fenómeno unívoca y decididamente negativo. De todas las formas del poder es la que merece una condenación moral más fuerte. Se ha dicho, por ejemplo, que constituye ‘el rostro más torpe del poder’, o ‘la forma más inhumana de violencia’, o que el sujeto que la sufre ‘es defraudado en el alma’. Por ello, ‘se pueden guiar ocultamente las creencias y las acciones de un individuo o de un grupo, controlando y modelando las comunicaciones que recibe acerca del ambiente relevante. Esta forma de manipulación se puede llamar distorsión o supresión de la información’."

528 millones de pesos costará organizar la consulta popular. Un despilfarro grosero en estos tiempos, del dinero público. Para que el resultado de esta sea vinculante, se necesita de la participación de 40% de la lista nominal de electores, es decir, de 37.4 millones de personas. Como otros, no me sumaré el 1 de agosto a validar la demagogia.