/ viernes 22 de mayo de 2020

Fuera máscaras: la militarización de la seguridad pública

De manera sorpresiva, en el marco de la pandemia del COVID-19, cuando la preocupación de todos los mexicanos está centrada en atender la emergencia sanitaria y económica, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes 11 de mayo un Acuerdo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, que ordena la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta el 2024, año en que concluye el actual sexenio.

Al respecto, habría que recordar que la intervención del ejército y la marina en actividades de seguridad pública quedó prevista como una alternativa en la reforma constitucional de marzo del 2019, que creó la Guardia Nacional.

El artículo 5 transitorio de la citada reforma constitucional, establece que durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la república podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública.

López Obrador ha decido ejercer dicha facultad, y con ello implícitamente está reconociendo la derrota de su estrategia de seguridad, basada en “abrazos y no balazos”. Y es que los resultados no pueden ser más desastrosos. 2019 ha sido el año más violento en la historia reciente de México, con 34 mil 582 homicidios dolosos. Ni siquiera el coronavirus ha detenido la creciente ola delictiva. En el mes de abril, en plena cuarentena por la pandemia, se tuvieron 3 mil 030 homicidios dolosos, lo que significa 100 asesinatos por día y uno cada 4 horas.

Con este Acuerdo, el presidente de la república también admite prácticamente el fracaso de su proyecto más importante en materia de seguridad, como lo es la Guardia Nacional. Pero como lo ha dicho Alejandro Hope, la prioridad de Andrés Manuel López Obrador no era realmente la Guardia Nacional, sino legalizar e institucionalizar la participación del ejército en las actividades de seguridad pública.

En ese sentido, el Acuerdo ordenado por el ejecutivo federal representa sin duda un acto de incongruencia política. En sus años como líder opositor y como candidato a la presidencia de la república, López Obrador criticó duramente la intervención de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.

Quien hoy ocupa la titularidad del poder ejecutivo federal, se opuso a la militarización y señaló que el ejército estaba para defender la soberanía nacional y no para realizar labores policiacas. El ahora presidente de la república, acusó al ejército de reprimir al pueblo y de violentar los derechos humanos.

Andrés Manuel López Obrador, desconoce estas palabras que pronunció durante muchos años e incumple su promesa de regresar el ejército a los cuarteles. La Cuarta Transformación ha dicho fuera máscaras: la apuesta es militarizar la seguridad pública.

Nadie en su sano juicio pude dejar de reconocer que en un escenario de creciente violencia, como el que ha vivido nuestro país en los últimos años, la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la criminalidad es necesaria. Pero hubo quienes se resistieron a admitirlo, como el hoy presidente de la república.

Ante la debilidad de las policías federales, estatales y municipales, y ante el fracaso de la Guardia Nacional, la única opción que tiene López Obrador es recurrir al ejército y a la marina, para intentar contener una espiral de violencia que crece día con día.

Sin embargo, la intervención de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública se ha concebido siempre como un esfuerzo complementario al trabajo de las policías. Con el Acuerdo del 11 de mayo, el presidente de la república busca normalizar lo que antes era algo extraordinario.

Con su decisión, López Obrador deja en claro que en su agenda no aparece como un tema relevante el fortalecimiento de las corporaciones policiacas estatales y municipales, y ahora sí la seguridad de los mexicanos dependerá casi en todo de lo que puedan hacer el ejército y la marina.

En su cambio de opinión, el presidente de la república se ha ido al otro extremo y ha caminado mucho más allá de lo que hicieron sus antecesores. En su Acuerdo, el ejecutivo federal faculta a las fuerzas armadas para prevenir delitos y faltas administrativas, fungir como primeros respondientes, preservar y procesar la escena del crimen, registrar personas, catear domicilios, ejecutar órdenes de aprensión, poner a detenidos a disposición de las autoridades competentes y asegurar bienes.


Héctor de Mauleón advierte que el Acuerdo del presidente de la república otorga al ejército atribuciones inéditas y peligrosas, entre ellas una que fue el sueño de las peores y sangrientas dictaduras que se registraron en América Latina: el derecho a detener ciudadanos.

Diversas voces han cuestionado el Acuerdo suscrito por Andrés Manuel López Obrador, en el cual se dice que la participación del ejército y la marina en las tareas de seguridad pública deberá ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Los supuestos anteriores, no se cumplen estrictamente. En principio, no se justifica la situación extraordinaria para tomar tal decisión, con lo cual se violenta el precepto de certeza jurídica. La única explicación, que no se refiere por supuesto en el Acuerdo, es que el gobierno federal esté previendo y temiendo manifestaciones de inconformidad social, por el desempleo y la pobreza que dejará como secuela la pandemia del COVID-19.

Una falla crucial, es que el Acuerdo presidencial no incorpora mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas. La fiscalización no queda en manos de una instancia externa, sino que se confiere a los órganos de control interno de las propias dependencias participantes, que serán juez y parte.

En el multicitado Acuerdo, se dice que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal trabajará en “coordinación” con las Secretarías de Defensa Nacional y Marina, con lo cual se diluye la condición subordinada que debe tener la intervención de las fuerzas armadas y se contradice el principio del control civil que debe prevalecer en la conducción y mando de las tareas de seguridad pública.

Por todo ello, diversos y prestigiados juristas han dicho que el Acuerdo ordenado por López Obrador violenta principios esenciales del orden constitucional. En la autorizada opinión de Pedro Salazar, este Acuerdo nos coloca de facto en un estado de excepción.

Otorgar a los miliares y marinos la facultad de arrestar y detener civiles, trasgrede el mandato constitucional que establece que en la investigación de los delitos los cuerpos de la policía deben actuar bajo el mando y conducción del ministerio público.

La decisión del ejecutivo federal, desconoce la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2018 contra el Estado mexicano, y cuyas resoluciones son vinculantes para nuestro país, donde se pronuncia por que los órganos de seguridad pública del país estén en manos de civiles y no de militares.

Asimismo, el Acuerdo emitido por el presidente de la república es contrario a lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la nación, que determinó la subordinación de cualquier acción de las fuerzas armadas a las autoridades civiles.

El ejército y la marina, sin duda son instituciones que tienen todo el reconocimiento de los mexicanos. El problema es que en el actual gobierno se ha observado un propósito deliberado de fortalecer su presencia y protagonismo en diversos ámbitos de la vida nacional.

No solo es forzar su participación en las tareas de seguridad pública. Andrés López Obrador le asignó a las fuerzas armadas la responsabilidad de combatir el huachicoleo y escoltar pipas para transportar combustible; lo involucró en la distribución de libros de texto; y le concedió la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de las sucursales del Banco del Bienestar y dos tramos del Tren Maya.

Es posible que el presidente de la república confíe en el orden, disciplina y eficacia del ejército y la marina para cumplir esta multiplicidad de tareas. Pero depositar tanto poder en las fuerzas armadas, puede tener consecuencias indeseables en el futuro.

De manera sorpresiva, en el marco de la pandemia del COVID-19, cuando la preocupación de todos los mexicanos está centrada en atender la emergencia sanitaria y económica, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes 11 de mayo un Acuerdo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, que ordena la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta el 2024, año en que concluye el actual sexenio.

Al respecto, habría que recordar que la intervención del ejército y la marina en actividades de seguridad pública quedó prevista como una alternativa en la reforma constitucional de marzo del 2019, que creó la Guardia Nacional.

El artículo 5 transitorio de la citada reforma constitucional, establece que durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la república podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública.

López Obrador ha decido ejercer dicha facultad, y con ello implícitamente está reconociendo la derrota de su estrategia de seguridad, basada en “abrazos y no balazos”. Y es que los resultados no pueden ser más desastrosos. 2019 ha sido el año más violento en la historia reciente de México, con 34 mil 582 homicidios dolosos. Ni siquiera el coronavirus ha detenido la creciente ola delictiva. En el mes de abril, en plena cuarentena por la pandemia, se tuvieron 3 mil 030 homicidios dolosos, lo que significa 100 asesinatos por día y uno cada 4 horas.

Con este Acuerdo, el presidente de la república también admite prácticamente el fracaso de su proyecto más importante en materia de seguridad, como lo es la Guardia Nacional. Pero como lo ha dicho Alejandro Hope, la prioridad de Andrés Manuel López Obrador no era realmente la Guardia Nacional, sino legalizar e institucionalizar la participación del ejército en las actividades de seguridad pública.

En ese sentido, el Acuerdo ordenado por el ejecutivo federal representa sin duda un acto de incongruencia política. En sus años como líder opositor y como candidato a la presidencia de la república, López Obrador criticó duramente la intervención de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.

Quien hoy ocupa la titularidad del poder ejecutivo federal, se opuso a la militarización y señaló que el ejército estaba para defender la soberanía nacional y no para realizar labores policiacas. El ahora presidente de la república, acusó al ejército de reprimir al pueblo y de violentar los derechos humanos.

Andrés Manuel López Obrador, desconoce estas palabras que pronunció durante muchos años e incumple su promesa de regresar el ejército a los cuarteles. La Cuarta Transformación ha dicho fuera máscaras: la apuesta es militarizar la seguridad pública.

Nadie en su sano juicio pude dejar de reconocer que en un escenario de creciente violencia, como el que ha vivido nuestro país en los últimos años, la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la criminalidad es necesaria. Pero hubo quienes se resistieron a admitirlo, como el hoy presidente de la república.

Ante la debilidad de las policías federales, estatales y municipales, y ante el fracaso de la Guardia Nacional, la única opción que tiene López Obrador es recurrir al ejército y a la marina, para intentar contener una espiral de violencia que crece día con día.

Sin embargo, la intervención de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública se ha concebido siempre como un esfuerzo complementario al trabajo de las policías. Con el Acuerdo del 11 de mayo, el presidente de la república busca normalizar lo que antes era algo extraordinario.

Con su decisión, López Obrador deja en claro que en su agenda no aparece como un tema relevante el fortalecimiento de las corporaciones policiacas estatales y municipales, y ahora sí la seguridad de los mexicanos dependerá casi en todo de lo que puedan hacer el ejército y la marina.

En su cambio de opinión, el presidente de la república se ha ido al otro extremo y ha caminado mucho más allá de lo que hicieron sus antecesores. En su Acuerdo, el ejecutivo federal faculta a las fuerzas armadas para prevenir delitos y faltas administrativas, fungir como primeros respondientes, preservar y procesar la escena del crimen, registrar personas, catear domicilios, ejecutar órdenes de aprensión, poner a detenidos a disposición de las autoridades competentes y asegurar bienes.


Héctor de Mauleón advierte que el Acuerdo del presidente de la república otorga al ejército atribuciones inéditas y peligrosas, entre ellas una que fue el sueño de las peores y sangrientas dictaduras que se registraron en América Latina: el derecho a detener ciudadanos.

Diversas voces han cuestionado el Acuerdo suscrito por Andrés Manuel López Obrador, en el cual se dice que la participación del ejército y la marina en las tareas de seguridad pública deberá ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Los supuestos anteriores, no se cumplen estrictamente. En principio, no se justifica la situación extraordinaria para tomar tal decisión, con lo cual se violenta el precepto de certeza jurídica. La única explicación, que no se refiere por supuesto en el Acuerdo, es que el gobierno federal esté previendo y temiendo manifestaciones de inconformidad social, por el desempleo y la pobreza que dejará como secuela la pandemia del COVID-19.

Una falla crucial, es que el Acuerdo presidencial no incorpora mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas. La fiscalización no queda en manos de una instancia externa, sino que se confiere a los órganos de control interno de las propias dependencias participantes, que serán juez y parte.

En el multicitado Acuerdo, se dice que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal trabajará en “coordinación” con las Secretarías de Defensa Nacional y Marina, con lo cual se diluye la condición subordinada que debe tener la intervención de las fuerzas armadas y se contradice el principio del control civil que debe prevalecer en la conducción y mando de las tareas de seguridad pública.

Por todo ello, diversos y prestigiados juristas han dicho que el Acuerdo ordenado por López Obrador violenta principios esenciales del orden constitucional. En la autorizada opinión de Pedro Salazar, este Acuerdo nos coloca de facto en un estado de excepción.

Otorgar a los miliares y marinos la facultad de arrestar y detener civiles, trasgrede el mandato constitucional que establece que en la investigación de los delitos los cuerpos de la policía deben actuar bajo el mando y conducción del ministerio público.

La decisión del ejecutivo federal, desconoce la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2018 contra el Estado mexicano, y cuyas resoluciones son vinculantes para nuestro país, donde se pronuncia por que los órganos de seguridad pública del país estén en manos de civiles y no de militares.

Asimismo, el Acuerdo emitido por el presidente de la república es contrario a lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la nación, que determinó la subordinación de cualquier acción de las fuerzas armadas a las autoridades civiles.

El ejército y la marina, sin duda son instituciones que tienen todo el reconocimiento de los mexicanos. El problema es que en el actual gobierno se ha observado un propósito deliberado de fortalecer su presencia y protagonismo en diversos ámbitos de la vida nacional.

No solo es forzar su participación en las tareas de seguridad pública. Andrés López Obrador le asignó a las fuerzas armadas la responsabilidad de combatir el huachicoleo y escoltar pipas para transportar combustible; lo involucró en la distribución de libros de texto; y le concedió la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de las sucursales del Banco del Bienestar y dos tramos del Tren Maya.

Es posible que el presidente de la república confíe en el orden, disciplina y eficacia del ejército y la marina para cumplir esta multiplicidad de tareas. Pero depositar tanto poder en las fuerzas armadas, puede tener consecuencias indeseables en el futuro.

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