La revocación de mandato, junto a la consulta popular, el referéndum, el presupuesto participativo, es uno de los instrumentos de participación ciudadana más usados en las actuales democracias. Todos estos son mecanismos que robustecen los sistemas políticos al complementarse con la democracia indirecta, sustentada en las elecciones para nombrar gobernantes y representantes populares.
Las reformas e implementaciones políticas en esta materia se multiplicaron desde la década de los noventa en el mundo. Brasil fue uno de los países pioneros en impulsar políticas de presupuesto participativo, lo que fue secundado por los países europeos. Los llamados “dispositivos participativos” han proliferado en los municipios, cantones y ciudades de todo el mundo, bajo diversas corrientes ideológicas.
Entre los países latinoamericanos que cuentan con disposiciones constitucionales en materia de revocación de mandato se encuentran Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela. Entre los estados de la Unión Americana que cuentan con revocación de mandato se encuentran Alaska, Kansas, New Jersey, Arizona, Louisiana, North Dakota, California, Michigan, Oregon, Colorado, Minnesota, Rhode Island, Georgia, Montana, Washington, Idaho, Nevada y Wisconsin.
En México, desde su nacimiento como república, podemos encontrar el gen de la democracia participativa, pues la figura de revocación de mandato se ha considerado desde el siglo XIX, siendo la Constitución de 1836 el primer marco jurídico que la introduce. A principios del siglo XX y con la conclusión de la Revolución Mexicana, esta figura comenzó a ser incorporada en las constituciones estatales. Es en la década de los noventa, cuando se empiezan a introducir figuras como las contralorías sociales y con el paso de los años algunos municipios del país han promovido los llamados “cabildos abiertos”, para recoger la opinión de la población sobre políticas públicas. El mecanismo de presupuesto participativo está presente en México, en varios estados del país. La Ciudad de México es la entidad pionera pues desde hace diez años se implementa exitosamente.
La lucha por instalar la participación ciudadana en nuestra regularidad democrática no ha sido fácil. Tiene décadas en las agendas legislativas de la izquierda mexicana y en las movilizaciones en las calles. El actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los grandes impulsores. Su lucha por la democracia y el bienestar en México no se entendería sin su convicción e impulso a la participación directa del pueblo en su destino. Recordemos la propuesta de consulta popular en octubre de 2013 sobre la reforma energética de Enrique Peña Nieto, donde logró recoger más de medio millón de firmas por todo el país, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó que se hiciera dicha consulta.
En la etapa de transición, ya como presidente electo, impulsó consultas para tomar la opinión de la gente sobre los programas sociales que pensaba implementar, y una primera gran experiencia nacional, como sabemos, fue la consulta sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en la cual participaron 946 081 personas; este dato ya hablaba del interés de la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales.
Por ello, a propuesta del presidente, el Congreso de la Unión aprueba reformas constitucionales y secundarias, además de emitir dos leyes federales, la de Revocación de Mandato y la de Consulta Popular, para darle, por fin, carta de naturalización a estos mecanismos de participación ciudadana en México. El anterior marco jurídico estaba constituido, sin duda, para hacer inviable, en los hechos, la participación de la ciudadanía.
Bajo este nuevo marco jurídico es que se da la consulta del primero de agosto de 2021, que pretendía juzgar a expresidentes sobre crímenes de Estado, logrando el 7.11% de participación ciudadana, equivalente a 6 millones 663 208 opiniones, con un 90% a favor de juzgarlos. En Sinaloa hubo una participación de 5.13%, equivalente a 115 997 opiniones, con un 98.5 a favor de juzgarlos.
En el caso de la consulta sobre Revocación de Mandato realizada este pasado 10 de abril, como sabemos, hay una participación ciudadana del 17.77%, equivalente a 16 millones 501 137 opiniones, con 91.86% a favor de que no se le revoque el mandato al presidente. En Sinaloa hubo una participación ciudadana del 19.21%, equivalente a 429 200 opiniones, con un 95.61% en favor de que siga en la presidencia. Este ejercicio democrático coloca a Sinaloa, por encima de la media nacional en participación ciudadana y en el tercer estado en aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de Tabasco y Guerrero.
Como vemos, la democracia participativa en México va en ascenso. Este domingo 10 de abril, la revocación de mandato llegó para quedarse. Sin duda, ya tenemos consolidada esta herramienta para cuando queramos que se vaya un presidente de la República que no gobierne en beneficio del pueblo.
Por supuesto que hay que evaluar la experiencia para hacer las adecuaciones necesarias que mejoren el instrumento. Debemos retomar temas como el porcentaje para que sea vinculante, debe bajar, por lo menos al 30%; que la consulta se haga el mismo día de la elección intermedia, entre otras reformas obligadas.
Por cierto, vale recordar que el actual marco en estos dos temas fue una concesión a la oposición para que apoyaran las reformas. Hoy queda claro que debe haber modificaciones, que impidan que se vulnere el derecho ciudadano de acceso equitativo a las casillas electorales, ya vimos cómo hubo millones de ciudadanos que tuvieron que recorrer kilómetros para ejercer su derecho y, seguramente, el motivo de no alcanzar una mayor participación se debe a esta restricción de derechos por parte de las autoridades electorales. Habrá mucho que reflexionar en estos próximos días; estimulemos el debate y provoquemos nuevas reformas.
Finalmente, impulsemos la coexistencia de la democracia directa y la indirecta para construir una interesante democracia de pesos y contrapesos. Ante el desgaste de las elecciones, los partidos políticos, los gobiernos, los congresos y las autoridades electorales, es la democracia desde abajo, a partir de las consultas populares y el uso del mecanismo de revocación de mandato, lo que provocará cambios en el sistema electoral, en beneficio de los pueblos.
La incidencia directa de los ciudadanos en la toma de decisiones de gobernantes y legisladores fortalece el sistema de representación política. Se avecina una profunda reforma política electoral en nuestro país, seamos parte de esta nueva historia.
