Al proceder, recientemente, con la entrega oficial de calificaciones a alumnos de un curso de elaboración de proyectos, me permití también, darme tiempo para reflexionar acerca de cómo esas notas reflejaban el nivel de conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso. Más allá de ello, confirmé que, ante una calificación específica, el alumno también se forma un juicio acerca de la justicia impartida a través de esa nota por parte del profesor.
La realidad es que por más esmero que se tenga en impartir justicia, siempre permeará en el ambiente, un halo de inconformidad, Independientemente de que esta se manifieste explícitamente. La calificación es producto de una evaluación, al tiempo que esta última se diseña en función de un determinado modelo, que, a su vez, responde a la visión que se tiene acerca del sistema que se quiere desarrollar.
Si se carece de definición y claridad en el modelo, lo más probable es que la evaluación derive en calificaciones, que al final de cuentas, no contribuyan –cuando menos en el nivel requerido- a satisfacer los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema. La evaluación en un modelo educativo implicaría la definición de los atributos a evaluar (por ejemplo, las habilidades y valores) así como los mecanismos y formas necesarias para el desarrollo del proceso de evaluación.
La calidad y perfil del producto obtenido dependerá en gran medida de las habilidades y valores específicos incluidos en la evaluación. En la medida en que se tengan buenos resultados en los microprocesos, se obtendrán, en consecuencia, mejores indicadores en el macroproceso, es decir, el desarrollo de las habilidades y valores en los alumnos se reflejará en profesionistas mejor preparados y con mayor compromiso social pero siempre en correspondencia con aquellos atributos considerados en dicho proceso.
Hago esta descripción con el propósito de tomarlo como sustento y poder referirme a la calificación que emiten las agencias calificadoras globales (ACG) respecto al desempeño financiero de las distintas naciones y empresas en el mundo. Llama poderosamente la atención lo comentado por algunos analistas en relación a que las calificadoras realizan sus evaluaciones en apego a procedimientos en donde ciertos atributos no son considerados, particularmente la corrupción; esto hace recordar el “make money” como principio básico que rige el comportamiento de los capitales financieros globales, donde el fin justifica los medios, es decir, aumentar la concentración de la riqueza no importando si para ello sea necesario utilizar la corrupción personal o “institucionalizada”, arraigada como subcultura, en mayor o menor medida en algunas naciones, o ceñirse a intervencionismos militares o políticas basadas en sanciones económicas como forma de presión para el cambio de modelos económicos.
Para las ACG es importante la viabilidad financiera, y que, eventualmente se refleje en ciertos indicadores que garanticen que el capital invertido no solo esté seguro, sino que además, cuente con buenos márgenes de potencial incremento; no importa lo que subyace en ese proceso de concentración, es decir, no importa la distribución de la riqueza, no importa la condición de marginalidad que ello produzca, no importa que ello conduzca a la agudización de la polarización y que se convierta eventualmente en condición de inseguridad hasta para la inversión misma, al fin y al cabo cuando esas condiciones se den podrán trasladar sus capitales hacia otros destinos más seguros.
Todo esto que no importa para las ACG sí debe de estar en la agenda de una política de gobierno, que debe ser, de hecho, una de sus tareas principales; las políticas públicas deben ser por excelencia los mejores instrumentos de igualación, que por añadidura, generan mejores condiciones para la inversión; otro instrumento importante es la eficacia tanto en la recaudación como en el ejercicio del presupuesto, tomando en consideración no solo el adecuado equilibrio, si no también, la aplicación eficiente de los recursos incluyendo el ataque a la corrupción.
El equilibrio entre estas dos grandes vertientes (la inversión de capital y una política de igualación social con su respectivo impacto en los niveles de inseguridad y corrupción) necesariamente debe reflejarse en un mayor crecimiento con justicia social. Al final, la gran paradoja: la corrupción coadyuva a la inseguridad y violencia, la inseguridad y violencia inhibe la inversión, y, la corrupción no es ponderada para la emisión de calificación por las ACG
