En el año 2019, el entonces gerente de Jumapam, Quel Galván Pelayo, señaló que había el reporte de cuando menos 5 fraccionamientos o cotos de Mazatlán con más de 900 viviendas cada una de ellas, que estaban amparados para no pagar el uso de agua común.
Por cada una de estas viviendas, se calculaba había una facturación de 200 pesos mensuales, lo cual implicaba una pérdida económica importante para la Junta.
Galván Pelayo explicó en su momento que este problema se origina porque el desarrollador contrata un medidor general para el fraccionamiento que se utiliza para el servicio de mantenimiento de la zona, por lo que debe de pagarse una cuota, pero al vender las viviendas, los propietarios solicitan de manera individual una toma domiciliaria de agua que paga con puntualidad y forma; sin embargo, el constructor o la administración del conjunto habitacional se olvida de pagar el uso de agua común.
Es así como el medidor general marca toda el agua que entra, pero hay una diferencia entre el monto de la suma de medidores individuales y el gasto general de agua.
Al exigir el pago de la diferencia, algunos fraccionamientos se han amparado para no pagar el medidor general, y cuando el desarrollador o el constructor entrega el coto, les deja la deuda a los vecinos que adquirieron las casas.
Este pudiera ser el caso de los vecinos del fraccionamiento privado Mediterráneo Club Residencial, quienes en el último recibo de agua recibieron cargos por el orden de los 21 mil 100 pesos, adicionales al consumo de agua del mes de agosto, con la leyenda “prorrateo del adeudo de diciembre de 2017 a julio de 2021 y mes en turno, correspondientes a las tomas generales 1304-200000 y 1304-200655”.
Los afectados con estos cobros han señalado que ellos han pagado su recibo de agua cada mes, así como las cuotas de mantenimiento que en algunos casos superan los 800 pesos y que se supone, debería de incluir el pago de uso de agua común.
PREOCUPACIÓN
La preocupación de los vecinos es que la empresa desarrolladora está a punto de entregar el fraccionamiento, pues sólo le quedan entre 4 o 5 casas por vender, y las oficinas de ventas están semivacías, a las que acude un arquitecto y una señora que se encarga de las ventas.
Por su parte, la administración en turno del coto no se hace responsable de la deuda que se supone asciende a 7.7 millones de pesos, por el contrario, les recomienda a los condóminos contratar a un bogado o aceptar el cobro, con el descuento de multas y recargos.
Abogados consultados refieren que de interponer un amparo, el proceso podría tardar entre 6 y 12 meses, lo cual costaría entre 2 mil 100 a 2 mil 500 pesos por persona. Y la pregunta que varios de los vecinos se hacen es por qué van a tener que pagar por algo que ellos no deben.
NO HAY QUINTO MALO
Este domingo el gobernador Quirino Ordaz Coppel rindió su Quinto y último informe de gobierno, antes de entregar el poder a Rubén Rocha Moya.
Desde luego, Ordaz Coppel presentó a la sociedad un informe donde hay más buenas intenciones que resultados de fondo, y claro, cosas como obras no pueden ocultarse y ese siempre fue su principal bandera.
Lo cierto es que en materia de seguridad, nos está dejando un Sinaloa en tercer sitio nacional en materia de feminicidios, con una alerta de género que él decretó, pero que nunca ha funcionado porque nunca otorgó recursos suficientes a este rubro.
Presumió que construyó la base militar de El Sauz, pero no dijo que los 800 millones de pesos quedan en nada, pues la base casi siempre está sola y sin recursos, y el narco sigue mandando en las calles. ¿O todo aquello que dijeron, de que el crimen organizado apoyó a Morena fue mentira? ¿A quién le deja el poder, señor gobernador?
