Desde que México es un Estado independiente (1821), la lucha de la mujer por la igualdad, el reconocimiento a sus derechos y su pleno ejercicio, la participación política y por ocupar cargos en la administración pública en los tres niveles de gobierno ha sido una constante.
Esta perseverancia de la mujer ha dado frutos, ha logrado que se les reconozca la igualdad en el hogar, el derecho a votar, la licencia de maternidad, la igualdad jurídica, la eliminación de las restricciones laborales, que transmita la nacionalidad a su cónyuge, el respeto pleno de los derechos humanos, la igualdad de las candidaturas a puestos de elección popular, tipificar la violencia política de género y garantizar la igualdad en los puestos de la administración pública. Todos ellos son triunfos que merecen ser valorados en su exacta dimensión.
Esta lucha incesante ha cambiado el clima institucional en Sinaloa. Las voces de diferentes actores políticos se escuchan sólidas y fuertes; los procedimientos democráticos para las relaciones entre poderes y órdenes de gobierno se implementan con éxito y se renuevan los instituidos para la protección de los derechos políticos y civiles de la ciudadanía. Esto, sin duda, da cuenta del estado de salud de nuestra democracia.
Me explico. Hace unos días el Congreso local realizó importantes cambios legislativos, ya que reformó la Constitución Política del Estado de Sinaloa para garantizar la paridad de género en los puestos de la administración pública a partir del próximo proceso electoral (2021), se modificó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para erradicar la violencia de género y se adicionaron diversas causas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para sancionar la violencia política de género.
Con estas modificaciones, las mujeres podrán acceder, en iguales condiciones, a puestos en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES), la administración pública estatal y paraestatal, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) y los municipios. También garantiza sus derechos político-electorales, por lo que ejercerán sus puestos y candidaturas, libres de violencia política, sin discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Aquí quiero destacar las adiciones que se hicieron a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hoy esta ley reconoce que la violencia puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatos o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas particulares.
Para un servidor, es importante destacar que estas modificaciones no son nuevas. Desde la 61 Legislatura, el Partido Sinaloense presentó una serie de reformas en ese mismo sentido, las cuales fueron ratificadas en los siguientes parlamentos (62 y 63 Legislatura) y hoy son retomadas para llegar a tener esta equidad de género en toda la estructura de gobierno, las candidaturas a puestos de elección popular, así como que se tipifique la violencia de género contra la mujer.
En este proceso ha sido nodal el papel tanto de la diputada Angélica Díaz como del Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño, en el sentido de actualizar y ser perseverantes en iniciativas que logren alcanzar la igualdad de género y la no violencia política y de otro orden contra las mujeres. Mi reconocimiento para ellos.
Bajo esta nueva normatividad, las mujeres y hombres, que deseen obtener los puestos administrativos públicos, como las candidaturas de elección popular, deben tener claro que no por ser de algún género ocuparán estas posiciones. Este logro significa que cada uno de los nuevos funcionarios llegarán por dos razones: porque son capaces, están preparados para desarrollar esa función y lo han demostrado, y porque fueron seleccionados por la ciudadanía.
Por lo pronto, estaremos muy pendientes del proceso electoral 2020-2021, que según las últimas reformas electorales iniciarán en diciembre, esto si la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no emite un dictamen contra la acción de inconstitucionalidad que presentó el PAS para que el Congreso emita la convocatoria en septiembre.
Se advierte un proceso muy difícil e inédito. La pandemia transformó la forma de hacer política y la inestabilidad económica ya se está presentando, por lo que las campañas políticas no será nada fácil; convencer al electorado podrá ser como obtener un posgrado o especialidad en alguna rama profesional.
Como ciudadano sinaloense y respetuoso de la normatividad vigente en el país y el estado, defenderé el derecho de los seres humanos, hombres o mujeres, para que se expresen libremente, y hago votos para que en este proceso electoral prevalezca la razón, las ideas y las propuestas que fortalezcan la democracia, fundamental para salir de todos nuestros problemas como nación.
Culiacán Sinaloa, a 7 de julio del 2020.
Cuídense, y si pueden, quédense en casa.
