México es el segundo país a nivel mundial con el mayor número de mujeres emigrantes: 5.8 millones en 2015; además, 22.8% del flujo de tránsito originario de Centroamérica y repatriado por las autoridades mexicanas, son mujeres. Estos son los últimos datos obtenidos en el reporte de 2017 por el Consejo Nacional de Población. Por su parte, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Gretchen Kuner, denuncia que al menos 6 de cada 10 niñas migrantes son violadas durante su trayecto hacia Estados Unidos.
Millones de migrantes se ven expuestos a la indefensión, a merced de redes de trata, del crimen organizado, de la violencia física y sexual; acosados, además, por parte de las propias autoridades que persiguen, extorsionan y lucran con el derecho humano a buscar prosperidad, bienestar o tranquilidad: aunque también los varones están expuestos, las cifras se recrudecen especialmente cuando se trata de mujeres y niñas.
Sinaloa tiene un riesgo constante en la migración de menores. Durante 2017, la Segob, a través de la Unidad de Política Migratoria, registró un total de 253 personas menores de edad originarias del estado repatriadas desde Estados Unidos, de las cuales 222 tenían entre 12 y 17 años de edad (10 acompañadas y 212 no acompañadas), y 31 eran de entre 0 y 11 años, donde solamente una no fue acompañada.
Siempre hay historias trágicas que quedan en el anonimato, y es que nadie deja su hogar o su patria por gusto: cada migrante es el reflejo de un gobierno incapaz, de un sistema indolente, de un país que no ha logrado garantizar que cada ciudadana y ciudadano cuenten en su lugar de origen con las posibilidades de un desarrollo pleno, libre de violencia y en libertad. Huir es el último recurso para quien, en medio de la incertidumbre, se ha quedado sin opción.
Lo vimos hace unos días en diversos videos que circularon en redes sociales: hombres golpeados y vejados por la Guardia Nacional de México, infantes que asistían al macabro espectáculo de ver a sus padres sometidos, terribles actos de violencia y agresiones innecesarias… ¿Dónde está la cultura de hospitalidad y humanidad de la que nos jactamos las y los mexicanos? Si estas imágenes fueran el caso de nuestros connacionales, ¿nos indignarían igual o más?
Estas reflexiones se acompañan de la decisión de eliminar, en el Presupuesto de egresos para este año, el Programa de atención educativa para la población escolar migrante: tan solo en Sinaloa se atendían a 17 mil 881 niñas y niños jornaleros en 154 escuelas. Esto representa una claudicación del Estado en su obligación de garantizar el derecho constitucional a la educación y a la sustantivación de la preeminencia del interés superior del menor, en la distribución de los recursos y la implementación de las políticas públicas.
Las recientes actuaciones de la Guardia Nacional reflejan un fondo: el enfoque con que se aborda la política migratoria de nuestro país se reduce a un problema de seguridad nacional, con enfoque penalista, trocando un derecho en delito, que escapa a toda visión de afrontarlo como lo que es: un asunto humanitario.
El cambio de enfoque en la política migratoria mexicana es un requisito para demostrar que aquello que exigimos para las y los nuestros en Estados Unidos, lo podemos propiciar hacia quienes llegan a México. Y aunque así se aborde, migrar no es un delito.
