Desde hace varias semanas he insistido en que la crisis económica mundial es inminente, y que en México este problema nos alcanzaría más temprano que tarde. Esta situación no es como la que hemos enfrentado en el pasado, ya que esta es producto de la pandemia, la cual impacta tanto en la industria como en la demanda de productos, pero además amenaza la estabilidad política y social debido al alto grado de pobreza y desempleo en el país.
A pesar de que muchos analistas advirtieron sobre lo que ya estamos viviendo, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta hace poco había insistido en que “Nuestro país estaba blindado para enfrentar esta crisis mundial. A nadie le conviene una recesión mundial, a nosotros nos ayuda porque esta es una crisis que no se origina en México; el país no tendrá problemas de desempleo, pues tenemos la posibilidad de ofrecer ocupación, ya que se mantendrán programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, y, al mismo tiempo, apoyaremos a las empresas”.
Las declaraciones del presidente contrastan con las emitidas por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva: “La recesión suma una inmensa presión sobre los países de desarrollo medio, llamados emergentes —entre los cuales se incluye a México—, que sufren por la caída del comercio, la reducción de las exportaciones y las salidas masivas de capital. México necesitará para sus necesidades financieras generales 1.4 veces el valor de su economía”. La OCDE estima que para que nuestro país pueda frenar el COVID-19 necesitará el 30% del PIB.
Mucho he señalado en que el gobierno federal debe mandar un mensaje claro de apoyo para las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero las declaraciones entre el presidente y su gabinete siguen siendo contradictorias. Por un lado, el mandatario federal anuncia un programa económico de ayuda para las pequeñas y medianas empresas, y por otro, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llama a las empresas a continuar con el pago de impuestos, recordándoles que la política del SAT es de aumentar la eficiencia recaudatoria, reducir la evasión fiscal y el combate a la corrupción.
Mientras que en otros países las políticas económicas anuncian la suspensión del cobro de impuestos fiscales y el apoyo a los trabajadores y a las familias, en México estamos haciendo lo contrario; mientras que Estados Unidos aprueba un paquete económico de 2.2 billones de dólares para enfrentar la crisis, otorgando pagos directos a individuos y familias de 1200 dólares para quienes tengan un ingreso de menos de 75000 dólares al año, más 500 dólares por menor de 17 años, en nuestra nación no existe un programa de apoyo para los más de 125 millones de personas.
México necesita de una política clara y contundente. La debilidad de las instituciones está haciendo que cada quién haga lo que quiera; por un lado, crece la desconfianza de los inversionistas que generan empleos en el país, y por el otro, los incrementos a los productos de la canasta básica se están generalizando.
La expresión: “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, parece ser solo una frase. Me explico: la certeza y la confianza se construyen a partir del respeto a las leyes; es la propia autoridad la que tiene como obligación cumplirla y hacerla cumplir, pero actualmente los funcionarios públicos son los primeros que se esfuerzan en no acatarla y menos en proteger a los inversionistas, tal y como sucedió con la suspensión de la inversión de la empresa Constellation Brands en Mexicali.
La nula actuación de las instituciones encargadas de regular los precios ha generado que miles de negocios estén aplicando incrementos a muchos productos de la canasta básica como frijol, arroz, tomate, huevos, leche, tortilla, aguacate, limón, azúcar, pollo y otros. Esta acción, sumada al cierre de negocios, hará que millones de familias empiecen a tomar otras medidas, como el saqueo de tiendas que algunos sujetos convocaron a través de las redes sociales en la Ciudad de México y el Estado de México.
La autoridad federal debe realizar una pausa. Primero, el presidente tiene que hacer un alto en sus giras semanales y dedicarse a hacer una verdadera evaluación sobre la pandemia y la crisis económica; segundo, como ningún sector —gobierno, empresarios o sociedad— cuenta por sí solo con la capacidad para resolver esta difícil situación, debemos unir fuerzas; tercero, el Ejecutivo federal debe hacer un esfuerzo supremo y sentarse a dialogar con las demás fuerzas políticas, empresariales y sociales y pactar un acuerdo nacional para usar los recursos disponibles y reactivar la economía.
Estamos por enfrentar una recesión de grandes dimensiones. México ha apostado mucho al petróleo, pero la caída del precio del barril le complica el panorama: el gobierno tendrá menos ingresos y, por lo tanto, menos ingresos tributarios. El panorama no se ve alentador.
Este sábado, el presidente López Obrador reconoció que tendremos una fuerte crisis económica: “Se nos va a venir muy fuerte la crisis económica por la pandemia del Covid-19”, pero insiste en que esta se solucionará con el blindaje de 500,000 millones de pesos que destina a los programas de bienestar, y señaló: “México tiene finanzas públicas sanas para hacer frente a la situación, a partir de ahorros derivados del combate a la corrupción y la impunidad, además de que se implementaron medidas de austeridad republicana. Y como tenemos reservas suficientes, no vamos a endeudar al país”.
Por lo pronto, como empresario he decidido apoyar a mis empleados con el sueldo y las prestaciones sociales para que se queden en su casa, independientemente de las acciones de apoyo que implemente el gobierno a los que realmente generamos empleo e inversión en el país.
Culiacán Sinaloa, a 31 de marzo del 2020.
Unamos los esfuerzos para vencer al coronavirus.
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