Mientras en 1886 colaboraba en la fundación de la “English Historical Review”, el erudito y humanista inglés Lord Acton, ya en 1887, definía los probables efectos del poder sobre aquellos que lo ejercen, en un famoso aserto: ”el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”. Diez años antes, durante la Convención Constitucional americana de 1787, el delegado de más edad, Benjamín Franklin, participaba explicando que hay dos pasiones que tienen una poderosa influencia sobre los asuntos de los hombres: “éstas son la avaricia y la ambición; el amor al poder y el amor al dinero”, y uno de los delegados más jóvenes, Alexander Hamilton, por su parte coincidía, diciendo “los hombres aman el poder”, mientras el experimentado George Mason precisaba que: “Dada la naturaleza del hombre, podemos estar seguros de que aquellos que tienen el poder en sus manos… siempre… en cuanto puedan… lo acrecentarán”.
Actos de poder al margen de la Constitución y de las leyes es lo que hemos atestiguado últimamente y, que al relacionarlos, pintan un panorama sombrío sobre la democracia en nuestro país, en donde veremos, una vez más, si las débiles instituciones republicanas resisten el embate autoritario y lo contienen, señaladamente nuestra Suprema Corte de Justicia.
López Obrador acaba de emitir un acuerdo, inconstitucional a todas luces, cuya intención formal es declarar “de interés público y seguridad nacional” a los proyectos de infraestructura del gobierno en comunicaciones, telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, sectores hidrológicos, ambientales y turísticos, energía, entre otros) y ordenar que las licencias y permisos correspondientes se autoricen provisionalmente en un plazo no mayor de cinco días con vigencia de un año, “período en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”. La intención real del acuerdo, al que se le ha dado en llamar “el decretazo”, es la de evitar el escrutinio y vigilancia públicos de los procesos de licitación sobre todo de las obras emblemáticas y faraónicas del capricho del presidente, evitar que se interpongan los molestos amparos de quienes vieran afectados sus derechos, con la justificación de la seguridad nacional para negar y clasificar información respecto a ellas. Más opacidad y menor transparencia en el ejercicio del gobierno, son la clave para la corrupción, no se respeta con el acuerdo la protección de los derechos humanos, la transparencia y el acceso a la información.
Luego, el General secretario Luis Cresencio Sandoval, en el aniversario de la Revolución, en un mensaje inquietante, dijo –incumpliendo el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en donde queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse directa o indirectamente en asuntos políticos- que era necesario –sí, necesario- “estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha …Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones: el bien de la patria”. Esta identificación política e ideológica del alto mando militar con el gobierno, no solo es impropia sino que atenta contra la institucionalidad que las fuerzas armadas deben guardar celosamente en un Estado democrático.
La opacidad que ahora quiere tender López Obrador sobre las obras públicas federales, se da cuando se conoce que de 966 contratos de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, siete de cada diez de esos contratos fueron otorgados por adjudicación directa, el 30% restante se resolvió a partir de invitaciones, en cada caso a tres empresas y ninguno de esos casi mil contratos fue asignado por licitación pública. De 432 empresas que fueron beneficiadas con esos contratos, sólo 28 están inscritas en el registro de proveedores del gobierno federal y únicamente 10% son proveedores de la Sedena. La cuarta parte de los 966 contratos beneficia a personas físicas.
“Cuando los militares se meten en política partidista la democracia peligra”, escribió José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Right Watch para las Américas. Ya decía el eminente politólogo Robert A. Dahl* que “la amenaza interna para la democracia que quizás sea más peligrosa proviene de los líderes que tienen acceso a los principales medios de la coacción física: el ejército y la policía”, toda vez que los controles civiles se relajan o se difuminan.
Si los ciudadanos no conocemos ni entendemos lo que hace el gobierno, no podemos someter a responsabilidad a los funcionarios públicos
Las instituciones políticas que requiere una democracia a gran escala, apunta Robert A. Dahl, son fundamentalmente seis: cargos públicos electos; elecciones libres, imparciales y frecuentes; libertad de expresión; fuentes alternativas de información; autonomía de las asociaciones y una ciudadanía inclusiva. De estas, las fuentes de información alternativas e independientes del gobierno conviene hablar aquí, ya que –siguiendo a Dahl- ¿Cómo es posible que los ciudadanos adquieran la información que precisan para comprender los diferentes asuntos si el gobierno controla todas las fuentes importantes de información; o, lo que es lo mismo, si un único grupo goza de un monopolio informativo?
Pasar sistemáticamente sobre la Constitución no solo debilita a las instituciones, sino que ataca directamente a los fundamentos democráticos de la República. Es necesaria la defensa de la Constitución.
*Robert A. Dahl, La democracia. Una guía para los ciudadanos, ed. Taurus, México, 1999.
