La violencia que lleva al feminicidio es un hecho social constante, con modalidades diversas y que impacta de manera directa sobre nuestra percepción de la garantía de seguridad, así como de la forma en la que se aplica la justicia en nuestro estado.
Hace unos días nos enteramos de cómo un policía estatal cometió el delito de feminicidio. La información a la que se tiene acceso es que, en un entorno de fiesta familiar, hubo un desacuerdo con su pareja por retirarse del lugar y llevarse al hijo de ambos; la mamá de la mujer entró en auxilio, lo que tuvo como consecuencia una reacción violenta y desmedida: fue asesinada a balazos en el lugar.
Estas acciones nos dejan ver la magnitud de un problema serio: ¿en manos de quién está la justicia?, y ¿cuál es el perfil de nuestros cuerpos policiacos? Por supuesto que no es una pregunta nueva, por lo que nos preocupa la falta de acciones que nos ayuden a tener un equipo de seguridad efectivo, eficiente y sobre todo: que los victimarios y perpetradores de la violencia de género no se encuentra camuflajeados en estas filas.
Recordemos que hace unos años, previo al inicio de la pandemia, actos vejatorios y violentos perpetrados por policías en la Ciudad de México y otras entidades del país fueron los que dieron fuerza y origen a un movimiento nacional: la marcha masiva del 8 de marzo del 2020 contra el machismo y la violencia feminicida, sin embargo, este cáncer sigue vivo, latente y sobrevive entre quienes están ahí para prevenirla, atenderla y erradicarla.
Las leyes no son suficientes. Las políticas públicas que sustantiven en protocolos para la prevención de la violencia en los cuerpos policiacos son un imperativo: sí, en medio de la pandemia; sí, en medio de la crisis económica y de salud pública, ya que estos resultan en agravantes en el desempeño y actuación de las autoridades.
A inicios del siglo XXI, la Escuela Nacional de Policía de Uruguay mandató en sus capacitaciones la incorporación de la perspectiva de género, la salud sexual y reproductiva, la violencia doméstica con enfoque de derechos humanos, bajo un sistema de monitoreo constante… El cambio a partir de esas transformaciones fue sustancial en la actuación de las y los servidores policiales.
Sumaría además la enorme necesidad de contemplar las masculinidades positivas, el manejo de la ira y la salud emocional. La cultura de la violencia nos avasalla en nuestro entorno, requieren seguimiento y apoyo constante para deconstruir estas respuestas sociales en todas las relaciones sociales, especialmente en aquellas donde la violencia feminicida hace su principal aparición: familiares, de pareja, parentesco.
Cuando aconsejamos a nuestras hijas, amigas, acerca de qué hacer cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, siempre confiamos que acercarse a las autoridades policiales, e incluso denunciar, son acciones que evitarán que el problema se haga más grande, porque pensamos que estas acciones no solo salvan sus vidas sino también las de otras mujeres, sin embargo, los datos nos hacen pedir acciones contrarias.
Esta complejidad de la violencia de género que ejercen las autoridades policiales exigen de nuestra atención y reclamo de acciones contundentes: no más amparo de impunidad para las y los perpetradores, y seguimos diciéndolo: “Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Ni una menos”.
