/ martes 1 de febrero de 2022

2022, año clave para la paz y la seguridad

“Si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia, no vamos a ser recordados como buenos gobernantes”.

—Andrés Manuel López Obrador.

Ante el inicio de los trabajos legislativos del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV legislatura del Senado de la República, es sumamente alentador reafirmar que la estrategia nacional de seguridad y protección ciudadana del Gobierno federal continúa implementándose con buenos resultados, a lo largo de los primeros tres años, a pesar de la herencia trágica de connivencia de los gobiernos anteriores con el crimen organizado. Sabemos que se trata de una de las áreas más complejas de la política pública actual, pues remontar los saldos de dicha herencia llevará mucho más que un sexenio.

Especialmente, escuchar e intercambiar opiniones y propuestas con Rosa Isela Rodríguez, la primera mujer que en la historia es secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y primera coordinadora del Gabinete de Seguridad en México, nos da la certeza de que la coordinación entre las diversas áreas que tienen la obligación de darnos seguridad, el incremento de la inversión pública en la materia, el fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones policiales y el combate a la corrupción y la impunidad, van a dar como resultado la recuperación de las capacidades del Estado en materia de seguridad pública.

La instalación y funcionamiento permanente de 32 mesas estatales de paz y 266 regionales, integradas por primera vez, con el concurso de los titulares de los tres planos de gobierno, las fiscalías, las instituciones de seguridad de todos los niveles y, recientemente, la incorporación de representantes de los institutos de las mujeres y/o secretarías de las mujeres de los gabinetes de los gobiernos, también de los tres planos, es una excelente noticia.

Igualmente el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que ya rebasa los cien mil elementos, convirtiéndose en la corporación de seguridad pública más grande en toda la historia. El control que han tomado de las aduanas marítimas y terrestres, las secretarías de Marina y de Defensa Nacional, respectivamente, para evitar el tráfico de armas, drogas y personas; así como combatir la corrupción y la impunidad, ha dado excelentes resultados a la seguridad y a las arcas públicas.

Aunque no podemos cantar victoria en la disminución de los delitos, es necesario reconocer que tanto el secuestro, robos de vehículo, a negocios, casa habitación, transporte, ganado e hidrocarburos, e incluso, homicidio doloso, ha sido ya consistente. Igual el caso de las detenciones de delincuentes de diversos cárteles del crimen organizado que ya suman 2700 resulta sumamente relevante para recuperar los entornos donde se han concentrado los objetivos criminales generadores de violencia.

Finalmente, el aseguramiento y bloqueos de 36 000 cuentas bancarias vinculadas con el crimen organizado que han acumulado 13 000 millones de pesos y el aseguramiento creciente de fentanilo que ya es más del 600% de lo que se aseguró en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, echan por tierra también esa idea que se ha circulado de que la estrategia de “abrazos, no balazos” tiene con los brazos cruzados al actual gobierno.

Estamos seguros que este año 2022 será un año clave para pacificar el país y garantizar la seguridad y la protección de la ciudadanía. Así lo indican las acciones que se tienen previstas para pacificar las zonas donde aún persiste la violencia; la capacitación y equipamiento al cien por ciento de las policías municipales y estales; el mejoramiento de los centros penitenciarios estatales, el fortalecimiento de la política de prevención y atención del uso de drogas, el mejoramiento de los procesos judiciales de los delitos cibernéticos y, por supuesto, la atención de la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades.

Desde la cancha del Senado de la República discutiremos y aprobaremos las reformas propuestas en todos estos aspectos para contribuir, como ya se ha hecho, a darle certeza a la esperanza de la ciudadanía que ha optado por la transformación. Por eso vamos a ampliar las penas contra el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y castigar la venta de videojuegos que hacen apología de la violencia y el delito; vamos a crear nuevas herramientas legales que faciliten las investigaciones que se realizan desde la Policía Cibernética, sobre todo con la intención de que se castiguen las conductas delictivas que tanto daño han causado a la niñez y adolescencia mexicana. La pacificación de México pasa por generar un ambiente seguro y saludable para nuestros niños, niñas y adolescentes.

En general, la agenda legislativa incluye autorizar que los recursos congelados en cuentas bancarias se destinen al equipamiento de los cuerpos policiacos de municipios y estados; regresar a los ejecutivos estatales y federal la facultad de decidir el traslado de reos, así como generar condiciones para que los gobiernos de los estados destinen una parte de su presupuesto para el consumo y compra de los productos elaborados en los penales.

Aprovechando la experiencia exitosa de la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), se analizará y aprobará —en su caso— una Comisión Nacional Antihomicidio (Conaho), con el fin de acelerar la estrategia de disminución de homicidios en el país, sobre todo la que se implementa en los cincuenta municipios donde se concentra este delito. Y, por supuesto, coronar todas estas reformas con la constitucional para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.

Asumir estos retos en 2022 es avanzar en la recuperación del terreno perdido por el Estado mexicano frente a los poderes fácticos del crimen y su asociación con factores del mismo Estado. Es cumplir el compromiso de garantizar la seguridad y la paz que tanto anhela el pueblo de México, ello, junto a la atención a la salud y el bienestar social.

“Si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia, no vamos a ser recordados como buenos gobernantes”.

—Andrés Manuel López Obrador.

Ante el inicio de los trabajos legislativos del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV legislatura del Senado de la República, es sumamente alentador reafirmar que la estrategia nacional de seguridad y protección ciudadana del Gobierno federal continúa implementándose con buenos resultados, a lo largo de los primeros tres años, a pesar de la herencia trágica de connivencia de los gobiernos anteriores con el crimen organizado. Sabemos que se trata de una de las áreas más complejas de la política pública actual, pues remontar los saldos de dicha herencia llevará mucho más que un sexenio.

Especialmente, escuchar e intercambiar opiniones y propuestas con Rosa Isela Rodríguez, la primera mujer que en la historia es secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y primera coordinadora del Gabinete de Seguridad en México, nos da la certeza de que la coordinación entre las diversas áreas que tienen la obligación de darnos seguridad, el incremento de la inversión pública en la materia, el fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones policiales y el combate a la corrupción y la impunidad, van a dar como resultado la recuperación de las capacidades del Estado en materia de seguridad pública.

La instalación y funcionamiento permanente de 32 mesas estatales de paz y 266 regionales, integradas por primera vez, con el concurso de los titulares de los tres planos de gobierno, las fiscalías, las instituciones de seguridad de todos los niveles y, recientemente, la incorporación de representantes de los institutos de las mujeres y/o secretarías de las mujeres de los gabinetes de los gobiernos, también de los tres planos, es una excelente noticia.

Igualmente el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que ya rebasa los cien mil elementos, convirtiéndose en la corporación de seguridad pública más grande en toda la historia. El control que han tomado de las aduanas marítimas y terrestres, las secretarías de Marina y de Defensa Nacional, respectivamente, para evitar el tráfico de armas, drogas y personas; así como combatir la corrupción y la impunidad, ha dado excelentes resultados a la seguridad y a las arcas públicas.

Aunque no podemos cantar victoria en la disminución de los delitos, es necesario reconocer que tanto el secuestro, robos de vehículo, a negocios, casa habitación, transporte, ganado e hidrocarburos, e incluso, homicidio doloso, ha sido ya consistente. Igual el caso de las detenciones de delincuentes de diversos cárteles del crimen organizado que ya suman 2700 resulta sumamente relevante para recuperar los entornos donde se han concentrado los objetivos criminales generadores de violencia.

Finalmente, el aseguramiento y bloqueos de 36 000 cuentas bancarias vinculadas con el crimen organizado que han acumulado 13 000 millones de pesos y el aseguramiento creciente de fentanilo que ya es más del 600% de lo que se aseguró en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, echan por tierra también esa idea que se ha circulado de que la estrategia de “abrazos, no balazos” tiene con los brazos cruzados al actual gobierno.

Estamos seguros que este año 2022 será un año clave para pacificar el país y garantizar la seguridad y la protección de la ciudadanía. Así lo indican las acciones que se tienen previstas para pacificar las zonas donde aún persiste la violencia; la capacitación y equipamiento al cien por ciento de las policías municipales y estales; el mejoramiento de los centros penitenciarios estatales, el fortalecimiento de la política de prevención y atención del uso de drogas, el mejoramiento de los procesos judiciales de los delitos cibernéticos y, por supuesto, la atención de la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades.

Desde la cancha del Senado de la República discutiremos y aprobaremos las reformas propuestas en todos estos aspectos para contribuir, como ya se ha hecho, a darle certeza a la esperanza de la ciudadanía que ha optado por la transformación. Por eso vamos a ampliar las penas contra el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y castigar la venta de videojuegos que hacen apología de la violencia y el delito; vamos a crear nuevas herramientas legales que faciliten las investigaciones que se realizan desde la Policía Cibernética, sobre todo con la intención de que se castiguen las conductas delictivas que tanto daño han causado a la niñez y adolescencia mexicana. La pacificación de México pasa por generar un ambiente seguro y saludable para nuestros niños, niñas y adolescentes.

En general, la agenda legislativa incluye autorizar que los recursos congelados en cuentas bancarias se destinen al equipamiento de los cuerpos policiacos de municipios y estados; regresar a los ejecutivos estatales y federal la facultad de decidir el traslado de reos, así como generar condiciones para que los gobiernos de los estados destinen una parte de su presupuesto para el consumo y compra de los productos elaborados en los penales.

Aprovechando la experiencia exitosa de la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), se analizará y aprobará —en su caso— una Comisión Nacional Antihomicidio (Conaho), con el fin de acelerar la estrategia de disminución de homicidios en el país, sobre todo la que se implementa en los cincuenta municipios donde se concentra este delito. Y, por supuesto, coronar todas estas reformas con la constitucional para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.

Asumir estos retos en 2022 es avanzar en la recuperación del terreno perdido por el Estado mexicano frente a los poderes fácticos del crimen y su asociación con factores del mismo Estado. Es cumplir el compromiso de garantizar la seguridad y la paz que tanto anhela el pueblo de México, ello, junto a la atención a la salud y el bienestar social.