El pasado viernes 9 de julio, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió el único medio de impugnación interpuesto para controvertir los resultados de la elección para gobernador del estado de Sinaloa, donde salió victorioso de manera contundente el doctor Rubén Rocha Moya, postulado por la alianza del Partido Sinaloense (PAS) y el partido Morena.
Se trató de una resolución de mero trámite, pues no existían argumentos serios o creíbles que pusieran en duda la abrumadora y clara voluntad de los sinaloenses a favor del candidato pasista-morenista. Fue un “pataleo” jurídico innecesario que sólo vino a generar un nuevo episodio de derrota en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la parte actora o impugnante en este litigio.
Para darnos una idea de lo inviable de esta anecdótica demanda, basta citar los motivos legales que pueden dar pie a una nulidad de la elección de gobernador de acuerdo a nuestra vigente Ley del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa:
“Artículo 170. Son causales de nulidad de la elección de Gobernador del Estado cualquiera de las siguientes:
I. Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo 167 (irregularidades diversas) de esta ley se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el territorio estatal y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos;
II. Cuando en el territorio estatal no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; y,
III. Cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible.”
Como fácilmente puede concluirse, ninguna de las tres causales se actualiza. El pasado seis de junio se vivió una elección histórica, con una alta participación ciudadana (50 por ciento) y un ganador contundente (56 por ciento). Efectivamente, como en toda elección, hubo incidentes, pero estos fueron aislados, no significativos y de ninguna manera determinantes para influir en el resultado final de la votación. De hecho, es muy sintomático que el PRI en su recurso de inconformidad centralmente no invoque violaciones a la ley, sino que argumente conceptos genéricos e imprecisos, limitándose a reclamar “violaciones a tres principios jurídicos constitucionales: de libertad del voto, de equidad y de certeza”.
Sin embargo, la resolución unánime de los cinco magistrados del Tribunal Electoral de Sinaloa es muy contundente, y vale la pena citar en su parte nodal:
“no se tuvo por acreditada la violencia generalizada en el Estado de Sinaloa antes y durante la jornada electoral, pues, tal como se desprende de las constancias que obran en el expediente, sólo se demostró que de manera aislada acontecieron algunos actos de violencia en el 0.46 % de las casillas instaladas (4,986) en el Estado de Sinaloa. Además, se probó que en el Estado de Sinaloa hubo una participación ciudadana de 49.50%, y que el primer lugar obtuvo el 56.60% con 624,225 votos, mientras que el segundo obtuvo el 32.49% con 358, 313 votos, existiendo una diferencia de 24.11 %. Por lo que, con independencia de que se acreditaron las referidas irregularidades, las mismas no son determinantes para el resultado de la votación ni, por consecuencia, para anular la elección estatal impugnada. En ese sentido, las irregularidades acreditadas en el expediente no tuvieron la trascendencia para afectar de manera negativa los principios que rigen una elección democrática.”
En consecuencia, a partir del primero de noviembre no sólo tendremos un gobierno legalmente electo sino el más legítimo de todos, pues la votación del doctor Rubén Rocha Moya fue la más alta de las 15 elecciones para gobernador, y con el porcentaje más alto en los últimos 25 años en Sinaloa. Además, abonando el tema de la legitimidad, ya lo ha dicho el gobernador electo, una de sus prioridades será atender el tema crucial del empleo, que nos permita darle oportunidades a los 15 mil jóvenes que se incorporan anualmente al mercado laboral, mediante una estrategia que detone un crecimiento del PIB del 4% anual y se puedan crear mínimamente 40 mil nuevos empleos al año, tal como lo consigna la plataforma electoral 2021 del PAS, que denominamos Sinaloa Quiere y que cualquier ciudadano interesado puede consultar en internet.
