/ viernes 11 de septiembre de 2020

Combate a la corrupción: mucho ruido y pocas nueces

Como líder y candidato de oposición, la lucha frontal contra la corrupción fue la principal bandera de Andrés Manuel López Obrador. Perseverar durante años en esa narrativa, fue el factor decisivo para su triunfo arrollador en las elecciones de 2018. El ahora presidente de la república, explotó y cosechó el hartazgo de los mexicanos ante tantos dispendios, abusos, excesos y escándalos de corrupción.

No es casual, que López Obrador resuma el mandato de su administración en la consiga de acabar con la corrupción y la impunidad. En su mensaje de toma de posesión, afirmó que “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes” y asumió el compromiso de “limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”.

Y a lo largo de toda su gestión, la constante en el mensaje presidencial ha sido la lucha contra la corrupción. Recientemente, al presentar su Segundo Informe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador destacó que gracias al combate a la corrupción y las políticas de austeridad se lograron ahorrar 560 mil millones de pesos y aseguró que “Este gobierno no será recordado por corrupto”.

Esa es la narrativa presidencial, que va por un lado, y los hechos van por otro. Realmente, en dos años del llamado gobierno de la Cuarta Transformación los avances efectivos en el combate a la corrupción son limitados. Hemos tenido mucha retórica, señalamientos, escándalos y estigmatización, pero pocos resultados. Como se dice coloquialmente: mucho ruido y pocas nueces.

¿Cuáles son los avances tangibles y concretos de la presente administración federal en la lucha contra la corrupción? En principio, la adecuación del marco legal. En abril de 2019 se aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución, para incluir dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los delitos en materia de corrupción. En julio el año pasado, se aprueba también la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio.

El gobierno federal ha centralizado las compras y contratos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ha decidido combatir la corrupción desde la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera. Respecto a procedimientos contra ex funcionarios, sobresale la detención y encarcelamiento de Rosario Robles Berlanga (ex Secretaria de Desarrollo Social) y la extradición de Emilio Lozoya Austin (ex director de PEMEX), corrupto confeso convertido en niño héroe de la 4T.

Estas y otras acciones que ha promovido el presidente de la república, han sido totalmente insuficientes y no han modificado las negativas prácticas de corrupción que lamentablemente prevalecen en los distintos niveles de la administración pública.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, reveló que en 2019, el primer año de ejercicio del gobierno de la 4T, la Tasa de Prevalencia de Corrupción (población que experimentó actos de corrupción) fue de 15 732 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un aumento respecto al 2018, donde fue de 14 635 por cada 100 mil habitantes.

Y las sorpresas no terminan ahí. De acuerdo con la misma Encuesta de INEGI, la Tasa de Víctimas de Actos de Corrupción (población víctima de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados) también se ha incrementado en la actual administración federal, al pasar de 14 635 por cada 100 habitantes en 2017 a 15 732 en 2019.

La prestigiada organización Transparencia Internacional da a conocer anualmente su Indice de Percepción de la Corrupción. En 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, México obtuvo una calificación de 29 puntos, solo un punto por arriba del alcanzado en el 2018, el último de la llamada “era neoliberal”. En este índice, el 2019 México se ubicó en la posición 130 de 180 países evaluados. Es cierto que del 2018 al 2019 se avanzó 8 posiciones, al pasar del lugar 138 al 130. Pero no hay que perder de vista que todavía nos situamos por debajo de Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, El Salvador y Bolivia. Estamos al nivel de Guinea, Laos, Mali, Mayanmar y Togo. Esa es nuestra preocupante realidad.

Es cierto que un problema ancestral y tan complejo como la corrupción, no puede resolverse en dos años. Por más que el presidente de la república asegure que en México ya se acabó la corrupción, los datos nos dicen otra cosa.

Podemos conceder que Andrés Manuel Obrador es honesto y tiene un genuino y firme compromiso en la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿por qué a la vuelta de dos años no se observan avances notables en esta materia?

Desde nuestro punto de vista, el problema radica en que para el gobierno de la Cuarta Transformación el combate contra la “peste” de la corrupción es un acto eminentemente voluntarista y moralizador. El objetivo, lo ha dicho el presidente de la república, es “regenerar y purificar la vida pública de México”.

Lo cierto es que abatir la corrupción no implica exorcizar un mal, difundir buenos valores o predicar con el ejemplo de la austeridad. Para avanzar en serio y de manera efectiva en este campo, se requiere fortalecer las instituciones y no permitir la impunidad. Y es ahí donde no se ven esfuerzos ni resultados.

En estos dos años, muy poco se ha hecho para consolidar el Sistema Anticorrupción a nivel federal y estatal, y en los tres poderes. Se ha perdido una valiosa oportunidad para contar con una Fiscalía General de la República verdaderamente autónoma.

Sin duda, fue un éxito de la 4T haber logrado la extradición de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX. López Obrador afirmó que el juicio a Lozoya sería “un parteaguas en el combate a la corrupción”. Pero todo parece indicar que no será así.

En lugar de un juicio ejemplar, apegado a derecho, que hubiera sentado un precedente histórico, se ha optado por el uso político de la justicia. La filtración de declaraciones ministeriales que obran en expedientes y la exhibición de videos en el mismo palacio nacional, han generado paradójicamente un efecto “corruptor”, al violentar el debido proceso y la presunción de inocencia. En este caso, lamentablemente la Fiscalía General de la República ha venido actuado de acuerdo a lo dictado en las mañaneras. Con ello, el presidente de la república ha derruido toda esperanza de autonomía en la Fiscalía.

Ante el rápido desgate del caso Lozoya, y para darle continuidad a la retórica de la lucha contra la corrupción, desde el ejecutivo federal se impulsa una consulta para determinar si se enjuicia o no a los expresidentes. Se trata de una farsa, de una consulta “patito”, sin fundamento legal, que lo único que demuestra es que a la Cuarta Transformación no le interesa un combate efectivo a la corrupción, sino únicamente utilizar este argumento como arma de revanchismo, venganza, escándalo mediático y linchamiento político.

Cuando se le ha cuestionado sobre denuncias de corrupción en su gobierno, la respuesta del presidente de la república ha sido “No somos iguales”. Sin embargo, ahí están el 78% de los contratos por adjudicación directa en 2019, los casos de Ana Gabriela Guevara en el Instituto del Deporte, Carlos Peralta en SEGOB, las denuncias de tráfico de influencias en la SCT, IMSS y SE, el hijo de Manuel Bartlett y el video de Pío López Obrador recibiendo, ilegalmente, “aportaciones” para Morena. Todo esto comienza minar la congruencia y la credibilidad en el único reducto que le queda a la 4T, que es el combate a la corrupción.

Ante los malos resultados en crecimiento económico, mejoramiento de la seguridad y control de la pandemia del COVID-19, al ejecutivo federal solo le queda retomar su bandera emblemática, que es la lucha contra la corrupción. Si aquí tampoco hay resultados, la Cuarta Transformación será un rotundo fracaso.

Como líder y candidato de oposición, la lucha frontal contra la corrupción fue la principal bandera de Andrés Manuel López Obrador. Perseverar durante años en esa narrativa, fue el factor decisivo para su triunfo arrollador en las elecciones de 2018. El ahora presidente de la república, explotó y cosechó el hartazgo de los mexicanos ante tantos dispendios, abusos, excesos y escándalos de corrupción.

No es casual, que López Obrador resuma el mandato de su administración en la consiga de acabar con la corrupción y la impunidad. En su mensaje de toma de posesión, afirmó que “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes” y asumió el compromiso de “limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”.

Y a lo largo de toda su gestión, la constante en el mensaje presidencial ha sido la lucha contra la corrupción. Recientemente, al presentar su Segundo Informe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador destacó que gracias al combate a la corrupción y las políticas de austeridad se lograron ahorrar 560 mil millones de pesos y aseguró que “Este gobierno no será recordado por corrupto”.

Esa es la narrativa presidencial, que va por un lado, y los hechos van por otro. Realmente, en dos años del llamado gobierno de la Cuarta Transformación los avances efectivos en el combate a la corrupción son limitados. Hemos tenido mucha retórica, señalamientos, escándalos y estigmatización, pero pocos resultados. Como se dice coloquialmente: mucho ruido y pocas nueces.

¿Cuáles son los avances tangibles y concretos de la presente administración federal en la lucha contra la corrupción? En principio, la adecuación del marco legal. En abril de 2019 se aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución, para incluir dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los delitos en materia de corrupción. En julio el año pasado, se aprueba también la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio.

El gobierno federal ha centralizado las compras y contratos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ha decidido combatir la corrupción desde la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera. Respecto a procedimientos contra ex funcionarios, sobresale la detención y encarcelamiento de Rosario Robles Berlanga (ex Secretaria de Desarrollo Social) y la extradición de Emilio Lozoya Austin (ex director de PEMEX), corrupto confeso convertido en niño héroe de la 4T.

Estas y otras acciones que ha promovido el presidente de la república, han sido totalmente insuficientes y no han modificado las negativas prácticas de corrupción que lamentablemente prevalecen en los distintos niveles de la administración pública.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, reveló que en 2019, el primer año de ejercicio del gobierno de la 4T, la Tasa de Prevalencia de Corrupción (población que experimentó actos de corrupción) fue de 15 732 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un aumento respecto al 2018, donde fue de 14 635 por cada 100 mil habitantes.

Y las sorpresas no terminan ahí. De acuerdo con la misma Encuesta de INEGI, la Tasa de Víctimas de Actos de Corrupción (población víctima de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados) también se ha incrementado en la actual administración federal, al pasar de 14 635 por cada 100 habitantes en 2017 a 15 732 en 2019.

La prestigiada organización Transparencia Internacional da a conocer anualmente su Indice de Percepción de la Corrupción. En 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, México obtuvo una calificación de 29 puntos, solo un punto por arriba del alcanzado en el 2018, el último de la llamada “era neoliberal”. En este índice, el 2019 México se ubicó en la posición 130 de 180 países evaluados. Es cierto que del 2018 al 2019 se avanzó 8 posiciones, al pasar del lugar 138 al 130. Pero no hay que perder de vista que todavía nos situamos por debajo de Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, El Salvador y Bolivia. Estamos al nivel de Guinea, Laos, Mali, Mayanmar y Togo. Esa es nuestra preocupante realidad.

Es cierto que un problema ancestral y tan complejo como la corrupción, no puede resolverse en dos años. Por más que el presidente de la república asegure que en México ya se acabó la corrupción, los datos nos dicen otra cosa.

Podemos conceder que Andrés Manuel Obrador es honesto y tiene un genuino y firme compromiso en la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿por qué a la vuelta de dos años no se observan avances notables en esta materia?

Desde nuestro punto de vista, el problema radica en que para el gobierno de la Cuarta Transformación el combate contra la “peste” de la corrupción es un acto eminentemente voluntarista y moralizador. El objetivo, lo ha dicho el presidente de la república, es “regenerar y purificar la vida pública de México”.

Lo cierto es que abatir la corrupción no implica exorcizar un mal, difundir buenos valores o predicar con el ejemplo de la austeridad. Para avanzar en serio y de manera efectiva en este campo, se requiere fortalecer las instituciones y no permitir la impunidad. Y es ahí donde no se ven esfuerzos ni resultados.

En estos dos años, muy poco se ha hecho para consolidar el Sistema Anticorrupción a nivel federal y estatal, y en los tres poderes. Se ha perdido una valiosa oportunidad para contar con una Fiscalía General de la República verdaderamente autónoma.

Sin duda, fue un éxito de la 4T haber logrado la extradición de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX. López Obrador afirmó que el juicio a Lozoya sería “un parteaguas en el combate a la corrupción”. Pero todo parece indicar que no será así.

En lugar de un juicio ejemplar, apegado a derecho, que hubiera sentado un precedente histórico, se ha optado por el uso político de la justicia. La filtración de declaraciones ministeriales que obran en expedientes y la exhibición de videos en el mismo palacio nacional, han generado paradójicamente un efecto “corruptor”, al violentar el debido proceso y la presunción de inocencia. En este caso, lamentablemente la Fiscalía General de la República ha venido actuado de acuerdo a lo dictado en las mañaneras. Con ello, el presidente de la república ha derruido toda esperanza de autonomía en la Fiscalía.

Ante el rápido desgate del caso Lozoya, y para darle continuidad a la retórica de la lucha contra la corrupción, desde el ejecutivo federal se impulsa una consulta para determinar si se enjuicia o no a los expresidentes. Se trata de una farsa, de una consulta “patito”, sin fundamento legal, que lo único que demuestra es que a la Cuarta Transformación no le interesa un combate efectivo a la corrupción, sino únicamente utilizar este argumento como arma de revanchismo, venganza, escándalo mediático y linchamiento político.

Cuando se le ha cuestionado sobre denuncias de corrupción en su gobierno, la respuesta del presidente de la república ha sido “No somos iguales”. Sin embargo, ahí están el 78% de los contratos por adjudicación directa en 2019, los casos de Ana Gabriela Guevara en el Instituto del Deporte, Carlos Peralta en SEGOB, las denuncias de tráfico de influencias en la SCT, IMSS y SE, el hijo de Manuel Bartlett y el video de Pío López Obrador recibiendo, ilegalmente, “aportaciones” para Morena. Todo esto comienza minar la congruencia y la credibilidad en el único reducto que le queda a la 4T, que es el combate a la corrupción.

Ante los malos resultados en crecimiento económico, mejoramiento de la seguridad y control de la pandemia del COVID-19, al ejecutivo federal solo le queda retomar su bandera emblemática, que es la lucha contra la corrupción. Si aquí tampoco hay resultados, la Cuarta Transformación será un rotundo fracaso.