/ lunes 2 de septiembre de 2019

Aumento del Transporte Público: “una Raya más al Tigre”.

Mientras Sinaloa se coloca en el número 26 a nivel nacional en la percepción del salario promedio anual de los trabajadores, el transporte público aumenta generando un duro golpe al 30% de la población usuaria de este medio de transporte.

En 2007, México fue sede de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes (DUDHE), inspirada en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales y regionales, como resultado de una serie de foros organizados por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, entre la sociedad civil internacional, donde se reconoció el derecho a la movilidad.

Este derecho consiste en que toda persona y la colectividad disponga de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.

El reconocimiento de la movilidad como un derecho humano se encuentra estrechamente ligado al derecho a la ciudad, el cual se define de acuerdo a la Carta Mundial de la Ciudad, como el uso y disfrute armónico entre municipios conurbados, bajo los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social, es decir que la población acceda a servicios públicos de transporte que permitan el traslado integral de las personas usuarias.

Es por ello, que el estado mexicano ha creado diferentes fondos federales para la atención de este derecho para la población, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las ciudades y con ello contribuir a solucionar el crónico deterioro de la movilidad urbana, apoyar el desarrollo integral de sistemas de transporte público sustentables, eficientes, seguros, cómodos y con tarifas accesibles que generen ahorros en costos de operación y tiempo de traslado a los usuarios, como lo es el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

Mediante estos apoyos federales los Estados de la República, participan en programas para la atención de dichos objetivos, como el Programa de Renovación de Unidades de Transporte Público Urbano en el que recientemente se anunció que el estado de Sinaloa ha invertido en 250 unidades de transporte con un costo de 469.6 millones de pesos, de los cuáles el gobierno de Quirino Ordaz ha aportado 46.9 millones de pesos. (Excelsior, 2019)

Sin embargo, aun y con apoyos federales para la renovación del transporte público y con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía, en la legislación local nos encontramos con el “famoso” Consejo Estatal de Vialidad y Transporte integrado por el gobierno estatal, federación de autotransportes en Sinaloa, Universidades y académicos del Estado, Cámaras de Comercio y colegio de arquitectos, entre otros, quienes toman la decisión de modificar y actualizar las tarifas del transporte público, sustentando su decisión en un estudio de impacto de costos que “justifican la medida”.

De acuerdo a la integración de este consejo técnico, quienes seguramente no usan el transporte público para trasladarse a su centro de trabajo todos los días, deciden sobre las tarifas del transporte público, justificando la medida a través de un estudio de impacto, mismo que no se ha dado a conocer a la ciudadanía y el cual toma como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, con un salario mínimo diario general aproximado de 102 pesos.

De acuerdo al Índice de Movilidad Ciudadana, donde se analizaron 20 ciudades del país, que comprenden 203 municipios, que concentran el 43% de la población nacional y 68% de la actividad económica urbana, en donde no se tomó en cuenta al estado de Sinaloa. Los primeros lugares de este Índice son el Valle de México, Saltillo y Guadalajara, quedando en los últimos Tampico-Panuco, Villahermosa y Acapulco.

Las principales fortalezas que sostienen el Índice de Movilidad para reconocer que el transporte público en estas tres ciudades es mejor frente al resto del país, toman en cuenta el ingreso de la ciudadanía, las horas de las jornadas laborales, la seguridad y la accesibilidad urbana. Datos importantes que de un análisis rápido en Sinaloa nos encontramos en el número 26 a nivel nacional respecto al salario que perciben las personas que es de 5 mil 346 pesos, lo que significa que diariamente reciben un sueldo mínimo aproximado $178.2 y solo para trasladarse a su centro de trabajo invierten el 12% del mismo, tomando en cuenta la reciente actualización de la tarifa de este servicio público.

Si hacemos una proyección rápida de las personas usuarias del transporte público donde al menos 693 mil estudiantes y 570 mil 341 trabajadores, de acuerdo a los datos oficiales de las instituciones gubernamentales, requieren trasladarse todos los días a centros educativos y laborales y solamente existen 250 vehículos de transporte público nuevos ¿En qué condiciones se trasladará el resto de la población? Y cuando tenga la fortuna de acceder al transporte público nuevo, se verá obligado a invertir 11 pesos de su salario y si es estudiante invierte aproximadamente el 26% de su beca Benito Juárez, únicamente para trasladarse a la preparatoria.

Esto quiere decir que en una familia integrada por dos adultos y dos menores estudiantes, percibiendo el salario mínimo diario más la beca de uno de los menores, se invierte aproximadamente el 15% de sus ingresos mensuales y lo demás para la adquisición de productos básicos y el pago de derechos de servicios públicos para su vivienda, esto si utiliza el nuevo transporte público, en un solo viaje completo diario.

Pero en caso de que utilice algunas de las otras 2 mil unidades de transporte público para asistir a su centro de trabajo o estudio, se encontrará expuesto a ser asaltado, ya que diariamente se registran entre 10 y 12 asaltos en dichas unidades, o bien se expone a que simplemente el chofer de la unidad ni si quiera se detenga para que Usted pueda subir al camión.

Y más aún, si estamos hablando de una joven adolescente o mujer adulta, una encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México, revela que el 54.4% de las usuarias se sienten muy inseguras e inseguras al usar el transporte público, ya que tienen temor de sufrir un ataque sexual en los transportes y espacios públicos en la capital del país.

Esto quiere decir, que además de los altos costos del transporte público, de un servicio público a veces inaccesible para las usuarias, estas se encuentran a expensas de los altos índices de violencia que suceden diariamente.

Es paradójico que solamente contemos con 250 unidades nuevas con la tecnología para la seguridad de las personas usuarias, destinadas para 5 de los 18 municipios, donde habitamos alrededor de 2 millones 966 mil 321 personas.

¿En qué momento en Sinaloa podremos vivir en una ciudad como la que describe la Carta Mundial de la Ciudad?

¿Cuándo realmente podremos acceder a este tipo de derechos que nos corresponde por el sólo hecho de ser residentes de este estado?

Y cuándo realmente esas “actualizaciones” colocarán en el centro a las personas y sus legítimas necesidades.


Mientras Sinaloa se coloca en el número 26 a nivel nacional en la percepción del salario promedio anual de los trabajadores, el transporte público aumenta generando un duro golpe al 30% de la población usuaria de este medio de transporte.

En 2007, México fue sede de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes (DUDHE), inspirada en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales y regionales, como resultado de una serie de foros organizados por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, entre la sociedad civil internacional, donde se reconoció el derecho a la movilidad.

Este derecho consiste en que toda persona y la colectividad disponga de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.

El reconocimiento de la movilidad como un derecho humano se encuentra estrechamente ligado al derecho a la ciudad, el cual se define de acuerdo a la Carta Mundial de la Ciudad, como el uso y disfrute armónico entre municipios conurbados, bajo los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social, es decir que la población acceda a servicios públicos de transporte que permitan el traslado integral de las personas usuarias.

Es por ello, que el estado mexicano ha creado diferentes fondos federales para la atención de este derecho para la población, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las ciudades y con ello contribuir a solucionar el crónico deterioro de la movilidad urbana, apoyar el desarrollo integral de sistemas de transporte público sustentables, eficientes, seguros, cómodos y con tarifas accesibles que generen ahorros en costos de operación y tiempo de traslado a los usuarios, como lo es el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

Mediante estos apoyos federales los Estados de la República, participan en programas para la atención de dichos objetivos, como el Programa de Renovación de Unidades de Transporte Público Urbano en el que recientemente se anunció que el estado de Sinaloa ha invertido en 250 unidades de transporte con un costo de 469.6 millones de pesos, de los cuáles el gobierno de Quirino Ordaz ha aportado 46.9 millones de pesos. (Excelsior, 2019)

Sin embargo, aun y con apoyos federales para la renovación del transporte público y con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía, en la legislación local nos encontramos con el “famoso” Consejo Estatal de Vialidad y Transporte integrado por el gobierno estatal, federación de autotransportes en Sinaloa, Universidades y académicos del Estado, Cámaras de Comercio y colegio de arquitectos, entre otros, quienes toman la decisión de modificar y actualizar las tarifas del transporte público, sustentando su decisión en un estudio de impacto de costos que “justifican la medida”.

De acuerdo a la integración de este consejo técnico, quienes seguramente no usan el transporte público para trasladarse a su centro de trabajo todos los días, deciden sobre las tarifas del transporte público, justificando la medida a través de un estudio de impacto, mismo que no se ha dado a conocer a la ciudadanía y el cual toma como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, con un salario mínimo diario general aproximado de 102 pesos.

De acuerdo al Índice de Movilidad Ciudadana, donde se analizaron 20 ciudades del país, que comprenden 203 municipios, que concentran el 43% de la población nacional y 68% de la actividad económica urbana, en donde no se tomó en cuenta al estado de Sinaloa. Los primeros lugares de este Índice son el Valle de México, Saltillo y Guadalajara, quedando en los últimos Tampico-Panuco, Villahermosa y Acapulco.

Las principales fortalezas que sostienen el Índice de Movilidad para reconocer que el transporte público en estas tres ciudades es mejor frente al resto del país, toman en cuenta el ingreso de la ciudadanía, las horas de las jornadas laborales, la seguridad y la accesibilidad urbana. Datos importantes que de un análisis rápido en Sinaloa nos encontramos en el número 26 a nivel nacional respecto al salario que perciben las personas que es de 5 mil 346 pesos, lo que significa que diariamente reciben un sueldo mínimo aproximado $178.2 y solo para trasladarse a su centro de trabajo invierten el 12% del mismo, tomando en cuenta la reciente actualización de la tarifa de este servicio público.

Si hacemos una proyección rápida de las personas usuarias del transporte público donde al menos 693 mil estudiantes y 570 mil 341 trabajadores, de acuerdo a los datos oficiales de las instituciones gubernamentales, requieren trasladarse todos los días a centros educativos y laborales y solamente existen 250 vehículos de transporte público nuevos ¿En qué condiciones se trasladará el resto de la población? Y cuando tenga la fortuna de acceder al transporte público nuevo, se verá obligado a invertir 11 pesos de su salario y si es estudiante invierte aproximadamente el 26% de su beca Benito Juárez, únicamente para trasladarse a la preparatoria.

Esto quiere decir que en una familia integrada por dos adultos y dos menores estudiantes, percibiendo el salario mínimo diario más la beca de uno de los menores, se invierte aproximadamente el 15% de sus ingresos mensuales y lo demás para la adquisición de productos básicos y el pago de derechos de servicios públicos para su vivienda, esto si utiliza el nuevo transporte público, en un solo viaje completo diario.

Pero en caso de que utilice algunas de las otras 2 mil unidades de transporte público para asistir a su centro de trabajo o estudio, se encontrará expuesto a ser asaltado, ya que diariamente se registran entre 10 y 12 asaltos en dichas unidades, o bien se expone a que simplemente el chofer de la unidad ni si quiera se detenga para que Usted pueda subir al camión.

Y más aún, si estamos hablando de una joven adolescente o mujer adulta, una encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México, revela que el 54.4% de las usuarias se sienten muy inseguras e inseguras al usar el transporte público, ya que tienen temor de sufrir un ataque sexual en los transportes y espacios públicos en la capital del país.

Esto quiere decir, que además de los altos costos del transporte público, de un servicio público a veces inaccesible para las usuarias, estas se encuentran a expensas de los altos índices de violencia que suceden diariamente.

Es paradójico que solamente contemos con 250 unidades nuevas con la tecnología para la seguridad de las personas usuarias, destinadas para 5 de los 18 municipios, donde habitamos alrededor de 2 millones 966 mil 321 personas.

¿En qué momento en Sinaloa podremos vivir en una ciudad como la que describe la Carta Mundial de la Ciudad?

¿Cuándo realmente podremos acceder a este tipo de derechos que nos corresponde por el sólo hecho de ser residentes de este estado?

Y cuándo realmente esas “actualizaciones” colocarán en el centro a las personas y sus legítimas necesidades.