Oportunamente, el gobernador Quirino Ordaz Coppel logró que el Gobierno Federal declarara en emergencia una parte de Sinaloa ante el primer colapso que causaron las intensas lluvias de dos días seguidos, y en lo subsiguiente, deberá cuidar que la codicia o negligencia humana de sus colaboradores, no concluyan en un trastorno social o político como el de septiembre pasado, en que repartieron colchones podridos y contagiosos a los damnificados.
En esa disyuntiva está el mandatario quien además de recorrer las zonas afectadas, gestionar la ayuda ante las autoridades federales y cuerpos de auxilio, tiene que estar alerta ante la actuación de funcionarios malintencionados que le dejaron una mácula ominosa que todavía no se borra y que tuvo altos costos para su gobierno.
Todavía en la calle se señala a Raúl Carillo, quien renunció al cargo luego de las inundaciones que generó la tormenta del 19 de septiembre del 2018, y quien estuvo a cargo de las principales tareas de suministro de enseres domésticos para las familias que lo perdieron todo o para los que parcialmente se quedaron sin muebles para dormir.
Probablemente el ex secretario de Desarrollo Social del estado, no fue el culpable del negocio que hizo uno de sus subordinados al comprar ese tipo de artículos. Sin embargo, por ley era responsable de todo lo que hicieran bien o mal quienes trabajaban a su cargo.
Le ganó la ingenuidad política o la confianza, esa que ya sabe, mata al hombre.
Creo que de esa lección, no aprendieron mucho algunos de los integrantes del gabinete Quirinista. Francisco Vega, director de la Unidad de Protección Civil, cuya cabeza se movió como péndulo en el cadalso comunitario que se erigió luego de que el año pasado hubo muertos y caos porque ni siquiera se enteró del fenómeno que se registraría y tampoco activó los “focos rojos”, es uno de los que no se desempeña con seguridad.
Ante las preguntas de diversos medios de comunicación que le intentaron ayudar para que se luciera, actuó de manera dubitativa.
Se captó que no contaba con datos sobre lo que se debía hacer en caso necesario. Ni sobre el número de refugios habilitados. Su información fue muy superficial y limitó a los pobladores del El Rosario, Mazatlán, Elota, Guasave y Mocorito, a que solamente llamaran al 911 como si este sistema fuera el exclusivo para estas contingencias.
Es lógico que los vecinos de colonias o poblados, podrían echar mano desde los comisarios municipales hasta las comandancias de policía, sindicaturas, ayuntamientos y diferentes cuerpos de rescate.
Cuentan empleados de ese organismo que preside, que suspendieron las clases más por miedo a que los criticara la gente, a porque en realidad el titular de Protección Civil supiera con precisión sobre la magnitud de las precipitaciones anunciadas.
Por eso se dio muy tarde el aviso a las autoridades escolares. E inclusive, la prueba es que el jueves por la tarde todavía sostuvieron que al día siguiente habría clases. Ya cuando los estudiantes se encontraban en camino hacia los planteles, informaron sobre la suspensión.
De ese tamaño están las cosas, que ayer se empezaron a extender hacia la municipalidad de Ahome, donde el caos se apoderó de los ciudadanos. El territorio podría sumarse al número cinco de los que resintieron desastres, porque el agua amenazaba con “llegarles hasta el cuello”, que impulsó la fuerza hacia la tierra precisamente el Día del Bombero.
