El Insabi, como hemos dicho, es uno de los pilares del nuevo modelo de salud pública en México, basado en la universalización para superar la desigualdad y la pobreza, la marginación y la inequidad. En otras palabras, el Insabi es uno de los instrumentos principales que permitirán avanzar en la consolidación del nuevo régimen de bienestar social, cuyo origen se encuentra en la Constitución y en el mandato ciudadano de 2018.
Más de la mitad de la población mexicana, de manera precisa 69 millones, no cuentan con seguridad social ni con ISSSTE, IMSS, servicio médico Pemex, militar, de ningún tipo. A ellos va dirigido el Insabi, para que cuenten con servicios médicos, integralmente.
Los objetivos principales de este nuevo modelo de salud están centrados en lograr la gratuidad en toda la atención; garantizar los medicamentos y otros insumos de manera permanente; incrementar la infraestructura de salud, para lo cual se dispone de 40 mil millones de pesos este año para que mejoren las instalaciones de salud como las unidades médicas, centros de salud, hospitales y para que siempre se cuente con equipo médico indispensable.
Aplicar el eje transversal de la nueva política mexicana que es llegar a cero corrupción y un ejercicio transparente, acompañado por la ONU, en el manejo de los recursos públicos, es fundamental en el sector salud, ya que, justamente la corrupción fue el cáncer que hizo colapsar la salud de nuestro sistema de salud. Para ello se van a centralizar las compras consolidadas de medicamentos y la subrogación de servicios de salud. Será desde la Oficialía Mayor de Hacienda desde donde se administrará el sistema y se firmarán los contratos con proveedores.
La cobertura total de médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud, es otro de los grandes objetivos para fortalecer el nuevo Sistema Nacional de Salud. Para ello, se está dando prioridad a dicha cobertura en las zonas más abandonadas del país a través del Programa de Reclutamiento cuyo avance se refleja en más de 33 mil médicos y enfermeras que contribuirán a hacer llegar el estado de bienestar social a los lugares más recónditos de México.
La justicia laboral para los trabajadores de la salud y sus familias es piedra angular de las transformaciones que se están realizando en este sector. Una aberrante ironía que se padece es que buena parte de los trabajadores que sirven al sistema no cuentan, ellos y sus familias, con la prestación de este servicio y otros derechos de la seguridad social. Por ello, más de 87 mil trabajadores que tienen hoy contrato y servicio por honorarios en condiciones sumamente precarias, contarán este año con prestaciones de ley, a través de su basificación.
Debido a la campaña negra que se intentó posicionar la semana pasada en torno al Insabi y las resistencias de algunos gobernadores en los primeros días del mes, para aceptar las nuevas reglas de funcionamiento, derivadas justamente del decreto publicado el pasado 30 de noviembre y que pone en marcha este nuevo instituto el pasado primero de enero, el Gabinete de Salud del Gobierno federal se ha comprometido a presentar la información semanal sobre el tema: Quién es quién en la salud, todos los martes, en el marco de las conferencias matutinas del presidente de la República.
En el caso de Sinaloa, aunque las autoridades estatales no han informado de manera oficial sobre el tema, contribuyendo a generalizar la desinformación, el pasado viernes el secretario de salud federal informó que desde el 14 de enero se entregó, en reunión de trabajo, a los 32 secretarios de salud de los estados y sus respectivos equipos técnicos, la documentación de los acuerdos de coordinación y siete anexos que componen las reglas de operación. Asimismo se les informó que cuentan con dos semanas para formalizar los compromisos con la Federación. Es decir, desde hace una semana los gobiernos de los estados cuentan con los instrumentos jurídicos y la información derivados de la reforma a la Ley General de Salud que crea el Insabi, para la firma de convenios de adhesión al mismo.
Desde esa misma fecha, los gobiernos estatales tienen la información de las partidas federales transferibles a las cuentas de cada entidad federativa. En el caso de Sinaloa equivale a 763’018,907.59 millones de pesos, de un fondo federal total de 56,332’724,934.00 pesos. El Gobierno de Sinaloa lo sabe. Por supuesto que las partidas serán concurrentes y falta que el Gobierno del Estado diga cuánto le va a poner a dicha cuenta.
¿Por qué la resistencia inicial de algunos gobernadores? Pues porque ya se acabó el esquema de gastarse el dinero que les llegaba de la Federación y comprobar con facturas diversas o desviar a otros destinos el dinero del llamado Seguro Popular. Ya no tendrán trato directo con proveedores, ni podrán subrogar los servicios de salud a sus amigos y socios. No olvidemos la triste historia de Sinaloa en el tema. Tampoco que la actual administración incrementó en un 128% la deuda en los servicios de salud, pues pasó de deber 3,229 millones de pesos a 7,379 millones de pesos, convirtiéndose en la segunda entidad más endeudada del país.
¿Será por eso que la información no circula y prefieren atenerse al dicho de que a río revuelto, ganancia de pescadores? La verdad siempre sale a flote. Ya está saliendo. ¡Bienvenidos los martes de quién es quién en la salud!
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Imelda Castro Castro
Desde los 90 participo en la vida política. He ocupado posiciones directivas en organismos sociales como El Barzón, así como en el Partido de la Revolución Democrática. En el 2000 fui candidata por primera vez al Senado de la República; del 2001 al 2004 ocupé un escaño en el Congreso del Estado de Sinaloa; del 2005 al 2008 fui presidenta del PRD estatal y después me desempeñé en la Dirección de Agroindustria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. Volví a ser diputada local del 2013 al 2016 y en este último año participé como candidata a presidenta municipal de Culiacán, siendo regidora por un año. Actualmente soy senadora de la República de Sinaloa por el Movimiento Regeneración Nacional.
