Uno de los mitos griegos más conocidos, es el de Ariadna, hija del rey Minos; Teseo, hijo del rey de Atenas, Egeo; el monstruoso Minotauro devorador de carne humana y el laberinto encargado por Minos a Dédalo para que éste no pudiera salir. Al enamorarse Ariadna y Teseo y ante el deseo de este héroe de acabar con la calamidad pública del Minotauro y salir vivo tanto de este lance como del inclemente laberinto, Ariadna le confeccionó unos hilos de oro para que Teseo, una vez aniquilado el monstruo, pudiera orientarse para salir. Una función similar, una salida a las crisis, lo tiene el Estado de Derecho.
El deterioro de la vida pública en nuestro país, se manifiesta también en la falta de aplicación de las normas de un auténtico Estado de Derecho o de un enmascaramiento del mismo, en el que el Poder Ejecutivo es la mayor amenaza a la institucionalidad. En el 2021 la salida de capitales continúa debido a mayor aversión al riesgo sobre México (ante las iniciativas y reformas que provocaron miedo sobre el futuro de México), por la alta inflación y la expectativa de mayores tasas de interés, que ahuyentan a los capitales foráneos. Los riesgos de corrupción en compras públicas aumentaron en 147 de 247 instituciones federales analizadas por el Índice de Riesgos de Corrupción del IMCO, debido a falta de competencia, transparencia y apego a la ley. En un día promedio de 2021, según Mexicanos contra la Corrupción, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entrega 308 contratos por adjudicación directa y 45 por licitación pública. 91.5% de los contratos relacionados con medicamentos y productos farmacéuticos han sido entregados por adjudicación directa en 2021. En sólo dos años volvió a incrementarse la carencia de acceso a los servicios de salud para pasar de 16.2% a 28.2 por ciento. Es decir, se le quitó el acceso a servicios de salud a cerca de 16 millones de personas al desaparecer el Seguro Popular. A esto hay que sumarle la carencia de medicinas que están enfrentando millones de mexicanos y que es precisamente lo que se buscaba evitar con la creación del Seguro Popular en el sexenio anterior. Se persigue a opositores como a Ricardo Anaya, utilizando instituciones como la FGR como a perros de presa del señor de Palacio. Ningún diálogo con otros actores políticos distintos a los de su feligresía. Ataques constantes desde el Ejecutivo a los jueces, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la constante intromisión de López Obrador de destituirlos con una reforma electoral, las críticas contra sus sentencias y las acusaciones directas que ponen en duda su integridad, capacidad, imparcialidad y responsabilidad como juzgadores.
En su Segundo tratado sobre el gobierno civil, escrito en el siglo XVII, el liberal inglés John Locke proyectaba que para entender la definición de poder político (que entendía como el derecho de crear leyes que estén sancionadas con penas para la regulación y conservación de la propiedad, y del empleo de la fuerza de la comunidad en la ejecución de estas leyes y para la defensa del Estado y todo ello por el bien público) se debía considerar primero “en qué estado se encuentran naturalmente todos los hombres”, que entendía él lo estaban “en un estado de perfecta libertad” y “un estado también de igualdad”, pero aunque este estado de naturaleza es un estado de libertad, “no es sin embargo un estado de licencia” puesto que “si no existe ley, tampoco hay libertad”. “Y la razón -continua-, que coincide con esta ley, enseña a todos los hombres que, al ser todos iguales e independientes, nadie debe causar daño a otro en lo referente a su vida, salud, libertad o posesiones”. Remata Locke el argumento diciendo que “la diferencia clara que existe entre el estado de naturaleza y el estado de guerra, los cuales, aunque han sido confundidos por algunos, se encuentran tan distantes uno del otro como lejanos están uno de otro un estado de paz, buena voluntad, ayuda mutua y conservación y un estado de enemistad, malevolencia, violencia y destrucción mutua”.
A principios de la década de los años 70 del siglo pasado, y en la misma línea de Locke, el estadounidense Robert A. Dahl en La Poliarquía, advertía que “no puede esperarse que los contendientes en una situación conflictiva se toleren mutuamente si uno de ellos cree que transigir con el otro le ocasionará su propia destrucción o le infringirá graves sufrimientos. Las probabilidades de aplicar la tolerancia aumentan cuando los grupos no esperan lesionarse seria y mutuamente. De forma que el precio de la tolerancia puede disminuir si se conceden garantías mutuas y eficaces contra la destrucción, la coacción extrema o el castigo riguroso. De aquí que la estrategia de la liberalización exija la búsqueda de tales garantías”.
Es cierto que en la base de todos los sistemas de justicia constitucional está la política y está la jurisdicción. Los diferentes sistemas nacen de la diversa dosificación histórica de estos dos momentos: y un buen sistema de justicia constitucional es aquél que alcanza a individualizar un justo punto de equilibrio capaz de evitar tanto la “politización” de la justicia como la “judicialización” de la política. Como indicó el gran jurista alemán Triepel, a fines de los años 20 del siglo pasado, el Derecho público no es actuable sin consideración a la política; conceptos como Estado de Derecho, Estado social, libertad, igualdad, dignidad humana, etc., no pueden interpretarse sin recurrir a las ideas o convicciones sociales y políticas de la comunidad.
Aunque las instituciones fundamentales en que descansa la república y el Estado mexicano han mostrado una debilidad que se sabía desde antes de las elecciones del 2018, también y a pesar de ello han resistido hasta ahora –y a duras penas- el embate del nacional populismo, centrado este en la anulación o demolición de las instituciones y en la tendencia al desplazamiento de los centros de poder político y del poder mismo, en la figura de una sola persona que pretende manejar todos los hilos en nuestra incipiente democracia. Este fenómeno tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana, en la manera en que son aplicadas, inobservadas o tergiversadas las normas generales de convivencia, las leyes y la Constitución que nos rige a todos.
