La Cuarta Transformación no es un proyecto de gobierno que mire al futuro. Se trata, más bien, de un movimiento de carácter populista y clientelar, sometido a la voluntad de un líder con tendencias autoritarias y con una visión anacrónica de México y del mundo.
A la 4T le mueve un impulso revanchista y destructivo. La misión epopéyica que se echaron a cuestas su gran timonel y seguidores es construir un nuevo régimen, eliminado todas las instituciones y programas de gobierno que se edificaron y se implementaron en la “larga y oscura noche del ciclo neoliberal”.
Con ese dogmatismo ideológico, desaparecieron los apoyos al campo, ganadería y pesca; eliminaron el Seguro Popular, comedores comunitarios, estancias infantiles para hijos de madres trabajadoras, los programas de empleo temporal y de apoyo a jornaleros agrícolas; extinguieron 109 fideicomisos, entre ellos los que brindaban respaldo a la ciencia, cultura, deporte y periodistas; y tienen en la mira la desaparición de más de 100 organismos autónomos, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; la Comisión Reguladora de Energía; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Todo este proceso de desmantelamiento del estado mexicano y de destrucción institucional, se ha llevado a cabo con los trillados y desgastados argumentos de la “austeridad republicana”, combate a la corrupción y eliminación de las herencias de las políticas “neoliberales” y “neoporfiristas”.
Este trasnochado, estrecho y delirante prejuicio ideológico, es el que aparece en la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que con carácter preferente el pasado 29 de enero presentó ante la cámara de diputados el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.
Con esta propuesta, se busca cambiar las reglas del juego en el sector eléctrico. Lo que se pretende es establecer un orden de prelación en la compra y despacho de electricidad, priorizando la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad y dejando en un segundo plano a las compañías privadas.
Estamos ante la amenaza de una verdadera y grave contrarreforma eléctrica, que de concretarse implicaría una involución y un gran retroceso histórico. Para decirlo en pocas palabras: significaría frenar la apertura en el sector, limitar la competencia en el mercado eléctrico y reinstalar el dañino monopolio de la CFE, que por años alimento la ineficacia y la corrupción.
La propuesta del ejecutivo federal, no traerá ningún beneficio directo a los consumidores. Por el contrario, se prevé un aumento en el costo del servicio, ya de por sí elevado, debido a que la energía generada por la CFE es la más cara.
Pero además, con esta iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, México camina de espaldas al mundo. Aquí se desdeñan las energías renovables y se pretende dar prioridad a las plantas de la CFE, que operan con combustibles fósiles, como combustóleo o carbón, que son altamente contaminantes.
Esta propuesta, atenta contra la certidumbre jurídica y el estado de derecho, ya que impacta negativamente inversiones y contratos ya establecidos. Si el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa del presidente López Obrador, seguramente se vendrá un alud de demandas contra el gobierno mexicano por violentar disposiciones de tratados internacionales, como el T-MEC.
Se estima que el monto que tendría que cubrirse por indemnizaciones a los inversionistas afectados por esta reforma, sería de aproximadamente 20 mil millones de dólares. Esto tendría que pagar el pueblo de México por la obcecación, dogmatismo y fantasías estatistas y monopólicas del presidente de la república.
En esta cadena de errores que ha sido el gobierno de la Cuarta Transformación, también se inscriben los cambios a la Ley del Banco de México propuestos por el líder de los senadores de MORENA, Ricardo Monreal, que fueron aprobado por el senado en diciembre del año pasado y que han sido turnados para su discusión y votación a la Cámara de Diputados.
La propuesta busca obligar al Banco de México a comprar dólares en efectivo excedentes en el mercado cambiario y que las instituciones financieras privadas no puedan repatriar. Se trata de otra grave contrarreforma, que atenta contra la autonomía de una institución que ha sido fundamental para la estabilidad macroeconómica de nuestro país.
Esta iniciativa, hecha a pedido de un ex integrante de la “mafia del poder” y hoy empresario nacionalista y ejemplar aliado de la 4T, entraña el riesgo de que ingresen al país, sin la debida regulación, flujos importantes de dólares en efectivo, que pueden provenir de actividades ilícitas.
Abrir de esta manera la puerta al lavado de dinero, dañaría enormemente la credibilidad de nuestro sistema financiero. Con ello, se afectaría la calificación crediticia del país, se generaría inestabilidad, devaluación y efectos adversos en toda la economía nacional.
El presidente y sus legisladores están jugando con fuego. Si se aprueba en los términos propuestos la reforma a la Ley del Banco de México, puede ser el tiro de gracia para nuestra economía, que durante dos años consecutivos de gobierno de la 4T no ha tenido crecimiento.
