Cuando los habitantes de un país tienen buena salud, el crecimiento económico es notorio; por el contrario, cuando posee un sistema de salud deficiente, ello influye en una pobre dinámica económica y en un débil desarrollo social. Por eso, muchos analistas económicos destacan la importancia de contar con un sistema de salud sólido, fuerte y eficiente.
Las transformaciones del sistema de salud durante los últimos 20 años han propiciado que poco a poco se haga realidad lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “La salud es un derecho fundamental de toda persona”. La universalidad de los servicios de salud es un sueño por la que muchos hemos luchado.
Las reformas realizadas este año a la Constitución van en ese sentido. El artículo 4º así lo plantea: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud… La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
Pero su integración no ha sido fácil. Las dificultades para consolidar este sistema pasan por la deficiente infraestructura hospitalaria, la falta de personal especializado, el desabasto de medicamentos, y si a esto se le suma el alto índice de enfermedades crónicas degenerativas y la llegada de la actual pandemia, la implementación de esta política pública se complica.
Hoy quiero referirme a una de los principales problemas del sector salud y que, desde hace casi dos años, se ha recrudecido: la falta de medicinas en los hospitales para quienes requieren tratamiento constante por padecer alguna enfermedad crónica.
Desde mediados de 2019 familiares y pacientes se han manifestado por el desabasto de medicamentos en hospitales públicos para tratar cáncer, diabetes, hipertensión, VIH, problemas renales, obesidad, entre otras enfermedades crónico-degenerativas. Frases como “Le pido, señor presidente, que me ayude con mis quimioterapias, no me quiero morir” —expresadas por un niño junto con su padre en el bloqueo al acceso de la terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México— muestran el desespero y el miedo a perder la vida ante la falta de medicinas.
A principios de este año, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que se proyecta como la institución que vendrá a brindar salud gratuita a todos los mexicanos, ha encontrado una gran problemática para operar: según analistas, su presupuesto debe ser siete veces mayor que el asignado para este año y no tiene, además, un panorama exacto de las deficiencias en los hospitales públicos.
Este año no ha sido normal. La presencia de la Covid-19 ha trastocado todos los esfuerzos para solucionar los principales problemas acumulados en el sector de la salud en nuestro país. Asimismo, ha dejado al descubierto que la política social en este rubro no es tan sólida como se pensaba. Muestra de ello es que el secretario de salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, ante las manifestaciones, declaró: “No pasa nada si no se le suministraba la dosis a los pacientes, y pueden esperar porque no se trataba de una emergencia médica”.
Esa falta de sensibilidad de las autoridades ha propiciado que muchos familiares de pacientes que necesitan sus medicamentos busquen los productos por sus medios, pero, por ser de urgencia, los encuentran a un sobreprecio que escapa a sus economías.
En Culiacán, el pasado jueves protestó un grupo de padres con hijos con cáncer. Con preocupación, señalaron que desde enero no reciben las quimioterapias completas y su salud se deteriora cada día más. Por su parte, las autoridades de salud han manifestado que el desabasto es nacional y que los padres pueden costear estos tratamientos y después se les retribuirá. Sin embargo, muchos no tienen los recursos, ya que una quimioterapia cuesta desde 2000 hasta 10,000 pesos, y a veces pasan más de seis meses para recuperar ese gasto.
La postura de que las familias compren sus medicamentos se está generalizando en el país, pero esto podría agravar la crisis económica causada por la pandemia, ya que muchas familias han visto reducido su gasto básico para atender la salud de sus familiares. Este hecho no es menor y debemos poner mucha atención en lo que está sucediendo. Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que más de 12 millones de personas no han tenido ingresos durante esta contingencia. ¿Cómo le hacen si tienen un familiar con una enfermedad crónico-degenerativa y el Estado no les proporciona el medicamento?
No nos explicamos la falta de adquisición de medicamentos para atender muchas de las enfermedades crónicas, pues en la estructura administrativa existen áreas bien especificadas para la compra de estas medicinas. No vale el pretexto de que todo el esfuerzo se ha enfocado en atender la pandemia; algo está fallando en nuestras autoridades para que las familias dediquen más recursos en atender a sus enfermos.
De no hallar una solución de fondo, la actual crisis económica puede profundizarse más y ser más caótica de lo que se vislumbra. Recordemos que, si contamos con un sistema de salud sólido, fuerte y eficaz, esto se verá reflejado en el crecimiento económico, el desarrollo social y el bienestar de millones de familias.
Culiacán Sinaloa, a 30 de junio del 2020.
Gracias, y si pueden, quédense en casa.
