Hace tres años asesinaban a 7 mujeres diario en México, HOY la estadística aumenta a 10 mujeres a nivel nacional, de acuerdo con lo expuesto por la ONU en 2020.
Mariana, la joven pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, que realizaba su pasantía en el poblado de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, fue encontrada muerta por asfixia en el cuarto que el propio centro de salud le había proporcionado para residir durante sus prácticas profesionales en aquél poblado. A pesar de que la joven estudiante había solicitado ayuda a las autoridades; su solicitud de seguridad por acoso y hostigamiento en su lugar de trabajo fue ignorada, poniendo en riesgo su vida, lo que dio oportunidad al presunto agresor a cobrársela.
Chiapas es el noveno estado en el país, donde las mujeres SÍ solicitan el auxilio de las autoridades por medio de la línea de emergencia 911; mientras que Sinaloa, ocupa el lugar número 30 donde las mujeres solicitan auxilio de las autoridades con motivo de violencia de género. Las primeras entidades federativas que durante 2020 las mujeres solicitaron seguridad mediante esta línea de emergencia son Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Guanajuato y Guerrero.
4 de los 10 Estados donde las mujeres solicitaron el auxilio de la autoridad por medio de la línea de emergencia para salvaguardar su vida y su integridad, encabezan también la lista de los 100 municipios con mayor número de feminicidios; donde el municipio de Culiacán ocupa el lugar número 5 con más feminicidios registrados durante el 2020.
Ser mujer residente en Sinaloa en pandemia, significó en el 2020 no solamente vivir el riesgo de COVID-19, si no radicar en un estado que ocupa el décimo lugar de presuntas víctimas de homicidio, el quinto lugar en el municipio de Culiacán con más feminicidios, el sexto lugar en tráfico de menores, el doceavo lugar en corrupción de menores y que ocupemos el último lugar donde solicitamos auxilio de las autoridades para prevenir un incidente de violencia contra la mujer. Necesidad hay ¿Pero confianza?
A Mariana, le impidieron obtener su título como médico general, pues en el transcurro de su pasantía en el poblado de Nueva Palestina (territorio zapatista) y publicitado como pueblo mágico, a donde la joven llevaba unos meses brindados servicios médicos en el único centro de salud de ese poblado. Se transgredieron todos los derechos de la pasante de 25 años: educación, seguridad, vivienda; aun y cuando ella los solicitó a las autoridades competentes, de acuerdo con notas periodísticas.
El Código Penal del Estado de Chiapas, establece en el artículo 164 Bis, que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género y se le impondrán de 45 a 65 años de prisión. Además, señala que al servidor público que retarde o entorpezca o que incurra en negligencia en la procuración o administración del delito de feminicidio, se le impondrá una pena entre tres a diez años de cárcel; sin embargo, el reporte de las autoridades en el asesinato de Mariana dice que su muerte fue provocada por “asfixia secundaria por ahorcamiento. Sin signos de violencia ni agresión sexual”.
El fallecimiento de Mariana, se registró en medio de la suplencia de la Secretaria de Gobernación en las “mañaneras” ¿Qué pasaría si no fuera así? Hace tres años asesinaron a la doctora Jessica Sevilla Pedraza en el Estado de México, sin todavía esclarecer las autoridades su caso; lo mismo hace unos meses con la doctora Elizabeth Montaño en Morelos y con 940 mujeres que fueron víctimas de feminicidios durante el 2020 en el país.
Hace días una lectora me preguntaba textual: ¿Dónde surge más machismo, en la clase social alta o en la baja? desgraciadamente a este tipo de respuestas no hay una tendencia probada, ni rincón en el país exento donde no ocurra algún tipo de violencia contra la mujer, lo que, SÍ es una realidad, es que la normatividad aplicable en algunas entidades federativas como Chiapas, al servidor público que obstruya la procuración o administración de justicia contra una mujer, HAY CÁRCEL.
En Sinaloa, las autoridades preventivas “lamentan” los fallecimientos, la sociedad las busca y desgraciadamente encuentra sus cuerpos sin vida y quienes administran justicia, al parecer dejan transcurrir el tiempo para que las víctimas “se cansen” y olviden; pues en el Código Penal del Estado de Sinaloa, no hay una sanción previamente establecida en la obstrucción de la administración o procuración de justicia en el caso de la violencia contra la mujer, solamente se prevén de tres meses a cinco años a quién retarde, niegue, entorpezca la administración de justicia, realice omisiones que produzcan daños en la procuración de justicia y omita solicitar órdenes de protección.
Si el caso de Mariana, hubiera sucedido en la localidad de Constancia, comunidad al norte del estado en el municipio de El Fuerte, donde residen algunos indígenas y su población asciende alrededor de los 6500 habitantes, dos mil menos que en la localidad de Nueva Palestina, Chiapas ¿Cree Usted que se administraría la justicia igual? ¿La directora del centro de salud estaría hoy detenida?
El acceso al derecho a la seguridad, la educación y la vida de las personas, consagrado en la Constitución y Tratados Internacionales, parece que están sujetos al contexto político y social, en el que ocurren los lamentables sucesos.
El tema de género abandera todas las campañas políticas, sin embargo, pareciera que cuando llegan a dirigir la política nacional o estatal, se convierten en reportes sin estrategias claras o contundentes que al menos inciten a la mujer en Sinaloa a levantar el teléfono y solicitar el auxilio de la autoridad.
Chiapas y Sinaloa, tienen una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la diferencia es que, en el estado del sur, la mujer denuncia y pide auxilio (aunque la autoridad se quede investigando) y en Sinaloa, ni si quiera se solicita auxilio. Voces silenciadas y familias desintegradas por agresores en libertad. ¡¿Hasta cuándo?!
