/ miércoles 4 de agosto de 2021

El derecho de piso

La trilogía de películas de El padrino relata la vida criminal de la dinastía Corleone, una poderosa familia de la mafia ítalo-estadounidense envuelta en una trama donde su relato y vista sobre el poder, acceso y permanencia en él, sobrepasan la ficción, desatando una fascinación colectiva por este género cinematográfico: es en ella donde podemos ver en toda su plenitud el significado del “derecho de piso”, en el que la mafia cobra a otros por garantizar su derecho a ejercer oficios mercantiles.

Desde entonces, el término es conocido y aplicado de forma amplia a quienes, desde el poder, institucionalizan una especie de aduana para dar acceso o bloquear lugares en los que se ejerce un control o un secuestro, ya sea de territorios, instituciones, derechos…

Son estas recientes materializaciones de “aduanas” en la participación ciudadana las que nos ponen sobre alerta a causa de la claridad con que se manifiestan; particularmente, en lo que refiere al naciente ejercicio de la consulta popular, mecanismo positivo y democrático secuestrado, empezando por la propia pregunta -que se vuelve incompresible e impopular-, y terminando con los objetos reales de interés y preocupación social, especialmente en tiempos de crisis.

Sin embargo, de manera histórica, la participación política ha tenido este acecho: sabemos, por ejemplo, que el votar y ser votado es un derecho consagrado, pero este se hace posible a través de los partidos políticos, y si no es así, habrá que voltear a ver el estatus jurídico y práctico de las candidaturas independientes.

Incluso en esta forma de participación, analizada por segmento ante las pasadas acciones de paridad y afirmativas de inclusión, las aduanas en las mesas de las candidaturas, y la falta de un vínculo entre organizaciones, activistas y partidos, obstaculizaron el acceso de esas voces y quebraron así el espíritu de la democracia representativa. Hasta el momento, la agenda sigue pasando el obstáculo del cobro de piso para su representación política.

Es este nudo el que debemos resolver, iniciando por hacer ver, por más obvio que resulte, que antes y después de una elección la participación ciudadana y política se encuentra también en la vida orgánica y programática de los partidos políticos, y de cómo nutren y sustantivan la democracia desde su propia vida interna, puesto que esa es también la calidad de democracia a la que podemos aspirar.

Para quienes se atrincheran con una agenda partidista desde el gobierno o desde la oposición, la democratización de acciones es impostergable.

A las y los ciudadanos, no dejemos de recordar a partidos y gobiernos que la participación y la representación no es su derecho ni es su piso, sino que deben antes que nada ser garantes, facilitadores, y esto solo se logra con más democracia.







La trilogía de películas de El padrino relata la vida criminal de la dinastía Corleone, una poderosa familia de la mafia ítalo-estadounidense envuelta en una trama donde su relato y vista sobre el poder, acceso y permanencia en él, sobrepasan la ficción, desatando una fascinación colectiva por este género cinematográfico: es en ella donde podemos ver en toda su plenitud el significado del “derecho de piso”, en el que la mafia cobra a otros por garantizar su derecho a ejercer oficios mercantiles.

Desde entonces, el término es conocido y aplicado de forma amplia a quienes, desde el poder, institucionalizan una especie de aduana para dar acceso o bloquear lugares en los que se ejerce un control o un secuestro, ya sea de territorios, instituciones, derechos…

Son estas recientes materializaciones de “aduanas” en la participación ciudadana las que nos ponen sobre alerta a causa de la claridad con que se manifiestan; particularmente, en lo que refiere al naciente ejercicio de la consulta popular, mecanismo positivo y democrático secuestrado, empezando por la propia pregunta -que se vuelve incompresible e impopular-, y terminando con los objetos reales de interés y preocupación social, especialmente en tiempos de crisis.

Sin embargo, de manera histórica, la participación política ha tenido este acecho: sabemos, por ejemplo, que el votar y ser votado es un derecho consagrado, pero este se hace posible a través de los partidos políticos, y si no es así, habrá que voltear a ver el estatus jurídico y práctico de las candidaturas independientes.

Incluso en esta forma de participación, analizada por segmento ante las pasadas acciones de paridad y afirmativas de inclusión, las aduanas en las mesas de las candidaturas, y la falta de un vínculo entre organizaciones, activistas y partidos, obstaculizaron el acceso de esas voces y quebraron así el espíritu de la democracia representativa. Hasta el momento, la agenda sigue pasando el obstáculo del cobro de piso para su representación política.

Es este nudo el que debemos resolver, iniciando por hacer ver, por más obvio que resulte, que antes y después de una elección la participación ciudadana y política se encuentra también en la vida orgánica y programática de los partidos políticos, y de cómo nutren y sustantivan la democracia desde su propia vida interna, puesto que esa es también la calidad de democracia a la que podemos aspirar.

Para quienes se atrincheran con una agenda partidista desde el gobierno o desde la oposición, la democratización de acciones es impostergable.

A las y los ciudadanos, no dejemos de recordar a partidos y gobiernos que la participación y la representación no es su derecho ni es su piso, sino que deben antes que nada ser garantes, facilitadores, y esto solo se logra con más democracia.