/ martes 23 de febrero de 2021

A quién protege las órdenes de protección

El día más violento para las mujeres en 2021, se registró al día siguiente de la celebración del patrono de San Valentín: 3 incidentes de feminicidios ocurrieron el 15 de febrero de este año.

La mañana del lunes 15 de febrero, María Candelaria abordaba el camión urbano ruta Buenos Aires – Centro, detrás de ella la seguía su “pareja”, la misma que al paso de unos segundos de arribar a la unidad de transporte público, comenzó a agredir con un cuchillo de cocina a la mujer de 33 años, quien aclamaba auxilio durante varios minutos y fue agredida por el presunto responsable José Francisco de 36 años, de acuerdo con un video grabado por la cámara de vigilancia del transporte público.

La misma tarde de ese terrible día, a las 16:30 horas fue encontrado un cadáver de una mujer en el campo pesquero “Las Puentes” en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato. Treinta minutos después se reportó a través del 911 el asesinato de María del Carmen de 57 años en un fraccionamiento al norte de la ciudad de Culiacán, el presunto agresor era su hijo David de 30 años.

242 incidentes de violencia atentaron contra la vida de la ciudadanía en el país en el mes de enero, los cuales fueron registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y categorizados como homicidios, feminicidios, lesiones y otros delitos.

Los estados con mayores índices de registros categorizados como feminicidios son el Estado de México, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz; Sinaloa hasta el mes de enero registró 4, al igual que Sonora, en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El mismo número de carpetas de investigación por feminicidios que registró la Fiscalía General del Estado de Sinaloa hasta el 31 de enero del presente año.

Esa misma semana que comenzó con tres hechos violentos para las mujeres en Sinaloa, en el estado de Guerrero, se daba a conocer la postulación del Senador Félix Salgado Macedonio, quien de acuerdo con notas periodísticas se tiene registro de denuncias de mujeres en el estado de Guerrero por abuso sexual y violaciones, por lo que a través de redes sociales algunas mujeres realizaron publicaciones con los hashtag: “#UnVioladorNoSeráGobernador” “#NingúnAgresorEnElPoder”.

Ante dichos acontecimientos políticos la Secretaria de Gobernación comentó: “el respeto irrestricto del derecho de las mujeres a vivir sin violencia es condición necesaria para un representante popular”.

Este mismo mes de febrero la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dichas modificaciones a la legislación prevén las figuras jurídicas de violencia mediática y simbólica, las cuales cito textualmente:

“Violencia simbólica. Es la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad.”

“Violencia mediática: Es la exposición a través de cualquier medio de comunicación de contenidos que de manera directa o indirecta promueven estereotipos de género, así como la humillación, explotación, degradación, desigualdad, discriminación, o cualquier forma de violencia contra las mujeres.”

En el mes de enero, en esta ley también se publicaron reformas en el Diario Oficial de la Federación, entre ellas al artículo 31, donde se establece que “Corresponderá a las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, otorgar y preventivas de las órdenes emergentes la presente ley…”

María Candelaria, solicitó una orden de protección, meses previos a los acontecimientos recientemente registrados, para que se le asistiera con seguridad frente a su pareja (quien la apuñaló) en el video público que circula por redes sociales, se identifica que fácilmente el agresor aborda el camión urbano, como sí el traslado lo realizaran juntos; la orden de protección se había emitido meses antes de que se realizaran estos hechos, sin embargo, dichas órdenes que se emiten en este caso por la Fiscalía General del Estado, solamente es por días determinados y una vez que concluye el plazo, vence la protección (si es que la realizó la policía municipal), excepto si se solicitan reiterativamente.

Este incidente quedo registrado por que María se trasladaba en un camión urbano que tenía cámara de vigilancia, de los cuáles en el estado solamente existen 300 unidades de transporte público que tienen este mecanismo, para más de 130 rutas que circulan en Sinaloa ¡Nunca es suficiente!

Las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por un lado, preparan la cancha para las mujeres que participarán en las campañas electorales y se evite asignar recursos públicos a los concursos de bellezas y también determinan la obligación de las autoridades para emitir órdenes emergentes en el ámbito federal y estatal.

El video donde se agrede a María Candelaria demuestra que un agresor se acerca a su victima hasta en un transporte público, entonces: ¿Un papel protege a las mujeres o ampara a las autoridades? ¿¡Dónde estaban las autoridades ejecutoras de la orden de protección (si la orden estaba vigente)!?

El anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal 2021, destina más de 128 mil millones de pesos para la igualdad entre mujeres y hombres en el país de los cuáles únicamente asigna 3.5 millones de pesos para que la Secretaria de Seguridad Pública implemente las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación.

En Sinaloa, el Presupuesto de Egresos para este año, destina 913,336,753 de pesos para mujeres e igualdad de género, de los cuales asigna 4.5 millones de pesos para la Secretaria de Seguridad Pública, cuyo destino final es el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado.

El fortalecimiento del personal de seguridad pública, no solamente pueden ser las reformas que en los curules del personal legislativo se aprueben, se publiquen en los medios oficiales para que surtan efectos jurídicos; si no también con presupuesto que garantice esa seguridad para las mujeres, de lo contrario: del papel a la ejecución, se vulnera el derecho más preciado para todos: LA VIDA.

A las autoridades preventivas, se les asigna presupuesto para que conmemoren cada 8 de marzo el “Día Internacional de la Mujer”, a las autoridades que persiguen e investigan los hechos se les asignan oficinas para ello y a quienes juzgan los hechos, tienen la mejor infraestructura para realizarlo, pero quienes deben ejecutar una orden de protección y garantizar la seguridad de las mujeres, se les otorga menos del 3% del presupuesto público en el anexo de igualdad ¡Absurdo!

El día más violento para las mujeres en 2021, se registró al día siguiente de la celebración del patrono de San Valentín: 3 incidentes de feminicidios ocurrieron el 15 de febrero de este año.

La mañana del lunes 15 de febrero, María Candelaria abordaba el camión urbano ruta Buenos Aires – Centro, detrás de ella la seguía su “pareja”, la misma que al paso de unos segundos de arribar a la unidad de transporte público, comenzó a agredir con un cuchillo de cocina a la mujer de 33 años, quien aclamaba auxilio durante varios minutos y fue agredida por el presunto responsable José Francisco de 36 años, de acuerdo con un video grabado por la cámara de vigilancia del transporte público.

La misma tarde de ese terrible día, a las 16:30 horas fue encontrado un cadáver de una mujer en el campo pesquero “Las Puentes” en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato. Treinta minutos después se reportó a través del 911 el asesinato de María del Carmen de 57 años en un fraccionamiento al norte de la ciudad de Culiacán, el presunto agresor era su hijo David de 30 años.

242 incidentes de violencia atentaron contra la vida de la ciudadanía en el país en el mes de enero, los cuales fueron registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y categorizados como homicidios, feminicidios, lesiones y otros delitos.

Los estados con mayores índices de registros categorizados como feminicidios son el Estado de México, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz; Sinaloa hasta el mes de enero registró 4, al igual que Sonora, en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El mismo número de carpetas de investigación por feminicidios que registró la Fiscalía General del Estado de Sinaloa hasta el 31 de enero del presente año.

Esa misma semana que comenzó con tres hechos violentos para las mujeres en Sinaloa, en el estado de Guerrero, se daba a conocer la postulación del Senador Félix Salgado Macedonio, quien de acuerdo con notas periodísticas se tiene registro de denuncias de mujeres en el estado de Guerrero por abuso sexual y violaciones, por lo que a través de redes sociales algunas mujeres realizaron publicaciones con los hashtag: “#UnVioladorNoSeráGobernador” “#NingúnAgresorEnElPoder”.

Ante dichos acontecimientos políticos la Secretaria de Gobernación comentó: “el respeto irrestricto del derecho de las mujeres a vivir sin violencia es condición necesaria para un representante popular”.

Este mismo mes de febrero la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dichas modificaciones a la legislación prevén las figuras jurídicas de violencia mediática y simbólica, las cuales cito textualmente:

“Violencia simbólica. Es la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad.”

“Violencia mediática: Es la exposición a través de cualquier medio de comunicación de contenidos que de manera directa o indirecta promueven estereotipos de género, así como la humillación, explotación, degradación, desigualdad, discriminación, o cualquier forma de violencia contra las mujeres.”

En el mes de enero, en esta ley también se publicaron reformas en el Diario Oficial de la Federación, entre ellas al artículo 31, donde se establece que “Corresponderá a las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, otorgar y preventivas de las órdenes emergentes la presente ley…”

María Candelaria, solicitó una orden de protección, meses previos a los acontecimientos recientemente registrados, para que se le asistiera con seguridad frente a su pareja (quien la apuñaló) en el video público que circula por redes sociales, se identifica que fácilmente el agresor aborda el camión urbano, como sí el traslado lo realizaran juntos; la orden de protección se había emitido meses antes de que se realizaran estos hechos, sin embargo, dichas órdenes que se emiten en este caso por la Fiscalía General del Estado, solamente es por días determinados y una vez que concluye el plazo, vence la protección (si es que la realizó la policía municipal), excepto si se solicitan reiterativamente.

Este incidente quedo registrado por que María se trasladaba en un camión urbano que tenía cámara de vigilancia, de los cuáles en el estado solamente existen 300 unidades de transporte público que tienen este mecanismo, para más de 130 rutas que circulan en Sinaloa ¡Nunca es suficiente!

Las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por un lado, preparan la cancha para las mujeres que participarán en las campañas electorales y se evite asignar recursos públicos a los concursos de bellezas y también determinan la obligación de las autoridades para emitir órdenes emergentes en el ámbito federal y estatal.

El video donde se agrede a María Candelaria demuestra que un agresor se acerca a su victima hasta en un transporte público, entonces: ¿Un papel protege a las mujeres o ampara a las autoridades? ¿¡Dónde estaban las autoridades ejecutoras de la orden de protección (si la orden estaba vigente)!?

El anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal 2021, destina más de 128 mil millones de pesos para la igualdad entre mujeres y hombres en el país de los cuáles únicamente asigna 3.5 millones de pesos para que la Secretaria de Seguridad Pública implemente las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación.

En Sinaloa, el Presupuesto de Egresos para este año, destina 913,336,753 de pesos para mujeres e igualdad de género, de los cuales asigna 4.5 millones de pesos para la Secretaria de Seguridad Pública, cuyo destino final es el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado.

El fortalecimiento del personal de seguridad pública, no solamente pueden ser las reformas que en los curules del personal legislativo se aprueben, se publiquen en los medios oficiales para que surtan efectos jurídicos; si no también con presupuesto que garantice esa seguridad para las mujeres, de lo contrario: del papel a la ejecución, se vulnera el derecho más preciado para todos: LA VIDA.

A las autoridades preventivas, se les asigna presupuesto para que conmemoren cada 8 de marzo el “Día Internacional de la Mujer”, a las autoridades que persiguen e investigan los hechos se les asignan oficinas para ello y a quienes juzgan los hechos, tienen la mejor infraestructura para realizarlo, pero quienes deben ejecutar una orden de protección y garantizar la seguridad de las mujeres, se les otorga menos del 3% del presupuesto público en el anexo de igualdad ¡Absurdo!