¿En qué momento el gobernador constitucional del estado de Sinaloa puede ser retenido contra su voluntad por el comandante de la novena zona militar? El episodio sucedió el 1 de mayo de 1977 cuando Alfonso G. Calderón Velarde fue conducido después del desfile del Día del Trabajo junto a sus escoltas al cuartel donde despachaba el general Ricardo Cervantes García Rojas.
Había transcurrido mas de un mes del asesinato del mayor Gustavo Sámano Velázquez, quien hacía funciones de seguridad y enlace entre el gobierno municipal de Culiacán que entonces encabezaba Fortunato Álvarez Castro, con las autoridades castrenses. Sámano había sido director del penal de Aguaruto en el primer año de la gestión de Calderón, fue cesado a raíz de la fuga de Manuel Salcido Uzeta, mejor conocido como “el Cochiloco”. Se decía que detrás del asesinato del militar estaba la mano del capo que años después moriría acribillado en Colima.
Cervantes García Rojas tenía fama de duro, abusivo y matón. Diversos testimonios, como el del ex gobernador Juan S. Millán y el ex alcalde Álvarez Castro, señalan que el gobernador Calderón fue retenido por más de cuatro horas en el cuartel militar. Fue encerrado e interrogado por el general sobre la autoría del asesinado de su “hermano” como le decía al mayor Sámano, quien había sido su compañero en el Colegio Militar y eran miembros de la misma logia masónica. Conforme pasaban las horas y el mandatario no salía del cuartel, el nerviosismo entre los funcionarios civiles se hacía patente. Una llamada a la secretaría de Gobernación, un telefonema por la red al secretario de la Defensa Nacional Félix Galván López, y éste llamando al cuartel de Culiacán.
--Modérate, es el gobernador constitucional—le dijo el secretario de la Defensa según fuentes militares de la época. Cervantes García Rojas lo liberó y a los pocos días fue relevado del puesto.
Sin embargo los escoltas del gobernador no corrieron con la misma suerte. Cinco de ellos desde entonces están desaparecidos, fueron interrogados por su supuesto papel en el homicidio pero después ya no se supo más de ellos. Desde entonces comenzó el viacrucis de las familias de cuatro de ellos. Sus mujeres, sus hijas e hijos han caminado y vivido más de cuatro décadas sin saber qué pasó, ni conocer dónde están.
Su reclamo perdura y toma nuevo impulso a raíz del anuncio de que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, estableció una ruta de trabajo con la secretaría de la Defensa Nacional para acceder a los archivos de esa época y por vez primera ingresar a las instalaciones militares como las de la novena zona en Culiacán, donde buscarían evidencias sobre personas desaparecidas.
La importancia de contar sus historias después de lo que pasó hace más de cuatro décadas, es que durante este lapso sus peticiones de justicia y verdad sobre lo ocurrido con sus maridos y padres de familia han quedado en el limbo. Sin embargo hoy día toman nueva actualidad ante la coyuntura que se presenta, y el compromiso presidencial de aclarar y hacer justicia en los hechos de nuestro pasado reciente.
La apuesta por un comrpromiso con la memoria se basa en el derecho más elemental que como sociedad nos merecemos ante el cúmulo de episodios sin aclarar durante los años mas duros de la violencia de Estado y la violación de los derechos humanos como política de los gobierno.
