/ martes 27 de octubre de 2020

Avanza la democracia directa en México

Durante buena parte del siglo XX, la democracia en México y la participación ciudadana en los asuntos públicos estuvieron limitadas, si no es que obstaculizadas, por la propia estructura del sistema político y la injerencia de un partido oficial. Para tener voz había que ser subordinado de los grandes poderes o integrarse a esta estructura jerárquica y rígida que exigía lealtad incondicional y silencio sobre ciertos temas. Esto afortunadamente fue cambiando con los años. En 1990, por ejemplo, nuestro sistema electoral sufrió una de sus modificaciones más sustanciales cuando el órgano que organizaba las elecciones dejó de pertenecer a la Secretaría de Gobernación y pasó a ser autónomo.

Sin embrago, a pesar de que se ha avanzado en el sentido correcto, en el país aún hay importantes obstáculos para ejercer una democracia directa y para involucrar mejor a los ciudadanos en la toma de decisiones. Uno de ellos es la desconfianza genérica hacia los gobiernos, la cual está cimentada en la poca efectividad de las instituciones al responder a las demandas y exigencias, así como en la impunidad que ha habido por mucho tiempo a la hora de investigar y castigar a los culpables de delitos. Un dato que ilustra la apatía a la que los pasados gobiernos llevaron a la población mexicana es el hecho de que, tan solo en el ámbito electoral, México todavía se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en cuanto a participación de los votantes en los comicios.

Desde su época de campaña, el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, anticipó que le interesaba someter temas relevantes a la opinión popular: hacer realidad el derecho estipulado en el artículo 35 de la Constitución, el cual señala que es derecho de la ciudadanía votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, el cual solo recientemente ha sido invocado con la propuesta formal de realizar consultas tales como la de llevar a juicio a expresidentes por las decisiones que pudieron haber tomado en perjuicio de la población.

Cuestionar la iniciativa de realizar consultas es casi caer en la falacia de que el ciudadano común y corriente no cuenta con sentido común y sabiduría para reconocer sus necesidades y para presentar sus propias demandas. En este sentido, muchos mexicanos comparten la inquietud de que en sexenios pasados hubo atropellos a la voluntad del pueblo, decisiones unilaterales y delitos que no se persiguieron. A esto se le debe sumar que tradicionalmente la investidura presidencial se consideró incuestionable y que se pensaba que los presidentes y su círculo más cercano no debían ser tocados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comprendido que la iniciativa de consulta popular sobre juzgar las acciones y omisiones presidenciales no es solamente legal, sino también política. El caso del cargo público más alto y honroso en el país no podemos simplemente esperar a que se cuenten con las pruebas y los expedientes necesarios (los cuales, valga mencionar, se tendrán que llevar a cabo de manera cuidadosa y en apego a derecho), sino que también es viable que la voz de los ciudadanos se anticipe y se manifieste libre y públicamente.

Esto es algo en lo que otros países latinoamericanos ya han venido incursionando desde la década de los noventa con el término de las dictaduras militares y los procesos de justicia transicional, los cuales buscan que a las víctimas se les rindan cuentas y se les reconozca como tal.

En México el procedimiento camina hacia el fortalecimiento de la democracia directa. No solo se ha aprobado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las dos cámaras del Congreso de la Unión la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. También se podrá poner a consideración de la ciudadanía en el año 2022 la revocación del mandato del actual presidente y de todos los que sean electos de aquí para adelante. El Estado de Bienestar que construimos paso a paso, incluye el régimen de la democracia directa, la democracia del pueblo. Enhorabuena.

Durante buena parte del siglo XX, la democracia en México y la participación ciudadana en los asuntos públicos estuvieron limitadas, si no es que obstaculizadas, por la propia estructura del sistema político y la injerencia de un partido oficial. Para tener voz había que ser subordinado de los grandes poderes o integrarse a esta estructura jerárquica y rígida que exigía lealtad incondicional y silencio sobre ciertos temas. Esto afortunadamente fue cambiando con los años. En 1990, por ejemplo, nuestro sistema electoral sufrió una de sus modificaciones más sustanciales cuando el órgano que organizaba las elecciones dejó de pertenecer a la Secretaría de Gobernación y pasó a ser autónomo.

Sin embrago, a pesar de que se ha avanzado en el sentido correcto, en el país aún hay importantes obstáculos para ejercer una democracia directa y para involucrar mejor a los ciudadanos en la toma de decisiones. Uno de ellos es la desconfianza genérica hacia los gobiernos, la cual está cimentada en la poca efectividad de las instituciones al responder a las demandas y exigencias, así como en la impunidad que ha habido por mucho tiempo a la hora de investigar y castigar a los culpables de delitos. Un dato que ilustra la apatía a la que los pasados gobiernos llevaron a la población mexicana es el hecho de que, tan solo en el ámbito electoral, México todavía se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en cuanto a participación de los votantes en los comicios.

Desde su época de campaña, el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, anticipó que le interesaba someter temas relevantes a la opinión popular: hacer realidad el derecho estipulado en el artículo 35 de la Constitución, el cual señala que es derecho de la ciudadanía votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, el cual solo recientemente ha sido invocado con la propuesta formal de realizar consultas tales como la de llevar a juicio a expresidentes por las decisiones que pudieron haber tomado en perjuicio de la población.

Cuestionar la iniciativa de realizar consultas es casi caer en la falacia de que el ciudadano común y corriente no cuenta con sentido común y sabiduría para reconocer sus necesidades y para presentar sus propias demandas. En este sentido, muchos mexicanos comparten la inquietud de que en sexenios pasados hubo atropellos a la voluntad del pueblo, decisiones unilaterales y delitos que no se persiguieron. A esto se le debe sumar que tradicionalmente la investidura presidencial se consideró incuestionable y que se pensaba que los presidentes y su círculo más cercano no debían ser tocados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comprendido que la iniciativa de consulta popular sobre juzgar las acciones y omisiones presidenciales no es solamente legal, sino también política. El caso del cargo público más alto y honroso en el país no podemos simplemente esperar a que se cuenten con las pruebas y los expedientes necesarios (los cuales, valga mencionar, se tendrán que llevar a cabo de manera cuidadosa y en apego a derecho), sino que también es viable que la voz de los ciudadanos se anticipe y se manifieste libre y públicamente.

Esto es algo en lo que otros países latinoamericanos ya han venido incursionando desde la década de los noventa con el término de las dictaduras militares y los procesos de justicia transicional, los cuales buscan que a las víctimas se les rindan cuentas y se les reconozca como tal.

En México el procedimiento camina hacia el fortalecimiento de la democracia directa. No solo se ha aprobado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las dos cámaras del Congreso de la Unión la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. También se podrá poner a consideración de la ciudadanía en el año 2022 la revocación del mandato del actual presidente y de todos los que sean electos de aquí para adelante. El Estado de Bienestar que construimos paso a paso, incluye el régimen de la democracia directa, la democracia del pueblo. Enhorabuena.