/ viernes 22 de enero de 2021

Del cállate chachalaca al me quieren silenciar

En 2006, durante su primera campaña como candidato a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador cuestionó reiteradamente al entonces presidente Vicente Fox, por lo que consideraba indebidas, ilegales y abusivas injerencias en el proceso electoral.

Al calor de esa intensa y polémica contienda, en la que fue derrotado por una muy ajustada diferencia, López Obrador expresó su indignación y coraje en la memorable frase de “¡Cállate chachalaca”, la cual quedó inscrita para el anecdotario político mexicano y que dibujó también de cuerpo entero el espíritu de confrontación y la intolerancia del entonces candidato a la presidencia.

Las quejas de Andrés Manuel López Obrador, sus denuncias de un supuesto fraude electoral y de inequidad en la competencia por la intervención del gobierno, llevaron a la aprobación de una reforma política, en 2007, que implicó modificaciones a la Constitución y la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.

El objetivo de esas reformas fue, justamente, impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y sus resultados a través de los medios de comunicación. Para ello, se estableció la obligación de que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral.

Para limitar el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido o candidato, se instituyó un nuevo modelo de comunicación política, que regula la propaganda gubernamental y prohíbe a los partidos y a particulares la compra de publicidad electoral.

Concretamente, en la Constitución se estableció que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la propaganda gubernamental en los medios de comunicación, con las excepciones de las campañas de información de las propias autoridades electorales, así como las relativas a salud, educación y protección civil en casos de emergencia.

Acatando una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recientemente el Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo para fijar los parámetros a que deberá sujetarse el presidente López Obrador en los mensajes que transmite en sus conferencias de prensa diarias, conocidas como “mañaneras”, a fin de evitar una posible afectación a la equidad en la competencia.

En este acuerdo, el INE ordena al presidente de la república suspender la transmisión íntegra de las conferencias matutinas, durante el período de campañas y abstenerse de emitir opiniones acerca del proceso electoral; sobre los partidos, coaliciones y candidatos.

Como era de esperarse, fiel a su tendencia a victimizarse y a desdeñar a las instituciones, Andrés Manuel López Obrador puso el grito en el cielo ante el acuerdo del INE, y acusó que era un acto de censura e intolerancia, y un atentado a la libertad de expresión.

“Me quieren silenciar”, afirma el presidente de la república, el mismo que le espetó a Vicente Fox el “cállate chachalaca”, y que ahora defiende su derecho a decir lo que piensa y quiere, que por lo mismo anunció que impugnará ante los tribunales el acuerdo del INE.

Lo primero que habría que decir es que aquí no hay ninguna censura, ni violación al derecho a la libertad de expresión. Se le olvida al presidente que las garantías individuales que establece la Constitución, como la libertad de expresión, son para las personas y no para las autoridades, que no pueden invocar como justificación o defensa de sus actos dichos principios.

Nuestra Constitución no protege a los poderes públicos, sino que otorga a los mexicanos un conjunto de garantías, como el derecho a la libertad de expresión, que las autoridades están obligadas a respetar en su debido ejercicio.

“Como le quitan al pueblo el derecho a la información”, replica el presidente López Obrador. Falso. En estos dos años, todos hemos constatado que las mañaneras no son un espacio de información a los ciudadanos, sino más bien un ejercicio de propaganda gubernamental.

Y propaganda de la mala, en la que se trasmite información falsa, se hace abiertamente proselitismo político exaltando los supuestos logros del gobierno de la Cuarta Transformación, se ataca a los “adversarios” y se fustiga los críticos, se denosta a los “conservadores” y “neoliberales” y se divide a los mexicanos. Hasta la propia Elena Poniatowska, partidaria de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, le ha pedido al presidente terminar con las mañaneras, porque han generado ya un hartazgo nacional.

En conclusión, el acuerdo del INE es pertinente y saludable para nuestra vida democrática, porque busca garantizar la equidad en la competencia electoral. De lo que se trata, es que el presidente de la república acate lo establecido en la Constitución. Nada más, pero nada menos que eso. Ya veremos cómo actúa finalmente López Obrador, que hará todo lo que esté a su alcance para que su partido gane los comicios del 2021. Esperemos que ello no implique violentar la Constitución y las leyes, ni “mandar al diablo a las instituciones”.

En 2006, durante su primera campaña como candidato a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador cuestionó reiteradamente al entonces presidente Vicente Fox, por lo que consideraba indebidas, ilegales y abusivas injerencias en el proceso electoral.

Al calor de esa intensa y polémica contienda, en la que fue derrotado por una muy ajustada diferencia, López Obrador expresó su indignación y coraje en la memorable frase de “¡Cállate chachalaca”, la cual quedó inscrita para el anecdotario político mexicano y que dibujó también de cuerpo entero el espíritu de confrontación y la intolerancia del entonces candidato a la presidencia.

Las quejas de Andrés Manuel López Obrador, sus denuncias de un supuesto fraude electoral y de inequidad en la competencia por la intervención del gobierno, llevaron a la aprobación de una reforma política, en 2007, que implicó modificaciones a la Constitución y la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.

El objetivo de esas reformas fue, justamente, impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y sus resultados a través de los medios de comunicación. Para ello, se estableció la obligación de que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral.

Para limitar el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido o candidato, se instituyó un nuevo modelo de comunicación política, que regula la propaganda gubernamental y prohíbe a los partidos y a particulares la compra de publicidad electoral.

Concretamente, en la Constitución se estableció que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la propaganda gubernamental en los medios de comunicación, con las excepciones de las campañas de información de las propias autoridades electorales, así como las relativas a salud, educación y protección civil en casos de emergencia.

Acatando una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recientemente el Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo para fijar los parámetros a que deberá sujetarse el presidente López Obrador en los mensajes que transmite en sus conferencias de prensa diarias, conocidas como “mañaneras”, a fin de evitar una posible afectación a la equidad en la competencia.

En este acuerdo, el INE ordena al presidente de la república suspender la transmisión íntegra de las conferencias matutinas, durante el período de campañas y abstenerse de emitir opiniones acerca del proceso electoral; sobre los partidos, coaliciones y candidatos.

Como era de esperarse, fiel a su tendencia a victimizarse y a desdeñar a las instituciones, Andrés Manuel López Obrador puso el grito en el cielo ante el acuerdo del INE, y acusó que era un acto de censura e intolerancia, y un atentado a la libertad de expresión.

“Me quieren silenciar”, afirma el presidente de la república, el mismo que le espetó a Vicente Fox el “cállate chachalaca”, y que ahora defiende su derecho a decir lo que piensa y quiere, que por lo mismo anunció que impugnará ante los tribunales el acuerdo del INE.

Lo primero que habría que decir es que aquí no hay ninguna censura, ni violación al derecho a la libertad de expresión. Se le olvida al presidente que las garantías individuales que establece la Constitución, como la libertad de expresión, son para las personas y no para las autoridades, que no pueden invocar como justificación o defensa de sus actos dichos principios.

Nuestra Constitución no protege a los poderes públicos, sino que otorga a los mexicanos un conjunto de garantías, como el derecho a la libertad de expresión, que las autoridades están obligadas a respetar en su debido ejercicio.

“Como le quitan al pueblo el derecho a la información”, replica el presidente López Obrador. Falso. En estos dos años, todos hemos constatado que las mañaneras no son un espacio de información a los ciudadanos, sino más bien un ejercicio de propaganda gubernamental.

Y propaganda de la mala, en la que se trasmite información falsa, se hace abiertamente proselitismo político exaltando los supuestos logros del gobierno de la Cuarta Transformación, se ataca a los “adversarios” y se fustiga los críticos, se denosta a los “conservadores” y “neoliberales” y se divide a los mexicanos. Hasta la propia Elena Poniatowska, partidaria de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, le ha pedido al presidente terminar con las mañaneras, porque han generado ya un hartazgo nacional.

En conclusión, el acuerdo del INE es pertinente y saludable para nuestra vida democrática, porque busca garantizar la equidad en la competencia electoral. De lo que se trata, es que el presidente de la república acate lo establecido en la Constitución. Nada más, pero nada menos que eso. Ya veremos cómo actúa finalmente López Obrador, que hará todo lo que esté a su alcance para que su partido gane los comicios del 2021. Esperemos que ello no implique violentar la Constitución y las leyes, ni “mandar al diablo a las instituciones”.