/ jueves 21 de octubre de 2021

Economía, crecimiento y estado de derecho

Un concepto pacífico que se acepta respecto a los caracteres generales del Estado de Derecho, es que comprende el imperio de la ley, una división de poderes, la legalidad de la Administración (que su actuar se ajuste a la ley, con suficiente control judicial) y la existencia de derechos y libertades fundamentales que se encuentren garantizados formalmente (en la Constitución y las leyes) y que sea posible su realización material. Por ello, en el World Justice Project 2021 se dice que el Estado de Derecho es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible. En la introducción de este proyecto, se relata que el 24 de septiembre de 2012 se celebró la reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Sus Estados Miembros y una nutrida representación de Alto Nivel de la sociedad civil organizada alcanzaron por consenso una histórica declaración conjunta en la que se define al Estado de Derecho y al Desarrollo como variables estrechamente interrelacionadas y de retroalimentación mutua. Esta declaración establece que “el avance del Estado de Derecho es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre, y la realización plena de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Para el caso de México, los resultados de la edición 2020-2021 del Índice muestran retos persistentes en casi todas las dimensiones del Estado de Derecho, elementos preocupantes, aunque las principales brechas se continúan registrando en las áreas de justicia, seguridad, corrupción y cumplimiento regulatorio. De acuerdo al WJP los indicadores con descensos más marcados fueron aquellos que evalúan la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia y el factor que mide el respeto al debido proceso de las personas acusadas de algún delito (que incluye la presunción de inocencia, la igualdad y la ausencia de discriminación, el trato digno, la defensa adecuada, y el acceso a un juicio público ante una jueza o un juez competente e imparcial).

En el rubro de “ausencia de corrupción”, el WJP en su Índice de Estado de Derecho 2021, tiene a México en el lugar 135 de 139 países estudiados, solo arriba de República Democrática del Congo (139, último lugar), Cambodia (138), Camerún (137) y Uganda (136) y por debajo de países de nuestro continente como la dictadura de Venezuela (129), el populismo de Bolivia (131), Paraguay (125), Honduras (122), la dictadura de Nicaragua (116), Colombia (101), Panamá (91), el populismo de Brasil (80), el populismo de Argentina (63), Costa Rica (37) y Chile (27). En 2019, México ocupó el lugar 117, y en 2020 el 121. El declive y deterioro es evidente y pronunciado en lo que va de esta administración. La cantaleta de que con la corrupción se barren las escaleras de arriba hacia abajo, es ridícula y cínica, como ofensiva a la inteligencia.

Sobran los ejemplos de este marcado deterioro en la procuración de justicia, el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y en la corrupción general. La persecución a los científicos por parte de la Fiscalía del gobierno (fiscalía que para nada es autónoma) es sintomática de esta situación, donde se pretende intimidar a los científicos, dañando su reputación, por haber sido estos críticos de las políticas presupuestarias del gobierno, y de las fallidas políticas gubernamentales relativas a la ciencia. Hasta la prestigiada revista científica internacional Nature ha llegado el despropósito. Más de 50 universidades y sociedades profesionales -incluida la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos (NASEM)- han escrito cartas abiertas y artículos de opinión condenando la acusación: "Compartimos la preocupación de muchos miembros de la comunidad científica internacional de que nuestros colegas científicos mexicanos están siendo objeto de acoso e intimidación", escribió la NASEM en una carta del 6 de octubre a López Obrador. "Además de los inquietantes aspectos de derechos humanos de su situación, nos preocupa que las acciones contra nuestros colegas puedan tener un efecto amedrentador en la comunidad científica mexicana en general".

Y en el rubro de “adhesión al Estado de Derecho”, el Índice de Estado de Derecho 2021 del WJP, México ocupa el lugar 113 de 139 países estudiados, donde el país del dictador consentido de López Obrador, Venezuela, es último. Nuestro país está colocado al nivel de Madagascar (112), Angola (114), Sudán (116), Turquía (117), República del Congo (118) y la República Islámica de Irán (119). Esta baja adhesión al estado de Derecho se traduce en el hecho que desde el gobierno, no se garantizan la seguridad y la certeza jurídicas para los gobernados. No se respetan los contratos por el gobierno, ni la propiedad privada se protege, por lo que las inversiones se ahuyentan y no se generan nuevos ni buenos empleos. Hace unas semanas, se registró la mayor salida de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores con casi 4 mmd (millones de dólares). Todo por el retroceso e incertidumbre de la regresiva y ruinosa reforma energética. Este año se perfila para ser el segundo al hilo con salida histórica de capitales. La Inversión Extranjera Directa cayó un 27 por ciento en este 2021 respecto al 2020, y de 22 mil millones de dólares pasó a nueve mil millones. En el año han salido 249,140 millones de pesos que extranjeros tenían invertidos en México en instrumentos gubernamentales. La salida al 7 de octubre representa el 97% de la salida total histórica del 2020. Cancelar en 2018 el aeropuerto de Texcoco derrumbó la economía antes incluso de la pandemia y va a costar cinco mil millones de dólares por indemnizaciones. Con la contrarreforma energética, si las inversiones directas ya realizadas en el sector por empresas privadas internacionales superan los 44 mil millones de dólares, y fuentes cercanas a los principales despachos de abogados internacionales estiman que de aprobarse la ley en sus actuales términos las demandas llegarían hasta los 200 mil millones de dólares, nuestra capacidad de asombro ante la irracionalidad ya no tendrá límites.

Un concepto pacífico que se acepta respecto a los caracteres generales del Estado de Derecho, es que comprende el imperio de la ley, una división de poderes, la legalidad de la Administración (que su actuar se ajuste a la ley, con suficiente control judicial) y la existencia de derechos y libertades fundamentales que se encuentren garantizados formalmente (en la Constitución y las leyes) y que sea posible su realización material. Por ello, en el World Justice Project 2021 se dice que el Estado de Derecho es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible. En la introducción de este proyecto, se relata que el 24 de septiembre de 2012 se celebró la reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Sus Estados Miembros y una nutrida representación de Alto Nivel de la sociedad civil organizada alcanzaron por consenso una histórica declaración conjunta en la que se define al Estado de Derecho y al Desarrollo como variables estrechamente interrelacionadas y de retroalimentación mutua. Esta declaración establece que “el avance del Estado de Derecho es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre, y la realización plena de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Para el caso de México, los resultados de la edición 2020-2021 del Índice muestran retos persistentes en casi todas las dimensiones del Estado de Derecho, elementos preocupantes, aunque las principales brechas se continúan registrando en las áreas de justicia, seguridad, corrupción y cumplimiento regulatorio. De acuerdo al WJP los indicadores con descensos más marcados fueron aquellos que evalúan la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia y el factor que mide el respeto al debido proceso de las personas acusadas de algún delito (que incluye la presunción de inocencia, la igualdad y la ausencia de discriminación, el trato digno, la defensa adecuada, y el acceso a un juicio público ante una jueza o un juez competente e imparcial).

En el rubro de “ausencia de corrupción”, el WJP en su Índice de Estado de Derecho 2021, tiene a México en el lugar 135 de 139 países estudiados, solo arriba de República Democrática del Congo (139, último lugar), Cambodia (138), Camerún (137) y Uganda (136) y por debajo de países de nuestro continente como la dictadura de Venezuela (129), el populismo de Bolivia (131), Paraguay (125), Honduras (122), la dictadura de Nicaragua (116), Colombia (101), Panamá (91), el populismo de Brasil (80), el populismo de Argentina (63), Costa Rica (37) y Chile (27). En 2019, México ocupó el lugar 117, y en 2020 el 121. El declive y deterioro es evidente y pronunciado en lo que va de esta administración. La cantaleta de que con la corrupción se barren las escaleras de arriba hacia abajo, es ridícula y cínica, como ofensiva a la inteligencia.

Sobran los ejemplos de este marcado deterioro en la procuración de justicia, el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y en la corrupción general. La persecución a los científicos por parte de la Fiscalía del gobierno (fiscalía que para nada es autónoma) es sintomática de esta situación, donde se pretende intimidar a los científicos, dañando su reputación, por haber sido estos críticos de las políticas presupuestarias del gobierno, y de las fallidas políticas gubernamentales relativas a la ciencia. Hasta la prestigiada revista científica internacional Nature ha llegado el despropósito. Más de 50 universidades y sociedades profesionales -incluida la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos (NASEM)- han escrito cartas abiertas y artículos de opinión condenando la acusación: "Compartimos la preocupación de muchos miembros de la comunidad científica internacional de que nuestros colegas científicos mexicanos están siendo objeto de acoso e intimidación", escribió la NASEM en una carta del 6 de octubre a López Obrador. "Además de los inquietantes aspectos de derechos humanos de su situación, nos preocupa que las acciones contra nuestros colegas puedan tener un efecto amedrentador en la comunidad científica mexicana en general".

Y en el rubro de “adhesión al Estado de Derecho”, el Índice de Estado de Derecho 2021 del WJP, México ocupa el lugar 113 de 139 países estudiados, donde el país del dictador consentido de López Obrador, Venezuela, es último. Nuestro país está colocado al nivel de Madagascar (112), Angola (114), Sudán (116), Turquía (117), República del Congo (118) y la República Islámica de Irán (119). Esta baja adhesión al estado de Derecho se traduce en el hecho que desde el gobierno, no se garantizan la seguridad y la certeza jurídicas para los gobernados. No se respetan los contratos por el gobierno, ni la propiedad privada se protege, por lo que las inversiones se ahuyentan y no se generan nuevos ni buenos empleos. Hace unas semanas, se registró la mayor salida de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores con casi 4 mmd (millones de dólares). Todo por el retroceso e incertidumbre de la regresiva y ruinosa reforma energética. Este año se perfila para ser el segundo al hilo con salida histórica de capitales. La Inversión Extranjera Directa cayó un 27 por ciento en este 2021 respecto al 2020, y de 22 mil millones de dólares pasó a nueve mil millones. En el año han salido 249,140 millones de pesos que extranjeros tenían invertidos en México en instrumentos gubernamentales. La salida al 7 de octubre representa el 97% de la salida total histórica del 2020. Cancelar en 2018 el aeropuerto de Texcoco derrumbó la economía antes incluso de la pandemia y va a costar cinco mil millones de dólares por indemnizaciones. Con la contrarreforma energética, si las inversiones directas ya realizadas en el sector por empresas privadas internacionales superan los 44 mil millones de dólares, y fuentes cercanas a los principales despachos de abogados internacionales estiman que de aprobarse la ley en sus actuales términos las demandas llegarían hasta los 200 mil millones de dólares, nuestra capacidad de asombro ante la irracionalidad ya no tendrá límites.