/ lunes 21 de octubre de 2019

Del Recuento de los Daños a la Reparación.

Por medio de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) expresó: “Uno de los objetivos principales de esta administración es pacificar al país, pero no debe ser arriesgando a padres, madres e hijos. Lo más importante es la vida de las personas.” 18 de octubre de 2019 a las 16:24 hrs.

A las 07:00 Hrs. de ese mismo día, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo a nombre del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, daba a la población los saldos preliminares de los hechos acontecidos el jueves 17 de octubre en la capital sinaloense: 8 muertes, 42 vehículos despojados con violencia, 9 vehículos incendiados, 19 vialidades bloqueadas, 14 agresiones al personal del ejército y 51 reos fugados del Centro Penintenciario de Aguaruto. Más todas las pérdidas económicas sin cuantificar que sufrieron comerciantes, profesionistas, empresarios, así como los daños psicológicos de la población civil que vivió la que ha sido calificada como la jornada más violenta ocurrida en Sinaloa. A esa misma hora, el presidente López Obrador finalizaba su conferencia matutina desde el estado de Oaxaca.

¿Cuál es el camino para la reconstrucción?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Hace seis años se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas que reconoce como víctimas directas a todas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales.

En el artículo 4 La Ley General de Víctimas identifica a víctimas indirectas, potenciales o bien a grupos, comunidades y organizaciones sociales de la forma siguiente:

“Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.”

En cuanto a la reparación integral del daño, establece en sus artículos 26 y 27, que este deberá proporcionarse con los objetivos de buscar devolver a la víctima a la situación anterior en la que encontraba antes de la comisión del delito o la violación de los derechos humanos, así como la rehabilitación de la víctima frente a los hechos punibles, la compensación apropiada y proporcional del hecho punible cometido y la satisfacción de restablecer la dignidad de las víctimas. También establece, que en caso de una reparación colectiva se entenderá como un derecho de los titulares de grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por violación de derechos individuales de miembros colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo.

Las medidas colectivas que deberán garantizar el reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

Pero ¿cómo desarrollará el Estado todas estas actividades? Es a través de la creación de la Comisión General de Atención a Víctimas, órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación por medio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuyo objetivo primordial es brindar los recursos de ayuda y reparación integral de las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos. El principal requisito para el acceso a este fondo es que la víctima se registre ante el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Casi en todo el país existen comisiones estatales para la atención a víctimas quienes brindan asesoría jurídica a las víctimas y dentro de sus funciones se encuentra la de asesorar, asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad, así como formular denuncias o querellas ante la autoridad competente para garantizar los derechos de las víctimas. Por lo que, si Usted se encuentra en alguno de estos supuestos, es importante que acuda ante la instancia competente (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Ministerio Público o Comisión Estatal de Derechos Humanos) más cercano para solicitar el apoyo correspondiente.

En un reciente informe ante la Cámara de Senadores, la Comisión General de Víctimas dio a conocer que, por concepto de recursos de ayuda, al 31 de marzo de este año se erogaron $419 millones de pesos por gastos funerarios, médicos, peritajes, alojamiento, alimentación y de traslados en beneficio de 4,170 víctimas y 805 millones de pesos por concepto de compensaciones en beneficio de 1,167 víctimas.

17/10/19

Miranda coloreo y coloreó... Su atención estaba en ese pedazo de papel que tenía plasmado en dibujo, la geografía de su país, sus ojos estaban ahí. Eligió cada uno de los colores, todos en tono pastel. A Sinaloa le tocó el rosa, es su favorito y así pintó todo el noroeste del país por coincidencia. Cada vez que sus oídos le hacían saber que algo pasaba allá afuera su madre la volvía a su dibujo, al mismo tiempo que la chica que le dio la hoja, una estudiante de gastronomía, que le hacía plática para distraerla y que en su cabecita de 5 años no quedaran recuerdos feos de esa tarde en Fórum. Miranda, su mamá y sus abuelos se encontraron en medio del fuego cruzado porque estaban en “el lugar menos indicado a la hora menos indicada”. Eran las 3:00 P.M. Miranda necesita lentes y fue a ordenarlos a una óptica y posteriormente a dar la vuelta a la plaza comercial más concurrida de la ciudad.

Plaza Fórum está ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos en donde desembocó la barbarie del 17/10/19.

Más de 30 personas se pusieron a salvo en el mismo sitio que Miranda, casi todos estudiantes vestidos con sus uniformes, hombres y mujeres que ya habían finalizado su jornada y que querían divertirse. Terminaron reunidos en uno de los pasadizos que comunican las tiendas y que es la salida de empleados y que por circunstancias de la vida, los han convertido en refugios cada vez que hay una balacera por el sector o dentro de la plaza.

Antes de llegar a su escondite, Miranda prometió comerse toda su comida con tal de que la llevaran al juego de las ligas que está en la parte alta de Fórum. No lo pudo cumplir; en lugar de eso, en unos cuantos minutos y sin saberlo, estaba salvando su vida.

En su inocencia les decía a los adultos que llamaran a los bomberos, esa era su solución. Lejos estaba en realidad de serlo, su hermosa vida de 5 años pendía de las oraciones de su madre y de las personas que la esperaban afuera de ese lugar.

Miranda debía salir viva de ahí y así fue.

Ella tiene que cumplir su sueño de ser doctora.

Casi terminó de colorear el mapa de su país, en tonos pastel... Casi al mismo tiempo que el real se cubría de rojo intenso.

Cada persona tiene su propia historia y su sentir de esa tarde, a cada quién nos deben algo.

Para algunos es sólo cuestión de tiempo, pero a otros les quitaron precisamente eso, su tiempo en esta vida.

Que cumpla, quien nos tiene que cumplir.

Y sí, lo más importante es la vida de las personas, pero… en pleno goce de sus derechos humanos.

Miranda sigue preguntando si habrá más balazos…

Por medio de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) expresó: “Uno de los objetivos principales de esta administración es pacificar al país, pero no debe ser arriesgando a padres, madres e hijos. Lo más importante es la vida de las personas.” 18 de octubre de 2019 a las 16:24 hrs.

A las 07:00 Hrs. de ese mismo día, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo a nombre del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, daba a la población los saldos preliminares de los hechos acontecidos el jueves 17 de octubre en la capital sinaloense: 8 muertes, 42 vehículos despojados con violencia, 9 vehículos incendiados, 19 vialidades bloqueadas, 14 agresiones al personal del ejército y 51 reos fugados del Centro Penintenciario de Aguaruto. Más todas las pérdidas económicas sin cuantificar que sufrieron comerciantes, profesionistas, empresarios, así como los daños psicológicos de la población civil que vivió la que ha sido calificada como la jornada más violenta ocurrida en Sinaloa. A esa misma hora, el presidente López Obrador finalizaba su conferencia matutina desde el estado de Oaxaca.

¿Cuál es el camino para la reconstrucción?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Hace seis años se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas que reconoce como víctimas directas a todas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales.

En el artículo 4 La Ley General de Víctimas identifica a víctimas indirectas, potenciales o bien a grupos, comunidades y organizaciones sociales de la forma siguiente:

“Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.”

En cuanto a la reparación integral del daño, establece en sus artículos 26 y 27, que este deberá proporcionarse con los objetivos de buscar devolver a la víctima a la situación anterior en la que encontraba antes de la comisión del delito o la violación de los derechos humanos, así como la rehabilitación de la víctima frente a los hechos punibles, la compensación apropiada y proporcional del hecho punible cometido y la satisfacción de restablecer la dignidad de las víctimas. También establece, que en caso de una reparación colectiva se entenderá como un derecho de los titulares de grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por violación de derechos individuales de miembros colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo.

Las medidas colectivas que deberán garantizar el reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

Pero ¿cómo desarrollará el Estado todas estas actividades? Es a través de la creación de la Comisión General de Atención a Víctimas, órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación por medio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuyo objetivo primordial es brindar los recursos de ayuda y reparación integral de las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos. El principal requisito para el acceso a este fondo es que la víctima se registre ante el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Casi en todo el país existen comisiones estatales para la atención a víctimas quienes brindan asesoría jurídica a las víctimas y dentro de sus funciones se encuentra la de asesorar, asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad, así como formular denuncias o querellas ante la autoridad competente para garantizar los derechos de las víctimas. Por lo que, si Usted se encuentra en alguno de estos supuestos, es importante que acuda ante la instancia competente (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Ministerio Público o Comisión Estatal de Derechos Humanos) más cercano para solicitar el apoyo correspondiente.

En un reciente informe ante la Cámara de Senadores, la Comisión General de Víctimas dio a conocer que, por concepto de recursos de ayuda, al 31 de marzo de este año se erogaron $419 millones de pesos por gastos funerarios, médicos, peritajes, alojamiento, alimentación y de traslados en beneficio de 4,170 víctimas y 805 millones de pesos por concepto de compensaciones en beneficio de 1,167 víctimas.

17/10/19

Miranda coloreo y coloreó... Su atención estaba en ese pedazo de papel que tenía plasmado en dibujo, la geografía de su país, sus ojos estaban ahí. Eligió cada uno de los colores, todos en tono pastel. A Sinaloa le tocó el rosa, es su favorito y así pintó todo el noroeste del país por coincidencia. Cada vez que sus oídos le hacían saber que algo pasaba allá afuera su madre la volvía a su dibujo, al mismo tiempo que la chica que le dio la hoja, una estudiante de gastronomía, que le hacía plática para distraerla y que en su cabecita de 5 años no quedaran recuerdos feos de esa tarde en Fórum. Miranda, su mamá y sus abuelos se encontraron en medio del fuego cruzado porque estaban en “el lugar menos indicado a la hora menos indicada”. Eran las 3:00 P.M. Miranda necesita lentes y fue a ordenarlos a una óptica y posteriormente a dar la vuelta a la plaza comercial más concurrida de la ciudad.

Plaza Fórum está ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos en donde desembocó la barbarie del 17/10/19.

Más de 30 personas se pusieron a salvo en el mismo sitio que Miranda, casi todos estudiantes vestidos con sus uniformes, hombres y mujeres que ya habían finalizado su jornada y que querían divertirse. Terminaron reunidos en uno de los pasadizos que comunican las tiendas y que es la salida de empleados y que por circunstancias de la vida, los han convertido en refugios cada vez que hay una balacera por el sector o dentro de la plaza.

Antes de llegar a su escondite, Miranda prometió comerse toda su comida con tal de que la llevaran al juego de las ligas que está en la parte alta de Fórum. No lo pudo cumplir; en lugar de eso, en unos cuantos minutos y sin saberlo, estaba salvando su vida.

En su inocencia les decía a los adultos que llamaran a los bomberos, esa era su solución. Lejos estaba en realidad de serlo, su hermosa vida de 5 años pendía de las oraciones de su madre y de las personas que la esperaban afuera de ese lugar.

Miranda debía salir viva de ahí y así fue.

Ella tiene que cumplir su sueño de ser doctora.

Casi terminó de colorear el mapa de su país, en tonos pastel... Casi al mismo tiempo que el real se cubría de rojo intenso.

Cada persona tiene su propia historia y su sentir de esa tarde, a cada quién nos deben algo.

Para algunos es sólo cuestión de tiempo, pero a otros les quitaron precisamente eso, su tiempo en esta vida.

Que cumpla, quien nos tiene que cumplir.

Y sí, lo más importante es la vida de las personas, pero… en pleno goce de sus derechos humanos.

Miranda sigue preguntando si habrá más balazos…