A principios del mes de abril del presente año, el presidente de la república Andrés Manuel López Orador publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto en el que ordenó extinguir todos los fideicomisos públicos que no contaran con estructura orgánica.
En la sorpresiva propuesta del presidente de la república, se fijó como plazo el 15 de abril para concentrar en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos públicos que formen parte de dichos fideicomisos.
Quedaron excluidos de la instrucción del ejecutivo federal los fideicomisos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo, cuya extinción requiere de reformas constitucionales o legales, así como los que sirven como mecanismo de deuda pública o que tienen como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
En el lacónico Decreto del presidente de la república, de solo 7 breves artículos, nada se dice sobre los motivos que sustentan tal medida. Únicamente se invoca la traída y llevada “austeridad republicana” y el objetivo de combatir el despilfarro y administrar los recursos con transparencia y honradez.
López Obrador aclaró en una de sus conferencias de prensa mañaneras, que los recursos obtenidos por la extinción de los fideicomisos se destinarían a tres prioridades: fortalecer los programas sociales, impulsar la reactivación económica y promover la generación de empleos.
Como en los tiempos del “viejo régimen”, la mayoría legislativa de Morena en la cámara de diputados acató la orden presidencial y el 19 de mayo presentó una iniciativa para reformar 14 leyes, con el fin de eliminar 44 fideicomisos y modificar el funcionamiento de otros 4, lo que permitiría – se dijo- al gobierno federal disponer de 91 mil millones de pesos para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid-19.
Esta iniciativa, plantea eliminar fideicomisos relacionados con estímulos al cine, atención a víctimas de delitos, protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el Fondo Nacional de Infraestructura, el Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, Fondo Nacional de Desastres Naturales, entre otros.
La iniciativa de Morena encontró fuerte resistencia entre los beneficiarios de los fideicomisos, sobre todo de la comunidad académica y científica, investigadores, deportistas, creadores y artistas. Entre las voces más críticas, destacaron las de los prestigiados cineastas Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro Gonzáles Iñárritu, que se opusieron a la pretensión de eliminar el Fondo de inversión y Estímulos al Cine.
Ante estos cuestionamientos, Morena decidió enviar a la congeladora legislativa la propuesta, de manera indefinida. Se acordó realizar un ejercicio de parlamento abierto, para analizar el funcionamiento de los fideicomisos, con la participación de sus beneficiarios.
El 22 de julio, en otra de sus mañaneras, el presidente de la república formuló un “reclamo fraterno” a los legisladores de su partido Morena, por no haber incluido en un período extraordinario de sesiones la propuesta para desaparecer los fideicomisos.
Como era de esperarse, el regaño público de Andrés Manuel López Obrador tuvo efecto. Los legisladores de Morena hicieron a un lado las razones expuestas en los ejercicios de parlamento abierto y el 9 de septiembre presentan una nueva iniciativa para eliminar otros 11 fideicomisos públicos, que sumados a los 44 de la primera propuesta, permitirían que el gobierno federal disponga de 154 mil millones de pesos, para atender los problemas derivados de la pandemia del coronavirus, particularmente la compra de la vacuna.
En esta iniciativa complementaria, se plantea extinguir diversos fondos de apoyo a la investigación científica y la innovación tecnológica, el Fondo de Salud para el Bienestar, Fondo Metropolitano, Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de Mipymes y Emprendedores, Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y Fondo de Gastos Catastróficos para la salud.
Finalmente, la mayoría de Morena en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó un Dictamen que eleva a 109 los fideicomisos y fondos condenados a desaparecer. Con ello, el gobierno federal dispondrá de 68 mil millones de pesos (no los 154 mil millones que se dijo en un principio), para atender los efectos sanitarios y económicos de la pandemia del Covid-19 y garantizar la continuidad de los programas sociales.
La propuesta para extinguir los fideicomisos públicos es arbitraria e irracional. No hay argumentos sólidos y convincentes que justifiquen esta decisión tan aberrante. Se repite la misma y desgastada retórica de la opacidad, falta de transparencia y corrupción. Pero todo son meros supuestos. No se demuestra nada de ello, mucho menos se presentan denuncias contra posibles responsables.
Se trata de una propuesta draconiana e irracional, porque se mide con el mismo rasero a fideicomisos que son muy diferentes entre sí, por su dimensión, objetivos, forma de operación y resultados.
En un universo tan amplio de fideicomisos, por supuesto que puede haber algunos que resulten innecesarios o que presenten efectivamente problemas de falta de transparencia y corrupción.
La sensatez recomendaría una revisión a fondo y pormenorizada, con bisturí, de cada uno de estos fideicomisos, para evaluar su impacto y resultados y determinar cuáles deberían seguir operando, por la utilidad y beneficios que representan, y cuáles habría que extinguir.
Pero no fue así. En lugar de la revisión fina, con bisturí, el presidente de la república y Morena han optado por utilizar el machete de manera indiscriminada, para recortar presupuesto a instituciones, dependencias y fondos, y concentrar más recursos en el ejecutivo federal, para destinarlos a las obras faraónicas y a los programas clientelares y electoreros.
La crisis económica agravada con la pandemia del Covid-19, ha impactado muy negativamente en las finanzas públicas. Los ingresos presupuestales totales del gobierno federal disminuyeron 19.2%, en términos reales, en el mes de julio del presente año.
Esta caída fue compensada con la recuperación que llevó a cabo el SAT de créditos fiscales de grandes deudores, así como el uso del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. En dos años, Andrés Manuel López Obrador y Morena agotaron el 90% de los recursos de este Fondo.
Para el 2021 ya no habrá “guardaditos”. El gobierno federal no tendrá dinero suficiente, para enfrentar sus múltiples y onerosos compromisos. Por eso, con el machete en mano y bien afilado están buscado recursos por todas partes, al costo que sea.
En esa obsesión se inscribe la propuesta de extinción de 109 fideicomisos, muchos de los cuales son instrumentos vitales para financiar con certidumbre y transparencia importantes políticas públicas. La pregunta es: ¿qué sigue en este proceso demencial de destrucción institucional que impulsa la mal llamada Cuarta Transformación?
