A principios del presente periodo legislativo, en el Senado de la República aprobamos una reforma icónica de la Cuarta Transformación. Se trata de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que busca recuperar la rectoría del Estado en materia de despacho de la generación de energía eléctrica en nuestro país.
Por ello, la oposición inició una jornada de descalificación y controversia judicial contra dicha reforma, con argumentos falaces como decir que es inconstitucional y que se violenta el T-MEC, desconociendo el hecho de que aquella, justamente, se deriva del artículo 28 de nuestra Constitución, que le otorga a la nación la exclusividad en el “control”, la “planeación”, el “servicio público” y “la distribución”.
Tampoco se violentan los compromisos asumidos en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Por el contrario, dicho tratado, a diferencia del TLC, es más preciso en la determinación del manejo soberano de las políticas energéticas de cada país.
También se ha señalado que hay un regreso al estatismo y el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad en la generación eléctrica. Para empezar, la propia Constitución establece que no se consideran monopolios las actividades económicas exclusivas de la nación. Pero además, la reforma en cuestión no propone que solo el Estado genere electricidad; se sigue contemplando la participación de los particulares, nacionales y extranjeros, solo que en una nueva condición de piso parejo para la CFE.
Actualmente las inversiones que se han desarrollado por privados en los últimos 30 años ya no permiten que la CFE se convierta en un monopolio. Simplemente vale recordar que la participación privada en el Mercado Eléctrico Mayorista en 2020 es del 60.6% y el de la Comisión Federal de Electricidad es del 39.4%.
Más bien, de lo que se trata es de establecer un equilibrio que garantice la confiabilidad y seguridad energética, como criterios de seguridad nacional en correspondencia con la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, además de que permitirá mantener el compromiso que ha establecido la actual administración para que no haya incrementos en las tarifas de energía eléctrica, más allá de la inflación.
La reforma realizada no genera incertidumbre. Al contrario, permite precisar las reglas de la participación de los privados y del Estado en la generación de electricidad, y fortalece la certidumbre para que las tarifas eléctricas no aumenten y para que la nación tenga seguridad en el abastecimiento del fluido eléctrico.
La electricidad que se producirá no será más sucia ni más cara. Se ha corrido la versión de que los particulares producen energías limpias y la CFE energía sucia. No es así. Hay particulares que producen electricidad sobre la base del gas y particulares que producen energía eólica después de arrasar grandes superficies de tierra cultivable. En cambio, hay energía limpia generada por la CFE a través del agua que no está reconocida en la ley.
En México el 60% de la energía se produce con gas natural, siendo uno de los combustibles más limpios en el mundo; el 24% se produce por medio de energías limpias (hidráulica, geotérmica, nuclear, eólica y fotovoltaica) y el 16% con carbón, combustóleo y diésel, por ser más rentable su aprovechamiento, siempre cumpliendo con la normativa ambiental vigente. Por lo tanto, la mezcla de generación total se caracteriza por bajas emisiones de CO2 y compite al respecto con la mayoría de los países desarrollados.
Se ha dicho que la reforma tiene una alta carga ideológica. Nada más alejado de la realidad. No se busca concretar preceptos doctrinarios, sino cosas muy sencillas: que se permita la utilización de la energía eléctrica producida por las hidroeléctricas de la CFE; que se reconozca esta como energía limpia; que no se subsidien los incumplimientos de las empresas privadas en la entrega de electricidad y que la entrega de electricidad por parte de las empresas privadas sea física. En todo caso, la carga ideológica estuvo presente en la justificación de una privatización eléctrica generalizada que no era necesaria.
Finalmente, la política en materia energética de la actual administración no implica una visión contra la inversión privada, ya que, los privados continuarán participando en el mercado eléctrico, sin embargo, es necesario garantizar la confiabilidad y seguridad energética, con criterios de seguridad nacional en correspondencia con la Planeación del Sistema Eléctrico Nacional.
Como hemos dicho: nada más y nada menos que recuperar la rectoría del Estado en el control de nuestros recursos naturales.
