/ miércoles 14 de abril de 2021

El asedio de la violencia política

“Si aspirar a un cargo público significa jugarse la vida,

no es exagerado afirmar que nuestra democracia tiene los días contados”

María Elena Morera

Faltan 53 días para la jornada electoral y la violencia no solo se hace presente y alcanza mayor visibilidad: además, avanza, constatable en sus formas múltiples, ahora también en las campañas.

Sobre esta violencia que nos acecha, ¿estamos suficientemente preparados para blindar nuestra democracia, y con ello a las y los actores principales de este proceso? En datos de la consultora Etellekt, entre el 7 de septiembre del 2020 y el mes de marzo de este año sumaban 139 políticos y servidores públicos asesinado/as. De los 139 asesinatos, 61 eran personas políticas y 78 funcionarias sin militancia. Es de destacar que el mayor porcentaje de víctimas pertenecía al ámbito municipal. En delitos generales se han reportado 218 víctimas en el proceso electoral 2020-2021, que apenas inicia con el periodo de campañas en la mayor parte del país.

Es un temor fundado el no contar con instituciones preparadas para salvaguardar la vida de las y los contendientes y familiares, de quienes conforman los equipos de trabajo y coordinación, así como de las dirigencias de los partidos políticos.

En esta realidad, es urgente un llamado de atención para hacer un frente común en la generación de mecanismos, denuncias y protocolos que permitan frenar los avances de la violencia política. Así lo demuestran también el análisis respecto al proceso electoral 2018, cuando de las 152 personas políticas asesinadas, 49% perdió la vida durante el periodo de campañas.

No olvidamos, en este inicio del proceso electoral, el feminicidio perpetrado contra Ivonne Gallegos, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos en Oaxaca, aún sin respuestas claras respecto a las indagatorias, lo que ha puesto en alerta a las organizaciones y observatorios de participación política de las mujeres sobre la variante, aún más preocupante, de la violencia política en razón de género.

Esta realidad –que no alcanza a plasmarse en los análisis para el trabajo preventivo– es la que genera los vacíos y que no alcanzan a entrar en los compromisos de trabajo y denuncia coordinada de activistas, organizaciones, partidos políticos e instituciones electorales, particularmente en lugares donde el crimen organizado y la violencia de género cobra víctimas día con día, en una normalidad e impunidad que intimida, asusta y duele.

Insistir y persistir: con violencia no hay democracia.

“Si aspirar a un cargo público significa jugarse la vida,

no es exagerado afirmar que nuestra democracia tiene los días contados”

María Elena Morera

Faltan 53 días para la jornada electoral y la violencia no solo se hace presente y alcanza mayor visibilidad: además, avanza, constatable en sus formas múltiples, ahora también en las campañas.

Sobre esta violencia que nos acecha, ¿estamos suficientemente preparados para blindar nuestra democracia, y con ello a las y los actores principales de este proceso? En datos de la consultora Etellekt, entre el 7 de septiembre del 2020 y el mes de marzo de este año sumaban 139 políticos y servidores públicos asesinado/as. De los 139 asesinatos, 61 eran personas políticas y 78 funcionarias sin militancia. Es de destacar que el mayor porcentaje de víctimas pertenecía al ámbito municipal. En delitos generales se han reportado 218 víctimas en el proceso electoral 2020-2021, que apenas inicia con el periodo de campañas en la mayor parte del país.

Es un temor fundado el no contar con instituciones preparadas para salvaguardar la vida de las y los contendientes y familiares, de quienes conforman los equipos de trabajo y coordinación, así como de las dirigencias de los partidos políticos.

En esta realidad, es urgente un llamado de atención para hacer un frente común en la generación de mecanismos, denuncias y protocolos que permitan frenar los avances de la violencia política. Así lo demuestran también el análisis respecto al proceso electoral 2018, cuando de las 152 personas políticas asesinadas, 49% perdió la vida durante el periodo de campañas.

No olvidamos, en este inicio del proceso electoral, el feminicidio perpetrado contra Ivonne Gallegos, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos en Oaxaca, aún sin respuestas claras respecto a las indagatorias, lo que ha puesto en alerta a las organizaciones y observatorios de participación política de las mujeres sobre la variante, aún más preocupante, de la violencia política en razón de género.

Esta realidad –que no alcanza a plasmarse en los análisis para el trabajo preventivo– es la que genera los vacíos y que no alcanzan a entrar en los compromisos de trabajo y denuncia coordinada de activistas, organizaciones, partidos políticos e instituciones electorales, particularmente en lugares donde el crimen organizado y la violencia de género cobra víctimas día con día, en una normalidad e impunidad que intimida, asusta y duele.

Insistir y persistir: con violencia no hay democracia.