El fiscal becario

Juan José Ríos Estavillo se va por la puerta trasera de la Fiscalía General del Estado con un historial de casos sin resolver, corrupción sistémica y con todas las alertas encendidas por el nivel de impunidad que impera en Sinaloa.

Pocos funcionarios al frente de lo que antes era la Procuraduría General de Justicia –hoy fiscalía del estado—habían tenido un récord tan magro en la investigación, consignación y sentencias obtenidas por delitos del fuero común. Si alguien tiene duda que revise los informes, los datos esgrimidos a cuenta gotas, más allá de la retórica con la que adornaba sus mensajes cuando salía a dar la cara a los medios de comunicación.

Podríamos detenernos en dos ejemplos. Por un lado los feminicidios, la violencia homicida contra las mujeres que se incrementó de tal manera durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel que la fiscalía quedó eclipsada ante cada hecho que lastimó a la sociedad sinaloense. Y qué decir de las desapariciones forzadas, los sucesos que han marcado la agenda de procuración de justicia de todo el país, y que han exhibido el nivel de corrupción y complicidades criminales de los encargados de investigar estos delitos que han lacerado a nuestra sociedad.

¿Conoce usted alguna persona que haya quedado satisfecha por la atención recibida tras ser víctima de algún delito patrimonial, digamos robo a casa habitación o robo a negocio, sin que tope de frente con la desidia burocrática de los ministerios públicos? La vicefiscalía de la zona sur con Mazatlán como centro podría ser un buen ejemplo.

Ríos Estavillo tal vez será buen abogado, pero es pésimo como actor para disimular que trabajó, y es el mejor ejemplo para caracterizar los rasgos de un funcionario público mediocre. Ahora el señor licenciado salió con el detallazo de anunciar que se va a “jubilar” como funcionario. Una pensión como premio a la burla que significó su paso por el servicio público.

El cinismo de la clase política suele generar el peor rechazo que se traduce en castigos en las urnas, pero cuando se trata de funcionarios designados que con el disfraz de “autónomos” cobran por fingir que trabajan, la defensa que tenemos los ciudadanos es nula. Pensemos de nuevo en el caso de los cientos de familiares de los desaparecidos. ¿Cuántos casos habrá resuelto que hayan valido el reconocimiento de alguna familia?

Gran ejemplo el caso Ríos Estavillo, el fiscal becario, pasará a la historia como punto de comparación cuando se trate de ejemplificar lo que es hacer nada, cobrar muy bien por ello, y encima buscar pensionarse.